Votación rápida y esperada. El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha tumbado (por siete votos a cinco) la propuesta del magistrado conservador José María Macías de rechazar el recurso de amparo del exconseller y secretario general de Junts, Jordi Turull, que denunciaba que el Supremo no le aplicaba la amnistía por el 1-O, según han avanzado fuentes judiciales y ha confirmado este diario este martes. Esto significa que el TC avala la amnistía de la malversación del 1-O y abre la puerta al regreso, ahora sí, del president en el exilio, Carles Puigdemont, y de los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. También implicará tumbar la inhabilitación a cargo público que el Supremo mantiene a Turull, junto con el líder de ERC, Oriol Junqueras, y los exconsellers Dolors Bassa y Raül Romeva.
El magistrado Macías ha aceptado redactar otra ponencia, que recoja los argumentos de la mayoría para estimar el recurso de Turull, que beneficiará a todos los líderes independentistas. La presentará por el pleno del TC fijado para el próximo 6 de octubre. Se espera que Macías y los otros cuatro magistrados contrarios al posicionamiento de la mayoría hagan votos particulares, tal como hicieron cuando el órgano de garantías aprobó que la ley de amnistía era constitucional, con pequeñas enmiendas.
Dos votaciones
En el plenario del 6 de octubre se votarán dos resoluciones: la ponencia de Macías, que tiene que ser ya estimatoria, y otra del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, que también será estimatoria respecto del recurso de la exconsellera republicana Dolors Bassa. Con estas ponencias se detallarán los criterios técnicos y la argumentación que fijará doctrina para el resto de líderes políticos condenados por la malversación del 1-O.
El Supremo ha de obedecer
En este sentido, el juez del Supremo Pablo Llarena ya avanzó que, si la sentencia del TC es bastante clara, aplicará la norma del olvido penal a Puigdemont y a los exconsellers exiliados, procesados por el 1-O, sin esperar que sus recursos lleguen al Constitucional.
El instructor del 1-O y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo hace dos años que bloquean la aplicación de la amnistía a los líderes de Junts y ERC condenados por malversación, además del delito de sedición. El argumento del juez Llarena y de la sala, hasta hace poco dirigida por el magistrado Manuel Marchena, era que con el 1-O habían obtenido un "beneficio personal de carácter patrimonial" porque en la votación habían gastado dinero de la Generalitat y no de su bolsillo. La ley de amnistía recoge como una de las excepciones para aplicarla que en la malversación haya un enriquecimiento. Las defensas de los independentistas denunciaron que el Supremo se había excedido en su interpretación. Ahora, se espera que finalmente el alto tribunal cumpla la ley con la interpretación del TC.