Una de las principales cuestiones que se tienen que aclarar, a tenor de la gravísima crisis que estamos viviendo en Ceuta, tiene que ver con la reacción del Gobierno. Mejor dicho, la no reacción del Gobierno. Conviene tratar de dilucidar, separar el ruido de los hechos, de lo que ahora mismo tenemos entre las manos, para poder hacernos una idea de lo que pasó y, sobre todo, de lo que se debía haber evitado que sucediera.
Para ello es imprescindible analizar qué dicen los informes que ya hemos podido conocer, qué dicen las autoridades, qué han dicho desde el Gobierno, qué es lo que podemos ya dar por hecho y hacia dónde podemos mirar para tratar de encontrar respuestas ante una situación que no debería volverse a producir nunca más.
Hay algo que conviene dejar claro desde el principio: a día de hoy no existe constancia de un informe que dijera que el 30 de julio iban a entrar decenas de miles de personas en Ceuta. No conocemos un documento que anticipara la magnitud exacta de lo que terminó sucediendo. Y eso es importante, lógicamente, porque sería tramposo construir ahora una acusación política sobre la idea de que el Gobierno conocía con precisión lo que iba a pasar y decidió mirar hacia otro lado. Pero dicho esto, hay otra realidad que también debe asumirse: tampoco es verdad que España llegara a aquella mañana sin señales, sin advertencias y sin información previa. Cuanto más conocemos de lo ocurrido durante los días anteriores, más difícil resulta sostener el relato de una crisis absolutamente imprevisible. Y desde luego, no es excusa el cuento de Pedro y el Lobo, ese que nos relata la historia del que se pasa el día alertando cuando realmente no hay algo grave (sic), y cuando viene de verdad el lobo, nadie le cree y pasa lo que nadie quería que pasara.
La cuestión no es, por tanto, saber si alguien acertó una cifra. Es algo bastante más serio: qué información tenía el Estado, quién la recibió, cómo se valoró y qué decisiones se tomaron. Porque la inteligencia y la prevención no consisten en adivinar el futuro. Consisten precisamente en detectar señales, ponerlas en común y prepararse antes de que una amenaza deje de ser una posibilidad para convertirse en una crisis. Y no cabe duda, viendo lo que todos estamos viendo, de que alguien ha metido la pata profundamente. Lo que no sabemos todavía es quién, en qué punto la responsabilidad debida no fue lo suficientemente eficaz.
La cronología es importante. Vamos a intentar desgranarla con la información que hasta ahora ha sido ya dada a conocer.
El 26 de julio, más de 600 personas protagonizaron un salto masivo y violento de la frontera terrestre de Ceuta. No fue un episodio aislado ni un detalle menor. Dos días después, la propia Policía Nacional lo incorporaría como antecedente en el análisis realizado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, el CENIF. Para entonces, los agentes destinados en Ceuta ya habían trasladado públicamente su preocupación y la prensa local describía una frontera sometida a una presión creciente, con recursos cada vez más exigidos y con el temor evidente de que la situación siguiera empeorando. A todo ello se sumaba un elemento jurídico que estaba teniendo consecuencias prácticas: la reciente sentencia del Tribunal Supremo relacionada con los accesos a nado por los espigones circulaba por las redes acompañada de interpretaciones que, según explicaría más adelante Margarita Robles, no reflejaban correctamente el alcance real de la resolución. El informe presentado por la policía ante la juez Tardón de la Audiencia Nacional recoge precisamente este episodio de desinformación masiva para engañar a la gente.
El 27 de julio la preocupación dejó de ser únicamente policial y adquirió claramente una dimensión institucional. La Ciudad Autónoma y la Delegación del Gobierno celebraron una reunión urgente. Durante la semana anterior habían accedido a Ceuta más de mil personas, el CETI estaba saturado y el sistema de protección de menores soportaba una fuerte sobreocupación. La situación empezaba a afectar no solo a la frontera, sino a la capacidad de acogida, los servicios sociales y los dispositivos policiales de una ciudad con recursos limitados. Margarita Robles confirmó después que ese día se reunieron el presidente de Ceuta y el delegado del Gobierno y que se estaba hablando de alrededor de 150 llegadas diarias a nado, del riesgo de colapso de los servicios locales y de la necesidad de una respuesta extraordinaria. No era, por tanto, una situación ordinaria. Y tampoco era desconocida.
