El Acord Social per l'Amnistia i l'Autodeterminació (ASAA) —que coordinan el exdiputado de la CUP David Fernández, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell (ERC) y el exconseller Quim Forn (Junts)— ha recordado al líder del PSOE, Pedro Sánchez, el "compromiso" firmado al constituir la mesa de diálogo de "votar la resolución del conflicto". En un comunicado emitido este viernes, la plataforma ha recuperado la Declaración de Pedralbes (2018), donde Generalitat y Moncloa firmaban el objetivo de "buscar respuestas políticas que alcancen un amplio apoyo de la sociedad". Y que, en 2020, el PSOE firmaba un acuerdo donde se "comprometía" a validar "a través de consulta a la ciudadanía de Catalunya" un acuerdo sobre el futuro del país. El ASAA ha señalado que no encontrarán "ninguna respuesta política" que acredite más apoyo social que el referéndum: "Los instamos a proponer cualquier otra resolución política que sume un 80% de apoyo civil, social y popular", apuntan.

La plataforma también recuerda que el 77% de los ciudadanos catalanes están en contra de los encarcelamientos, según datos del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) del 2018; que el 75% quieren una solución eminentemente política, según el CEO de 2019; que el 67% están explícitamente a favor de la amnistía, según el instituto ICPS; y, finalmente, el 81% de los catalanes están a favor de un referéndum, según el CEO del 2022.

Amnistía contra la "represión desatada"

El Acord Social per l'Amnistia i l'Autodeterminació remarca que, después del 23-J, la demanda de amnistía y de autodeterminación cuenta con un "idéntico apoyo social", al margen de las vicisitudes y las contingencias de cada momento. La plataforma también apunta que la "demanda democrática básica" del fin de la represión y que la resolución democrática del conflicto tiene un "apoyo social estructural, estable y permanente", en el seno de la sociedad catalana. El ASAA también concluye que la demanda de amnistía remite, cotidianamente, a la más "estricta realidad penal, judicial y represiva", ya que 500 personas están todavía pendientes de juicio, a consecuencia de la "represión desatada" a partir del 1 de octubre de 2017. Solo los hechos conocidos durante la última semana lo evidencian "categóricamente", remata el comunicado.