El final de las vacaciones de agosto significa también el inicio del nuevo curso político. Y, con ello, el retorno a la actividad del independentismo. Un independentismo que se encontrará con un mes caliente, marcado especialmente por dos jornadas cruciales, como son la primera Diada Nacional de Catalunya en plena normalidad desde la pandemia y el quinto aniversario del referéndum del 1 de octubre de 2017. Pero no tan solo eso, porque también habrá que sumar a todo ello los enfrentamientos entre las fuerzas políticas por la suspensión como presidenta del Parlament de Laura Borràs; las consecuencias del informe del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que confirma que el Estado español violó los derechos de Oriol Junqueras, Raül Romera, Jordi Turull y Josep Rull; el debate de política general que tiene que protagonizar el Parlament la última semana de septiembre, interrumpido por el juicio a la cupaire Eulàlia Reguant después de haberse negado a responder a Vox durante el juicio al procés; y las conclusiones de la auditoría de Junts al acuerdo de gobierno con ERC.
El informe de la ONU une Esquerra y Junts...
Este miércoles, el último día de agosto, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sentenciaba que el Estado español "violó el derecho político" de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull. Los cuatro líderes independentistas fueron suspendidos de su cargo como diputados en el Parlament por su papel durante octubre de 2017 antes de recibir una condena firme dos años después. Con el informe de la ONU en la mano, ERC y Junts mostraron una inusual unidad en su respuesta, con reacciones contundentes de diversos de sus representantes y también un comunicado conjunto en el que se constataba que "la represión política del independentismo catalán por parte del Estado español ha vulnerado gravemente los derechos humanos, en este caso, derechos políticos esenciales en una democracia".
La réplica de ambos partidos no se limitaba solo a cuatro palabras. Este viernes, los principales afectados ofrecían una rueda de prensa simultánea en Barcelona y en Ginebra, localidad suiza donde se encuentra la sede del Comité de Derechos Humanos. En la capital catalana, los exconsellers Raül Romeva (de ERC) y Josep Rull (Junts) aparecían conjuntamente para cargar contra el Estado y el "fallo sistémico" de su ordenamiento jurídico, político y democrático. Añadían, también, que no tenían mucha confianza que el gobierno central responda a este revés, pero sí que mostraban optimismo con que la sentencia de la ONU sirviera de "munición" para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
...y Laura Borràs los divide
La consonancia mostrada por los dos socios del Govern en la respuesta al dictamen de las Naciones Unidas, sin embargo, era tan sólo un espejismo. Después de un final de curso político marcado por la suspensión de Laura Borràs como presidenta del Parlament el 28 de julio, el mes de agosto mantenía esta cuestión en la primera página de actualidad. Mientras que ERC, con la ayuda también del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, presionaba para que Borràs diera un paso al lado y acabara con la interinidad de la cámara nombrando a una sustituta, tanto ella como el también líder de Junts Jordi Turull se reafirmaban en la apuesta para mantenerla en el cargo. Incluso presentaban una petición de reconsideración para intentar revertir la suspensión.
Con la sentencia de la ONU ya pública, Junts introducía aún una segunda petición de reconsideración al Parlament en que invocaba el informe para intentar cargarse de argumentos y restituir a Laura Borràs. La formación alegaba que "resultaría paradójico" que, después de que el Estado fuera castigado por tumbar a los líderes independentistas antes de una sentencia firme, el Parlament hiciera lo mismo con su presidenta. A pesar de todo, Pere Aragonès se apresuraba a rechazar cualquier comparación y defendía que eran cuestiones completamente diferentes. La estrategia de Borràs fracasaba, y Esquerra, el PSC y la CUP mantenían su voto durante la reunión de la Mesa que el primer día de septiembre reafirmaba la suspensión de la presidenta. La herida abierta entre los partidos independentistas no se cerraba, y Junts agotaba el último recurso interno del Parlament antes de poder abrir la vía judicial en Europa.
Una Diada sin presidente
Las diferencias en el seno del independentismo también se observarán durante la Diada. Y es que, por primera vez en un buen puñado de años, el presidente de la Generalitat no asistirá a la manifestación unitaria del independentismo el 11 de septiembre. Tanto Carles Puigdemont como Quim Torra acudieron siempre en condición de jefes del ejecutivo, y Pere Aragonès también estubo el año pasado, el primero en que participaba como presidente. Ahora bien, después de unos días de incógnita, el también coordinador nacional de ERC ha decidido desmarcarse de la movilización y sólo participar en aquellos actos institucionales. Por contra, la principal referencia de Junts en el Palau de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha confirmado que él sí que estará, como también el resto de consellers y altos cargos de la formación. Los republicanos han querido precisar que irán varios dirigentes a la marcha, si bien la asistencia de sus consellers sigue siendo todavía una incógnita cuando falta una semana para la Diada.
Aragonès ha justificado su decisión porque la manifestación, organizada por la Assemblea Nacional Catalana, va "contra los partidos y las instituciones, y no contra el Estado español", según fuentes de Govern. El programa oficial de la entidad presidida por Dolors Feliu defiende que la protesta tiene que servir para que la sociedad civil pase "por delante" de los partidos, en los cuales "ya no cuenta ni cree" por su "inacción". Ahora bien, la ANC se ha escudado alegando que la de la Diada es "una movilización en positivo por la independencia" que no se convoca contra nadie, pero que tampoco avala "el autonomismo". "La movilización de la Diada no es contra los partidos, sino contra la estrategia de los partidos", explica.