Un día después aparece uno de los documentos que más preguntas plantea. El 28 de julio, el CENIF elaboró una nota interna dedicada específicamente al riesgo de posibles entradas irregulares en Ceuta el día 30. La fecha importa mucho. La Policía estaba analizando qué podía ocurrir exactamente dos días después. Estudió el salto del día 26, los mensajes que circulaban por redes sociales, el contexto creado por la sentencia del Supremo y una hipótesis especialmente delicada: la posibilidad de una relajación temporal del control fronterizo marroquí durante determinadas festividades como mecanismo de presión política. El día 30 de julio era una fecha señalada con antelación en el calendario.
Hay que ser rigurosos también aquí. Ese documento no decía que Marruecos hubiera decidido organizar una operación contra España. No contenía una cifra fiable sobre cuántas personas podían intentar cruzar ni acreditaba una orden de Rabat. Pero sí demuestra que una unidad especializada de la Policía española había identificado suficientes elementos como para analizar expresamente el riesgo del día 30 y considerar el comportamiento de Marruecos como una variable política posible. No parece razonable tratar eso, a posteriori, como si no tuviera importancia.
El 29 de julio las señales se hicieron todavía más concretas. La documentación remitida después a la Audiencia Nacional recoge una alerta del CENIF ante una entrada prevista para el día siguiente. La Policía trabajaba con un escenario de accesos por vía marítima, contemplaba la posibilidad de una entrada masiva y manejaba un contexto que llegó a calificarse como de riesgo extremo, aunque de probabilidad media o baja. Además, circulaban convocatorias por WhatsApp, Facebook y otras redes para intentar acceder a Ceuta a nado o saltando la valla aprovechando la festividad marroquí.
Y hay un dato que resulta difícil discutir porque no procede de una filtración anónima ni de una información de prensa. Margarita Robles explicó ante la Comisión de Defensa del Congreso que los funcionarios del CNI destinados en Ceuta trasladaron a la Delegación del Gobierno la existencia de esa convocatoria para el día siguiente. Es decir, el Estado conocía que había una movilización dirigida a intentar acceder a territorio español y esa información llegó a la estructura institucional encargada de gestionar la frontera.
Es a partir de aquí cuando empiezan las contradicciones políticas.
El 4 de agosto, Fernando Grande-Marlaska afirmó que no había existido ningún informe ni aviso del CNI que permitiera anticipar una entrada semejante. Días después, Robles confirmó que el CNI sí había comunicado la convocatoria del 29. Pedro Sánchez terminó afinando el relato al afirmar que ningún informe ni nota verbal había previsto "ni la escala ni la probabilidad" de lo sucedido. Podría ser una treta, obviamente, porque ni siquiera a día de hoy saben cuántas personas entraron ni cuántas andan por Ceuta de manera ilegal. Es insultante pretender poner como excusa que no se avisó de la avalancha en términos cuantitativos, cuando lo que ya estaba sucediendo era importante.
Una cosa es decir que nadie predijo que entrarían decenas de miles de personas y otra muy distinta afirmar que no había información previa relevante. Lo primero puede sostenerse con los datos conocidos. Lo segundo resulta cada vez más difícil.
Había una frontera sometida a una presión extraordinaria, un salto violento de más de 600 personas, recursos locales al límite, alertas desde Ceuta, movimientos en redes, un análisis policial específico sobre el día 30, una hipótesis relacionada con la posible relajación del control marroquí, una alerta policial y una convocatoria que el CNI trasladó a la Delegación del Gobierno.
¿Era suficiente todo eso para saber exactamente qué iba a ocurrir? No me lo parece. Pero siendo honestos, es prácticamente imposible anticiparse con exactitud a lo que acontece en una catástrofe, por eso hay que vigilar cada elemento que suponga una alerta para prevenir que lo fatídico suceda en cualquier momento. ¿Era suficiente para elevar la preocupación y prepararse para un escenario extraordinario? Esa es precisamente la pregunta que el Gobierno debe responder.
