La CUP prepara un Consell Polític para este sábado en Perpignan (Francia) donde se decidirá si se registra como coalición de cara a las elecciones del 21-D, pero su Assamblea General del domingo 12 de noviembre deberá ratificarlo.

El Consell Polític y el Grup d'Acció Parlamentària lo abordarán el sábado, porque el 7 de noviembre acaba el plazo para registrar coaliciones, según la ley electoral. Así, el Consell Polític podría validar inscribir una coalición en el registro para poder concurrir al 21-D con este formato, si la Asamblea General decide ir con partidos y entidades independentistas. Fuentes de la CUP explican que el registro de la coalición no tendría validez si la Assamblea decidiera no ir en coalición con otros actores o no concurrir a los comicios.

En los próximos días, la CUP prevé reuniones con el resto de actores políticos y sociales del independentismo para saber sus planes antes de escoger su hoja de ruta, pero ya han adelantado que no acudirán a los comicios entendiéndolos como "normales ni democráticos".

El lugar de la Assamblea General no está decidido: son las asambleas territoriales las que deben pedir acogerla, detallando la capacidad de sus espacios para celebrarla.

ACCIÓN DE GOVERN YA

En un comunicado, los 'cupaires' han respaldado este martes la decisión del presidente cesado Carles Puigdemont, que ha explicado que el Govern cesado seguirá trabajando, algo que la CUP ha celebrado: "La mejor manera de consolidar la República es comenzar a hacer acción de Govern en clave de república".

Más allá de las declaraciones de Puigdemont desde Bruselas, la CUP afirma que la acción del Govern en clave de república precisa "aprobar los primeros decretos republicanos y declarar el inicio del proceso constituyente". También han reiterado su crítica al Govern porque consideran que lo sucedido desde el viernes "demuestra que durante estos dos años no se ha hecho el trabajo de creación y consolidación de estructuras de Estado". También han lamentado que haya habido un exceso de improvisación en algunas actuaciones de los últimos meses y han compartido con Puigdemont su denuncia de la actuación de la administración de Justicia estatal, que ven antidemocrática y parcial.