El déficit de inversión pública en infraestructuras ha castigado de nuevo a Catalunya, con el desbarajuste de Rodalies y el corte parcial de la AP7, y de rebote ha irrumpido en el debate sobre la propuesta de nueva financiación autonómica. La declaración que las entidades del mundo económico y empresarial hicieron pública el pasado viernes para valorar la propuesta de financiación que plantea el gobierno de Pedro Sánchez denuncia, una vez más, que "la situación de las infraestructuras catalanas es crítica". La declaración cuenta con el apoyo del llamado G8 —Cambres de Comerç, Cercle d'Economía, Col·legi d'Economistes, FemCAT, Fira Barcelona, Pimec, Barcelona Global y RACC— y Foment del Treball, y alerta de que la situación de desbarajuste como el que han sufrido las Rodalies estas dos semanas pone en evidencia "un déficit acumulado de infraestructuras por un valor similar al presupuesto de la Generalitat". De hecho, la cifra acumulada de este déficit desde 2009 hasta 2023, fecha hasta la cual se dispone de datos actualizados, sobrepasa ampliamente el último presupuesto de la Generalitat, según los estudios de Foment, y se eleva hasta los 42.486 millones de euros.
La preocupación en Catalunya por el déficit de inversiones se arrastra desde hace décadas. Incluso el Estatut de Autonomia que se aprobó en 2006 incorporaba una disposición adicional en la que fijaba que la inversión del Estado en Catalunya en infraestructuras se debía equiparar a la participación relativa del PIB de Catalunya con relación al del Estado. Este fue uno de los puntos que el Tribunal Constitucional interpretó a la baja, señalando que el Estatut no se podía imponer a la decisión del Congreso de los diputados, responsable de aprobar los Presupuestos Generales del Estado
Caos ferroviario 2007
Los déficits inversores se han mantenido, como lo demuestran no solo los datos, sino también la experiencia de los diferentes consellers del ramo, como Joaquim Nadal, que ocupó el departamento de Política Territorial entre 2003 y 2010, con los gobiernos tripartitos de Pasqual Maragall y José Montilla, y con el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa. "Todos mis intentos de objetivar necesidades y prioridades, de fijar rendimientos para la economía productiva, para racionalizar, toparon siempre con la más absoluta discrecionalidad e irracionalidad", explica en su dietario Testimoni de càrrec, donde contrasta esta penuria inversora con el entusiasmo con que la entonces ministra de Fomento Magdalena Álvarez se jactaba de las inversiones en Andalucía: "En un acto electoral en Málaga, Magdalena Álvarez llegó a decir, y la prensa lo recogió, que en lo que se refería a la inversión en Andalucía y, principalmente, en Málaga, provincia de la que era diputada, 'nos hemos pasado tres pueblos'".
También Nadal tuvo que hacer frente a una grave crisis provocada por los déficits de la red de Rodalies. En octubre de 2007, a consecuencia de las obras del AVE, apareció un socavón en la estación de Bellvitge que obligó a suspender el servicio ferroviario en la R1 y la R2, desencadenando un caos ferroviario que, a su vez, comprometió durante meses la movilidad también por carretera entre el Baix Llobregat y Barcelona. Las obras del AVE se mantuvieron y las incidencias se multiplicaron. Los cortes se alargaron más de 40 días. El 1 de diciembre miles de personas se manifestaron en Barcelona, bajo el lema, Somos una nación y decimos basta. Tenemos el derecho a decidir sobre nuestras infraestructuras.
Traspaso de Rodalies
La respuesta política fue la reivindicación del traspaso de Rodalies de Catalunya, que se concretó el 1 de enero de 2010. La Generalitat se encargaría de la gestión de las tarifas y los horarios, mientras Adif controlaba la infraestructura y Renfe seguía como operadora del servicio. El traspaso fue un fiasco, como pronto constató Nadal y el resto de consellers que lo sustituyeron. También quedó en muy poco el llamado Plan de Rodalies de Barcelona 2008-2015, pactado entre el Estado y la Generalitat, con una inversión prevista de 4.000 millones de euros. Se calcula que se ejecutó el 14%, unos 560 millones. Desde entonces ha habido más planes de infraestructuras pactados entre las dos administraciones, y nuevos incumplimientos, mientras las obras pendientes saltaban de acuerdo en acuerdo
El traspaso de Rodalies, que figura en el acuerdo de investidura firmado por PSC y ERC, sigue siendo una de las banderas del Govern de la Generalitat con Salvador Illa. Este enero, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, y el ministro Óscar Puente firmaron la constitución de la empresa Rodalies Catalunya, que debe gestionar todo el servicio y en la que Renfe mantiene el 50,1% del capital de la sociedad y la Generalitat el 49,9% restante. El entendimiento no ha impedido los graves problemas de gestión que ha hecho evidente el caos vivido en la red ferroviaria los últimos días, desde que el martes de la pasada semana cayera un muro sobre las vías en Gelida, con la posterior parada de todo el servicio. Las diferencias entre la operadora y el Govern provocaron que el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, se presentara el pasado domingo por la noche en Barcelona. Al día siguiente, a primera hora de la tarde, después de haber asegurado repetidamente que no era el momento de pedir dimisiones, el Govern exigió responsabilidades de manera inmediata; y se anunció horas después la destitución del director de Cercanías y el responsable técnico de Adif.
Plan de Rodalies
De nuevo, el agravio inversor que sufre Catalunya se ha puesto de manifiesto de manera muy llamativa en un momento en que en el gobierno catalán y en el español conviven ejecutivos socialistas. Este miércoles el secretario de Estado de Transportes compareció en la conselleria de Territori, junto a la consellera para informar sobre el grado de cumplimiento del Plan de Rodalies 2020-2030. Ambos gobiernos aseguraron que entre 2020 y 2025 ha habido una ejecución presupuestaria del 77% de las obras previstas en este periodo, es decir, que en estos últimos seis años se habrían ejecutado 2.666 millones de euros de los 3.462 presupuestados.
No obstante, estas inversiones no se reflejan en un mejor funcionamiento de una red ferroviaria demasiado desatendida durante décadas. El documento presentado el viernes por el G8 y Foment recuerda que, según los últimos datos disponibles, correspondientes a 2023, Catalunya aparece, por tercer año consecutivo, como la comunidad autónoma con un grado de ejecución más bajo de la inversión total del Estado. Además, añade, que el porcentaje de ejecución media de Catalunya en el período 2015-2023 ha sido del 55,6%, una cifra considerablemente inferior a la media del conjunto del Estado, que es del 72,6%. El texto alerta que "más allá de la nueva propuesta de financiación autonómica y desde una perspectiva amplia de financiación territorial", hay que insistir en la importancia de asegurar una correspondencia más elevada entre las inversiones presupuestadas y ejecutadas desde la administración central y el peso económico de cada una de las comunidades autónomas. "Es conocido en este sentido que los últimos años en Catalunya esta correspondencia ha sido muy baja y hay que ponerle remedio", exige el texto.
El enésimo clamor que surge de una sociedad catalana, que el próximo fin de semana volverá a salir a la calle para reclamar un transporte público de calidad.