Parece mentira que haya que remarcar que las crisis graves rara vez llegan anunciadas mediante un único documento perfectamente concluyente. La información aparece fragmentada. Una alerta aquí, un salto previo allá, una llamada en redes, un recurso saturado, una reunión urgente, un informe policial. El valor del sistema no está en esperar a que alguien entregue una certeza absoluta. Está en ser capaz de juntar las piezas. Y para que no sea fácil hacerlo, existen las operaciones de zona gris, que se caracterizan, precisamente, por eso: acciones múltiples, aparentemente separadas, con un mismo objetivo, pero difícilmente encajables mientras tienen lugar. Ataque híbrido lo llaman. Porque a estas alturas, a nadie se le escapa que esto estaba planificado, fue organizado al detalle, hubo participación de agentes interesados y habrá que dilucidar la responsabilidad de Marruecos para determinar si son responsables por acción o por omisión. De esto hablaremos, también.
Hay algo que puede decirse sin exagerar, sin convertir sospechas en certezas y sin necesidad de acusar a nadie de haber conocido de antemano lo que iba a suceder: ningún informe predijo la dimensión que alcanzaría la crisis de Ceuta
Los días 30 y 31 la situación desbordó cualquier previsión conocida. Las cifras fueron cambiando durante las primeras horas porque resultaba extremadamente difícil contabilizar a quienes entraban, regresaban a Marruecos o permanecían repartidos por distintos puntos de la ciudad. Por eso tampoco tiene sentido utilizar hoy una cifra cerrada como si hubiera estado disponible de antemano. Lo que sí sabemos es que la respuesta fue considerada insuficiente desde la propia Ceuta. El 30 de julio, la Junta de Portavoces de la Asamblea, con representación de PP, PSOE, Vox, MDyC y Ceuta Ya!, censuró la "actitud pasiva" del Gobierno central y reclamó una actuación acorde con la gravedad de lo que estaba sucediendo. Repito: todos los grupos políticos con representación en la Asamblea de Ceuta se pusieron de acuerdo para exigir al gobierno de España que hiciera algo de una vez. Al día siguiente, Juan Jesús Vivas describió una ciudad al borde del colapso y atribuyó políticamente la crisis a una manipulación de Marruecos sobre su propia población. Aquello era entonces una valoración política. Después llegaron los informes. Porque de esto mismo también habla el informe policial entregado a la juez Tardón: el uso de la técnica SPREAD, que es un método de marketing en esta ocasión utilizado para engañar a la gente.
La denuncia presentada por Iustitia Europa abrió una vía judicial para esclarecer lo sucedido. Como siempre conviene recordar, una denuncia no demuestra los delitos que enumera. Puede formular hipótesis que después prosperen o no. Su importancia en este caso está en que permitió impulsar diligencias y exigir documentación a Policía Nacional y Guardia Civil para saber qué información tenían, cuándo la tuvieron y qué pudo ocurrir al otro lado de la frontera.
El informe de unas 55 páginas elaborado por el CENIF a petición de la magistrada María Tardón contiene algunos de los elementos más graves conocidos hasta ahora. La Policía describe la entrada de los días 30 y 31 como una actuación planificada y no espontánea, habla de "total permisividad" por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes y recoge la presencia de agentes uniformados y de paisano, actuaciones de control de la multitud y comportamientos que los investigadores interpretan como compatibles con un "guiado activo" de quienes trataban de cruzar.
Son conclusiones de enorme gravedad. Pero también aquí debemos ser escrupulosos: esos indicios no permiten afirmar todavía que Mohamed VI, el Gobierno marroquí o un determinado servicio de inteligencia dieran la orden de organizar la entrada. Una cosa es acreditar actuaciones de agentes sobre el terreno y otra demostrar quién pudo ordenar o diseñar una operación. Esa eventual responsabilidad del Estado marroquí sigue pendiente de investigación. De hecho, el propio Gobierno español mantiene que no dispone por ahora de pruebas suficientes para atribuir formalmente a Rabat la organización de la crisis.
