La resolución del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que censura España por haber violado los derechos políticos de los presos del 1-O, es la antesala de futuras victorias a nivel internacional. Así es como lo ve el independentismo, que este viernes ha celebrado una rueda de prensa simultánea en Barcelona y Ginebra, donde se encuentra la sede del organismo. Los cuatro afectados no confían mucho en que el Estado español aplique el dictamen, son muy escépticos. Pero sí que fijan la mirada en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tanto ellos como sus abogados ven una buena "munición jurídica" para ganar. Los letrados, en cambio, han evitado valorar si el caso es comparable con el de Laura Borràs.
Desde Barcelona, el exconseller de Exteriores, Raül Romeva, ha asegurado que la resolución "no es ninguna sorpresa" para ellos porque ya sabían que cuando salieran de España encontrarían "lo que no hemos encontrado en el Estado español, derecho y justicia". Romeva ha subrayado que hay un "reconocimiento explícito" de que se ha nvulnerado derechos humanos y fundamentales. ¿Y ahora qué?, se ha preguntado el dirigente republicano. "Tenemos una causa abierta en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta es una carpeta fundamental, que será clave a la hora de que esta causa tenga recorrido. No es una anécdota. Va a la esencia de lo que hemos dicho siempre", ha justificado. Ha instado al Gobierno a reaccionar al dictamen con la amnistía, la única respuesta política posible.
Por su parte, Josep Rull ha denunciado que con su suspensión como diputados "asistimos al asesinato de Montesquieu en directo" y que no fue una anécdota, sino un "fallo sistémico del sistema jurídico, político y democrático del Estado español". En este sentido, el también exconseller lo ha visto como una victoria política pero sobre todo legal y jurídica: "Es una enmienda a la totalidad del comportamiento del Estado español. Soy poco optimista de cara a que el Estado español mueva pieza; ya tenemos antecedentes. Pero tendremos buena munición jurídica para las causas que tenemos abiertas, en Luxemburgo y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".
Desde Ginebra ha intervenido Nico Krisch, abogado que ha llevado la causa ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Después de repasar cronológicamente los hechos y la violación de derechos de sus representantes, el letrado ha advertido de que el Estado español tiene que hacer las reformas necesarias para evitar que este caso se pueda repetir en el futuro. "Si el Estado español no cambia, los organismos internacionales procederán a tomar decisiones similares", ha avisado. "Cada paso de no cumplimiento pone a España fuera de la familia de las democracias liberales", ha concluido.