El Congreso de los Diputados ha dado este jueves el primer paso para aprobar la condonación de parte de la deuda autonómica. Se trata de un proyecto de ley presentado por el Gobierno y pactado con Esquerra Republicana. En el habitual Pleno escoba previo a las vacaciones de verano, la cámara ha tumbado con 178 votos en contra las enmiendas a la totalidad de PP y Vox, que solo han recibido su propio apoyo. Junts per Catalunya se ha sumado a la mayoría de la investidura, pero los independentistas advierten que pretenden introducir mejoras durante la tramitación de la norma. Su intención es que se condone el 100% de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). En el acuerdo entre republicanos y socialistas se pactó una condonación del 22% en el caso de Catalunya (un 19,9% de la deuda total del país), que se traduce en 17.104 millones de euros.
El proyecto de ley pactado con Esquerra Republicana y presentado por el Gobierno permitirá que el Estado asuma cerca de 83.000 millones de euros de deuda de las autonomías de régimen común. Las pocas comunidades que están gobernadas por el PSOE se han mostrado a favor, pero las que están en manos del PP han obedecido las directrices de la dirección estatal del partido y se han posicionado en contra. El discurso de los populares es que, a pesar de que la condonación beneficiaría a todos los territorios, se trata de un nuevo agravio territorial en favor de los catalanes, por el mero hecho de que ha sido negociado con un partido independentista.
La norma, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre, es fruto del acuerdo entre ERC y el PSOE para investir a Pedro Sánchez. El objetivo de la ley es corregir el exceso de endeudamiento que las autonomías acumularon a raíz de la crisis financiera de 2008-2013 y facilitarles el retorno a los mercados para financiarse sin el apoyo del Estado.
Andalucía, de hecho, será la autonomía más beneficiada, con 18.791 millones de euros de deuda perdonada, seguida de Catalunya (17.104 millones), el País Valencià y Madrid (8.644). El texto prevé dos vías para hacerlo efectivo: la cancelación automática de los préstamos que cada comunidad tiene con el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, y, cuando este no sea suficiente, la subrogación del Estado en deudas que las comunidades tengan con bancos u otros acreedores, que en este caso requerirá solicitud previa y la aprobación de cada operación por parte del Gobierno.
El ejecutivo de Pedro Sánchez calcula que las 15 autonomías de régimen común (todas menos el País Vasco y Navarra) se ahorrarán unos 6.700 millones de euros en intereses. Aunque el Gobierno ha defendido que esto permitirá reforzar los servicios públicos, el mismo texto legal establece que el ahorro deberá destinarse exclusivamente a reducir deuda, para garantizar la neutralidad respecto a la regla de gasto, y no podrá utilizarse para nuevo gasto social.
Las enmiendas a la totalidad de PP y Vox
Pero tanto el PP como Vox registraron enmiendas a la totalidad, a pesar de que siete de cada diez euros de la quita beneficiarían a autonomías gobernadas por los populares. El PP sostiene que la ley es "injusta, insolidaria e ineficaz" porque nace de un pacto bilateral con el partido de Oriol Junqueras que luego se quiere presentar como un acuerdo general. Denuncia que el reparto de los tramos segundo y tercero del artículo 6 —que premian a quien más se endeudó y a quien subió el IRPF— genera diferencias de hasta el 67% en la reducción de deuda por habitante ajustado entre comunidades. La formación de Alberto Núñez Feijóo también recuerda que doce de las quince comunidades de régimen común han rechazado la medida y que tanto el antiguo gobernador del Banco de España como la AIReF han alertado del riesgo de incentivar la indisciplina fiscal si la condonación no va acompañada de condiciones.
Vox, por su parte, considera que la ley vacía de contenido el principio de responsabilidad financiera de las administraciones y que la reforma de la LOFCA que la acompaña reduce los controles previos al endeudamiento autonómico, trasladando al conjunto de los contribuyentes el coste de decisiones tomadas por algunas comunidades.
Junts y ERC cargan contra el FLA
Durante el debate, el diputado de Junts Josep Maria Cruset ha tachado las enmiendas de PP y Vox de reflejar una "visión anticatalana" y ha cargado contra el FLA, que ha definido como "un artefacto que no debería haber existido nunca". Es un instrumento que sirvió para "someter" a la Generalitat, que se vio obligada a "mendigar" sus propios recursos. Ha resumido el mecanismo diciendo que el Estado recaudaba los impuestos de los catalanes, para luego prestarlos y cobrar intereses: "Más perverso, imposible".
Por su parte, la diputada de ERC Teresa Jordà ha situado el debate más allá de lo económico, afirmando que "no discutimos solo de deuda, sino de modelo de país". Ha acusado al PP y Vox de defender el inmovilismo y de querer mantener las autonomías endeudadas, sosteniendo que el fondo no nació por irresponsabilidad, sino por infrafinanciación, y que los populares lo convirtieron en una "correa corta" de control político. Ha comparado su posición con "los responsables de un incendio votando en contra de los bomberos" y ha reivindicado que la condonación "no ha caído del cielo", sino que es una conquista de ERC.
El informe de la AIReF
Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la condonación reduciría la ratio de deuda del conjunto de comunidades autónomas en 5,1 puntos de PIB, lo que permitiría avanzar doce años el cumplimiento del límite legal de deuda autonómica, fijado en el 13% del PIB: en lugar de 2041, se alcanzaría en 2029. El organismo calcula que el ahorro equivale, de media, a 1.688 euros por habitante, aunque en las comunidades más endeudadas supera los 2.000 euros por persona.
Por autonomías, las mayores reducciones relativas se darían en Andalucía (8,6 puntos de PIB), Castilla-La Mancha (8,5 puntos), Murcia (7,7 puntos) y el País Valencià (7,4 puntos), todas por encima de la media estatal. A pesar de esta mejora, el organismo advierte que algunas autonomías seguirán manteniendo niveles de deuda superiores al 20% de su PIB incluso después de aplicarse la quita.