Sea como sea, lo que queda claro es que el 11 de septiembre será una oportunidad de oro para que el independentismo militante vuelva a activarse, después de unos años de desmovilización marcados por la pandemia y por la estrategia de diálogo por parte del ejecutivo catalán. La jornada reivindicativa del año pasado, que también estaba cubierta por un pesimismo previo, acabó superando las expectativas y reuniendo a unas 400.000 personas, según los organizadores. Con la voluntad de recuperar las calles, la Diada de este año contará con varias protestas y acciones. La movilización unitaria de la ANC irá acompañada de actos políticos y culturales de Òmnium Cultural, y también de una concentración de la Izquierda Independentista en la plaza Urquinaona. Las previsiones, pues, invitan al optimismo.
El debate de política general, interrumpido por la represión
Ya durante la última semana de septiembre tendrá lugar el tradicional debate de política general del Parlament, un pleno en que los partidos independentistas tendrán la oportunidad presentar, debatir y votar numerosas propuestas de resolución a favor de la causa. Una de estas ya se sabe a estas alturas, y será encabezada por el mismo Pere Aragonès, quien aprovechará el escenario para formular una propuesta "mucho más amplia" para la autodeterminación que pretende ir más allá del independentismo. El presidente defiende que se trata de una iniciativa "inclusiva de solución del conflicto político", y que busca abrazar "a aquellas personas que creen que los conflictos políticos se resuelven deliberando, escuchando y tomando decisiones a las urnas", en un evidente guiño en el PSC y los comuns.
El debate de política general se celebrará el 27 y 30 de septiembre porque quedará interrumpido durante dos días. El motivo es, precisamente, el juicio a que se enfrenta la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, acusada de desobediencia por haberse negado a responder las preguntas de Vox durante el juicio contra el referéndum del 1-O. Los días 28 y 29, Reguant tendrá que comparecer ante el Tribunal Supremo, en Madrid, y verá si finalmente es condenada a cuatro meses de prisión e inhabilitación, cómo pide la Fiscalía. La ofensiva contra la cupaire es una nueva oportunidad para los partidos independentistas de mostrar su unidad contra la represión del Estado, y de hecho ya lo hará con la suspensión simbólica del Pleno del Parlament, ya que Reguant no podría participar si se celebrara.
30 días para cambiar el rumbo
El debate de política general también marcará otra fecha importante en el calendario del independentismo institucional. Y es que este pasado lunes, Junts presentaba los resultados de su auditoría sobre el pacto de gobierno con ERC. Los resultados demuestran el poco progreso del ejecutivo en el eje nacional, y llevaban al secretario general Jordi Turull a lanzar un "así no podemos continuar" que advertía a los socios del Govern sobre la necesidad de avanzar en el camino hacia la independencia. Ahora bien, la dirección de Junts no caía en catastrofismos y daba un plazo para revertir la situación: todo el mes de septiembre, hasta el debate de política general. Durante esta treintena de días, la formación confía en que se pueda "mejorar la actitud para decir que ahora sí que vale la pena continuar" en el Govern.
Y es que, si no hay esta mejora de actitud que exige Turull, los presagios para el futuro del ejecutivo catalán podrían ser oscuros. El mismo secretario general advertía a mediados de junio de que la auditoría del partido determinaría si el gobierno de coalición con ERC "funciona cómo estaba previsto, si hay que replantearlo porque no va a la hora o si se tiene que dejar estar". Viendo los resultados de la evaluación con respecto al eje nacional, no se puede descartar ninguna opción, si bien Turull garantizaba también que la decisión de su partido se tomaría con rigor. Por ahora, Pere Aragonès ya ha reaccionado a la advertencia de Junts pidiendo a los consellers que tiene el partido en el ejecutivo que hagan "propuestas concretas" sobre "la resolución del conflicto político con el Estado español" y que sirvan de alternativa a la estrategia de negociación con el gobierno de Pedro Sánchez.
Cinco años del 1-O
Finalmente, estas semanas de actividad frenética por parte del independentismo se verán culminadas por una cita que, desde hace un puñado de años, está marcada en todos los calendarios. Y es que, este 2022, se recordará el quinto aniversario del referéndum del 1 de octubre y de la violencia con que actuó el Estado durante aquella jornada para detener un ejercicio de la democracia. Será, con todas las certezas, una nueva oportunidad para la ciudadanía de volver a salir a las calles y hacerse oír poco tiempo después de la Diada Nacional, apelando a los dirigentes políticos a corregir el rumbo y aplicar el mandato del 1-O.
Ya hay varios actos preparados para rememorar la efeméride. El Consell per la República ha anunciado una concentración en el Arco de Triunfo de Barcelona para aquella fecha con la intención de "reivindicar la victoria del referéndum de autodeterminación" y que su resultado es todavía "vigente", que contará también con la intervención de Carles Puigdemont. No solo eso, sino que durante la noche del 30 de septiembre la misma entidad ha invitado a la ciudadanía a realizar una concentración nocturna en todas aquellas escuelas donde se produjo violencia policial ahora hace cinco años. La acción también servirá para homenajear a aquellas personas que, en la víspera del 1-O, ocuparon las escuelas habilitadas como locales de votación para que, en el día señalado, pudiera ejecutarse el referéndum.