Precisamente para eso está la investigación judicial: para averiguar quién dio instrucciones, qué papel tuvieron los agentes marroquíes, quién promovió las convocatorias, qué grado de organización existió y hasta dónde pudo llegar la cadena de responsabilidades. Marruecos ha comunicado que también investiga lo sucedido, aunque de momento no conocemos públicamente ni el alcance de esas pesquisas, ni quién las dirige, ni qué actuaciones concretas están siendo objeto de examen. Tan imprudente sería acusar ya al Gobierno marroquí como descartarlo antes de haber terminado la investigación. Lo mismo para Rusia e Israel, que fueron los primeros señalados por el Gobierno en una actitud absolutamente irresponsable e imprudente. ¿O acaso tiene información el Gobierno que nos pueda dejar claro semejante hecho? Porque lo que la Comisión Europea ha dicho hasta ahora es que en las investigaciones realizadas por solicitud de España no pueden determinar en ningún caso la participación previa, aunque sí se haya podido comprobar que "pescaron en río revuelto". Es decir, que se detecta una mayor actividad en determinados perfiles en redes sociales precisamente a tenor del día 30 de julio. Y aprovecharse de un conflicto no es lo mismo que provocarlo.
Por eso es fundamental una investigación profunda y sin sesgos. En medio de esa investigación apareció otro problema difícil de ignorar. La información que se tenía y quién la había recibido es un elemento fundamental para derivar responsabilidades por parte de España. Porque esta investigación también es fundamental.
Fernando Grande-Marlaska reconoció haber conocido por la prensa las principales conclusiones del informe policial remitido a María Tardón. El ministro escribió entonces al director general de la Policía, Francisco Pardo, preguntándole desde cuándo disponía el cuerpo de una información que consideraba esencial para poder tomar decisiones en materia de seguridad, política exterior y defensa del Estado. Pardo respondió que no había conocido el informe porque la magistrada había ordenado que su contenido no se trasladara por la cadena de mando. Un hecho absolutamente lógico y normal porque la juez solicita una prueba a la policía, que opera como policía judicial y se debe a lo que la juez instructora solicite, como fase de investigación.
Es decir, el informe que la juez Tardón solicita dentro del proceso iniciado por la denuncia de Iustitia Europa es una petición de información a la policía como peritaje. Y es comprensible que esta información deba ser confidencial, sobre todo si puede determinar que alguien no informó como debía, o alguien frenó la actuación necesaria en algún peldaño. Porque, precisamente, lo que Tardón está investigando es esto: si hubo algún tipo de responsabilidad en lo sucedido por parte de las autoridades españolas. ¿Cómo le van a dar la información a la parte susceptible de ser investigada? De hecho, es curioso que el propio Marlaska haya actuado como lo ha hecho estos días, después de haber sido juez y conocedor de los procedimientos que, según información publicada, él mismo ha aplicado en su etapa en los juzgados. Por cierto, la respuesta que le da el DAO me resultó curiosa porque dice no tener ningún tipo de información relativa a las entradas masivas del "30 y 31 de agosto". Un fallo sorprendente en la carta que publicaba el diario El País esta semana y que, hasta donde yo sé, no ha sido enmendado ni corregido.
La aparición en escena del informe secreto en El Español hizo que el foco empezara a desviarse. De lo sucedido en Ceuta pasamos a discutir sobre la Policía que había redactado el informe y sobre la jueza que había ordenado mantener la reserva de la investigación. Y jurídicamente conviene subrayar lo que hemos dicho antes, esto es, que la Policía depende orgánicamente del Ministerio del Interior, pero cuando actúa como Policía Judicial en una investigación concreta, está sometida funcionalmente a las órdenes del juez, tribunal o fiscal que dirige las diligencias. No es una rareza ni una anomalía. Está previsto precisamente para garantizar la independencia de una investigación penal frente al poder ejecutivo.
A pesar de ello, y de que el propio Marlaska ha sido juez y lo sabe, el ministro del Interior trasladó a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, su preocupación por la decisión de María Tardón. Puede entenderse que un ministro considere problemático no disponer de una información que afecta a una crisis nacional. Ese debate institucional es legítimo. Otra cosa es cuestionar el comportamiento de unos agentes que estaban cumpliendo una orden judicial. De todos modos, habría sido una buena oportunidad por parte de Marlaska de demostrar su respeto a la autoridad judicial y no poner en duda los procedimientos.
