Desde la plataforma Fem-ho en Català han conseguido que los tribunales de las Balears utilicen los topónimos oficiales en catalán, según han anunciado este lunes. Concretamente, han explicado que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha ordenado a todos los juzgados y tribunales de las Illes que utilicen los topónimos oficiales y en lengua catalana de sus sedes, con independencia de la lengua en la cual se redacte la documentación. Por ejemplo, se escribirá "Palma" y no "Palma de Mallorca", "Maó" y no "Mahón", y "Eivissa" y no "Ibiza". El año pasado, el Supremo rechazó que utilizar la toponimia no oficial y en castellano en resoluciones judiciales supusiese "discriminación lingüística".

"Que el Poder Judicial utilizara denominaciones no oficiales en sus actuaciones era un hecho inaceptable e incomprensible teniendo en cuenta que están sometidos al imperio de la ley", han remarcado desde la plataforma, que ha recordado que "todos los topónimos oficiales de las Illes Balears son, a todos los efectos, en catalán" tanto en el ámbito autonómico como estatal. Y han añadido: "La depuración y castellanización de los topónimos son herramientas para borrar nuestra memoria e identidad lingüística. No es una amenaza que solo existiera durante la dictadura de Franco, está más viva que nunca". Así, han puesto el ejemplo del País Valencià, donde el PP y Vox han impuesto la denominación bilingüe Valencia/Valéncia.

Desde Fem-ho en Català han lamentado que la presencia de la lengua propia de las Balears a la administración de justicia es "anecdótica" y que el hito de este lunes es "pequeño", pero que también es "un importante acto de justicia". Si bien los datos oficiales sobre el uso del catalán en procedimientos son pocos, se sabe que es "mínimo": en instancias superiores hay solo un 2,27% de sentencias y autos en lengua catalana, "un porcentaje completamente residual que no tiene espejo con la realidad sociolingüística de la población".

La plataforma ha recordado criticado que "la legislación del Poder Judicial trata el uso de lenguas oficiales no castellanas como un derecho secundario y opcional", y que el Consejo de Europa ha advertido al Estado español "en numerosas ocasiones" por el incumplimiento reiterado de la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias (CELRoM), ratificada por España. "El pasado mes de noviembre se aprobó la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que introdujo el derecho de utilizar lenguas oficiales en órganos con jurisdicción en todo el Estado, como el Tribunal Supremo", han añadido. En cualquier caso, han reconocido que "todavía queda muy de camino para hacer efectivo el derecho de elección lingüística de los órganos de primera instancia, los más frecuentados por la población en general".