Ante la censura del PSOE en el Congreso por las críticas a la monarquía, la CUP ha contraatacado. En primer lugar, ha elevado un escrito de queja a la Mesa de la cámara baja, contraponiendo las palabras de la diputada Mireia Vehí con "incitaciones al odio" que sí que se permiten. En segundo lugar, los anticapitalistas han vuelto a reclamar la comparecencia del rey emérito Juan Carlos I por las sombras de corrupción que sobrevuelan la Casa Real española.
Todo ha empezado cuando Vehí se ha hecho eco de la campaña #NoQuieroPremioDeLadrones, impulsada por algunos sanitarios contra el Premio Princesa de Asturias que les ha adjudicado la monarquía. En el marco del debate sobre la tasa Google, la diputada cupera ha aprovechado para recordar que "si los señores Borbones pasan por el juzgado, tendremos más recursos públicos para la sanidad, la educación y lo que se quiera". Al acabar su intervención, el vicepresidente primer Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que presidía el pleno, le ha "rogado" que "retire las palabras". Ante la negativa de Vehí, el diputado socialista ha insistido en que "quedarán retiradas del diario de sesiones", sin darle el turno de palabra para justificarse.
Frente a eso, la CUP ha vuelto a pedir la comparecencia de Juan Carlos I en comisión del Congreso. El motivo: "la investigación llevada a cabo por la justicia suiza y las informaciones aparecidas en relaciones con la existencia de estructuras opacas para la adjudicación de contratos, posibles cuentas irregulares en paraísos fiscales y presunto blanqueamiento de capitales con la participación de Juan Carlos I".
Por otra parte, en el texto elevado en la Mesa, denuncian que el vicepresidente del Congreso "ha vulnerado los derechos de la diputada sin permitir hacer uso de la palabra". También constatan que Vehí "tiene derecho a la libertad de expresión siempre que no inciten al odio a personas y minorías en razón de odio racial, xenofobia, antisemitismo y otras formas de odio basadas en la intolerancia". En tercer lugar, recuerdan cómo ellos ya hicieron una petición que fue desestimada para evitar expresiones de incitación al odio. Finalmente, aseguran que "no se pueden considerar ofensivas por motivos de odio las manifestaciones a una institución pública del Estado, ya que no pertenece a ninguna minoría ni persona de orígenes, contextos culturales y étnicos diversos".
Por todo eso, reclaman a la Mesa que permita manifestaciones en relación a la monarquía y sus sombras de corrupción y que, por el contrario, no permita "razonamientos que van en contra de personas o minorías", como denuncian que se han visto en la cámara bajas con total impunidad.
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