Sin tregua. La Fiscalía Anticorrupción defiende que Santos Cerdán continúe en la prisión -donde está desde hace catorce días- porque -según su opinión- todavía hay riesgo que destruya pruebas y que "influya en personas" sobre la supuesta trama de corrupción que pedía comisiones a constructoras a cambio de adjudicaciones de obra pública entre los años 2018 en el 2021, y de la cual el juez del Tribunal Supremo lo hace el líder del grupo, con el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. Según el escrito al cual ha tenido acceso ElNacional.cat este lunes, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, manifiesta que hay "poderosos indicios de criminalidad" contra Cerdán, al cual acusa que como secretario de Organización del PSOE "en el 2018 penetró a un gobierno del cual era ajeno". Añade que las conversaciones grabadas por Koldo demuestran que era "el cobrador y el repartidor de las comisiones ilegales a Acciona" a cambio de obra pública. "Es precisamente el actual
desconocimiento de las comunicaciones de Santos Cerdán con la parte activa de
la corrupción y hasta la identidad y los detalles de sus relaciones con esta, lo que
genera el riesgo de alteración o destrucción de pruebas", argumenta el fiscal para rechazar su excarcelación.
Precisamente, los dos abogados defensores de Cerdán han pedido al juez del Tribunal Supremo que reclame a la Guardia Civil "todas las conversaciones" que grabó Koldo y que le comisó la Guardia Civil en febrero de 2024, y se recogió en un informe el 5 de junio pasado, que precipitó su imputación. También solicitan que detalle si Koldo García es fuente policial, ante las colaboraciones confirmadas con la benemérita.
Corruptores "desconocidos"
En el informe, de 17 páginas, el fiscal defiende la actuación del juez instructor Leopoldo Puente, detalla los indicios contra Cerdán, de los cuales sostiene que no solo se basan en las grabaciones. Y concluye: "La gravedad de los delitos cometidos por la organización criminal, el papel director de Santos Cerdán en ella, el inicial estado de la investigación contra él, con diligencias probatorias acordadas, pero todavía no practicadas, la posibilidad de continuar relacionándose con otras personas responsables de los pagos realizados por las adjudicaciones amañadas, incluso desconocidos y, por lo tanto, la capacidad que Santos Cerdán todavía tiene para alterar y ocultar pruebas, condicionar a testigos o investigados, determinan la necesidad de mantener la prisión provisional acordada por auto de 30 de junio de 2025."
Nombramientos en el ministerio
Luzón también indica que las relaciones de Cerdán con la empresa Servinabar, que formó una UTE con Acciona por obras es Navarra, es indiciario de criminalidad; como que la empresa le pagara un piso a Madrid. Para el fiscal, también es sospechoso que Cerdán -sin cargo en el gobierno español- se interesara por las obras públicas, y que "influyera en los nombramientos en el Ministerio de Transportes", tal como se recojan en las conversaciones con García. Incluso, hace referencia a la confesión de Víctor de Aldama, empresario imputado en el caso Koldo, que aseguró que García y Cerdán se habían peleado por las comisiones. Aldama salió de la prisión, donde estuvo un mes, después de admitir hechos delictivos y dar pistas al juez de la Audiencia Nacional, que investiga la causa de los hidrocarburos, y de amenazar a presidente Pedro Sánchez con pruebas.
El fiscal Anticorrupción descarta las críticas de la defensa de Cerdán que Koldo García es autor d"'un delito provocado", y responde que lo que hizo es asegurarse de un acuerdo previo. También saca hierro a la crítica que el juez Puente ha hecho "creatividad judicial" al asegurar que al menos hay 1 millón de euros en comisiones, al calcular, como hipótesis, que al menos se pagó un 1% en comisiones. Luzon es prudente e indica que hacen falta los resultados sobre el patrimonio de Cerdán y califica "de infundado" que sea una causa general contra el excargo socialista.