El Tribunal Constitucional ha decidido suspender varios preceptos de la ley de concordia del País Valencià. Lo ha hecho después de admitir a trámite el recurso que el Gobierno presentó el mes de abril, al considerar que la ley invade competencias estatales y limita y restringe los derechos de las víctimas. Durante el pleno de este martes, el tribunal ha resuelto suspender de manera temporal la ley al haber invocado al ejecutivo el artículo 161.2 de la Constitución. La polémica normativa autonómica fue aprobada con los votos del Partido Popular y Vox, y supuso la derogación de la ley de memoria democrática valenciana. Esta misma alianza consiguió también derogar la ley en Cantabria.
El PSOE ha subrayado en varias ocasiones que la ley de memoria democrática "es una cuestión de justicia, los derechos humanos no se pueden someter a la voluntad política, se cumplen o no se cumplen", remarcó el diputado gallego Mario Iglesias. De la misma manera, varios miembros del gobierno de Pedro Sánchez han salido a condenar la ley de concordia. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Corts, Félix Bolaños, a modo de ejemplo, estalló diciendo: "Qué vergüenza, PP y Vox".
El demoledor informe de la ONU
Ante la situación, el ejecutivo español pidió amparo a la ONU, que después de analizar las iniciativas de los gobiernos de coalición de PP y Vox en varias comunidades autónomas tildó la jugada de intento de "revisionismo" de la dictadura franquista. En mayo del 2024, Naciones Unidas instó España a "tomar las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales de los derechos humanos" al ver que "podrían transgredir la obligación del Estado español de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de los derechos humanos". En su opinión, la normativa ordena la supresión de múltiples entidades, proyectos, webs y actividades de memoria histórica, puede suponer límites en el acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas y obstaculiza o suprime la subvención a proyectos.
En este sentido, la ONU argumenta que estas leyes de concordia "evitan nombrar o condenar el régimen franquista" y reavivan teorías "revisionistas o negacionistas" sobre la Guerra Civil y la dictadura. También alertan de que iguala a las víctimas de la Segunda República, del terrorismo de ETA y del terrorismo islámico. Por su parte, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en representación del PP, dijo en su momento que el informe estaba lleno de errores y "engaños".