Crece el desbarajuste en el PSOE por la oposición de diversos presidentes autonómicos al criterio del Gobierno de no bajar impuestos. La Moncloa no consigue controlar la política fiscal de las autonomías socialistas, ni cuando choca con la del ejecutivo de Pedro Sánchez. A la decisión de rebaja fiscal anunciada por el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ahora se ha añadido la del también socialista Javier Lambán, presidente de Aragón. Lambán ha anunciado que los partidos que conforman al cuadripartido aragonés, el PSOE, Podemos, CHA y PAR, han llegado este miércoles a un acuerdo para rebajar el tramo autonómico del IRPF para rentas de hasta 50.000 euros.
Esta actualización beneficiaría a 720.000 contribuyentes aragoneses, el 99% del total, a los que se aplicará un tipo en la media "de lo que se nos planteó por parte de los grupos de la derecha a la oposición". La concreción se anunciará próximamente. La medida tendrá efectos desde el 1 de enero del 2022. Lambán ha remarcado que es una reforma "importante" y ha aclarado que si bien beneficiará las rentas de hasta 50.000 euros, también tendrá repercusiones graduales y descendentes hasta el tramo octavo, es decir, hasta los 90.000 euros, para no penalizar las declaraciones conjuntas. La reforma contempla otras medidas, como ampliar las deducciones en donaciones a favor del cónyuge y los hijos, incluso para la compra de vivienda habitual, y más recaudación por fiscalidad ambiental y reducciones para facilitar las apuestas emprendedoras y la iniciativa empresarial.
La medida será efectiva a partir del 1 de enero del 2022 y se añade al impacto de las medidas aprobadas por el Ministerio de Hacienda en la última reforma, que tendrán efecto en las retenciones de las nóminas desde el 1 de enero de 2023, que aunque son medidas estatales serán sufragadas hasta la mitad por las comunidades autónomas.
La reforma fiscal de Ximo Puig
La reforma de Ximo Puig rebajará los tramos autonómicos del IRPF a las rentas de menos de 60.000 euros, es decir, a más del 90% de la población. Además, ha aumentado un 10% la cantidad exenta de tributación. Es lo máximo que permite la norma, detalló Puig, aunque "los que superen los 60.000 euros de ingresos mantendrán el esfuerzo fiscal".
En el mes de septiembre, las comunidades del PP anunciaron reformas y empezaron esta política fiscal, coincidiendo con el alza de la inflación en torno al 10%. Empezaron Andalucía y Madrid y se añadió rápidamente Galicia. Mientras tanto, los gobiernos socialistas de Navarra, Castilla-La Mancha y las Canarias también analizan implantar estas medidas de rebaja fiscal.
Por su parte, el gobierno de Pere Aragonès se niega a cualquier rebaja fiscal, pero Junts lo propone en la incipiente negociación de los presupuestos.