La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido a Instituciones Penitencias, que dependen del Ministerio del Interior, saber quién visita a Santos Cerdán en la prisión de Soto del Real, donde está desde el 30 de junio pasado, como "interés" de las investigaciones sobre una trama de corrupción con constructoras, de la cual le consideran al líder. En la excepcional petición, la Guardia Civil reclama ser informada "con antelación" de las visitas de que recibe el ex número tres del PSOE, incluido "los de miembros del Colegio de Abogados".I, añade: "Es de interés quién y cuando se realizan o realizarán las visitas, no así el contenido de las mismas."
La petición es tan extraordinaria que el secretario general de Instituciones Penitenciarias ha informado al instructor del Tribunal Supremo del caso Cerdán, el magistrado Leopoldo Puente, "salvo que por este tribunal se ordene lo contrario". La defensa de Cerdán, ejercida por los penalistas Benet Salellas y Jacobo Teijelo, estudian denunciar esta demanda por vulneración de derechos y pedir el amparo del Colegio de Abogados de Madrid. El ex secretario de organización del PSOE tiene limitada su libertad de movimientos, pero no el resto de derechos fundamentales, como el de comunicación y de defensa.
El juez se desentiende
La respuesta del magistrado del Tribunal Supremo no se ha hecho esperar, pero se desentiende, y ha pasado la pelota a Instituciones Penitenciarias para que decidan si la petición de la UCO -"que ya se está cumpliendo", indica- es ajustada a la normativa penitenciaria.
"Ciertamente, ninguna resolución judicial se ha dictado en esta causa especial concerniente en concreto a la cuestión referida que pudiera aquí ratificarse, modificarse o dejarse sin efecto, teniendo que actuar frente a la solicitud recibida esta Secretaría General en los términos que considere normativamente conducentes", responde el magistrado sobre la petición de la UCO, en la resolución comunicada este viernes.
La validez de los audios
Paralelamente, el juez Leopoldo Puente sí que ha aceptado la petición de la defensa de Cerdán para que se estudie si los audios que grabó Koldo García -el asesor de José Luis Ábalos, como ministro de Transportes, y también investigado en la causa- fueron manipulados. Las conversaciones que hay en los audios -entre Koldo y Cerdán, y con Àbalos- son la principal prueba incriminatoria contra la ex número 3 del PSOE.
Concretamente, el magistrado ha acordado la práctica de una pericia para determinar “si las conversaciones fueron grabadas directamente a los referidos terminales (dos móviles y una grabadora) o si pudieran proceder otros ficheros de audio después grabados en aquellos” y si los ficheros de audio “resultan formalmente auténticos o han podido ser objeto de alguna clase de manipulación, corte o edición”. Del análisis se encargará el Departamento de Ingeniería Digital del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. También ha reclamado a la Guardia Civil que aporte todas las grabaciones.
Por el contrario, el instructor no ha autorizado que la Guardia Civil indique si Koldo García es confidente policial. La defensa sostiene que el exasesor de Àbalos "provocó el delito" al grabar a Cerdán cuando le hablaba de las supuestas comisiones que se tenían que cobrar a las constructoras a cambio de obra pública. Sin embargo, el magistrado sostiene que lo que se desprende es que García quería con ello asegurar que cobraría su parte, no de dirigir la operación.