La respuesta del Poder Judicial fue especialmente contundente. Perelló reclamó respeto para las decisiones de la magistrada y recordó que actuaba en el ejercicio de sus funciones constitucionales. Después, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional respaldó por unanimidad a Tardón y defendió que su actuación se desarrollaba dentro de sus competencias y en protección del interés general. Es un pronunciamiento que no debería banalizarse. Cuando el órgano de gobierno de la Audiencia Nacional considera necesario cerrar filas de esa manera después del reproche formulado desde Interior, estamos ante algo más que una pequeña discrepancia administrativa. Le han tenido que dar un mensaje muy serio y contundente al ministro del Interior, nada más y nada menos. A mí me parece grave, pero ya está claro que lo que nos parece grave al común de los mortales, a los que mandan les da lo mismo.
La Guardia Civil también ha entregado ya su informe a la juez Tardón. En su documento se reconoce que existieron comunicaciones previas, pero sostiene que ninguna permitió anticipar la dimensión final de la crisis. Y ese dato debe incorporarse al análisis porque evita caer en una reconstrucción interesada según la cual todo el Estado sabía perfectamente qué iba a ocurrir y alguien decidió conscientemente no hacer nada. Eso no está demostrado. Lo que sí sabemos es que había información dispersa y que resulta legítimo preguntarse si alguien la valoró en conjunto.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera además que existen indicios suficientes para seguir investigando. Apunta a posibles delitos relacionados con el favorecimiento de la inmigración irregular, homicidios y lesiones y organización o grupo criminal, sin que eso signifique que estén probados ni que puedan atribuirse todavía a una persona o institución concreta. Ha pedido también el secreto parcial de las actuaciones. Es un detalle relevante en medio de la polémica con Tardón: la reserva de determinadas diligencias no es una extravagancia de la magistrada, sino un instrumento procesal que también la Fiscalía considera necesario en una investigación de esta naturaleza.
Queda una última cuestión, quizás la más importante: qué podía haber hecho el Gobierno antes del día 30. Porque criticar una gestión solo tiene sentido si existían alternativas reales.
Y existían.
La Ley de Seguridad Nacional establece mecanismos para detectar y valorar riesgos, coordinar recursos y preparar respuestas ante situaciones susceptibles de afectar gravemente a la seguridad. Incluso contempla la declaración de una situación de interés para la Seguridad Nacional cuando la gravedad, urgencia y transversalidad de una crisis exigen reforzar la dirección y coordinación del Estado. No puede afirmarse que Pedro Sánchez estuviera jurídicamente obligado a utilizar ese instrumento concreto los días 27, 28 o 29. La ley exige una valoración política y técnica y sería incorrecto presentar esa decisión como automática.
Pero sí podemos preguntar si se valoró elevar el nivel de coordinación. Y, mucho antes de acudir a una figura extraordinaria, había medidas mucho más sencillas: reforzar Policía Nacional y Guardia Civil, posicionar unidades de reserva, incrementar la vigilancia marítima, preparar dispositivos sanitarios y de acogida, coordinar expresamente a Interior, Defensa, CNI, Delegación del Gobierno, autoridades ceutíes y Departamento de Seguridad Nacional, elaborar distintos escenarios de contingencia y aumentar la presión diplomática sobre Rabat para exigir garantías respecto al funcionamiento de su lado de la frontera.
Nada de esto exige vulnerar la legislación de extranjería. Nada autoriza devoluciones indiscriminadas. Nada obliga a elegir entre derechos fundamentales y seguridad. Gobernar consiste precisamente en ser capaz de proteger ambos.
Después de todo lo conocido, las preguntas son bastante sencillas. ¿Quién recibió el análisis policial del 28 de julio? ¿Qué hizo con él? ¿Qué recorrido tuvo la alerta del día 29? ¿Qué medidas se adoptaron después de que el CNI comunicara la convocatoria? ¿Se relacionaron esos avisos con el salto del día 26 y con las reclamaciones que llegaban desde Ceuta? ¿Se valoró la hipótesis de una posible relajación marroquí del control fronterizo? ¿Qué información llegó a Moncloa y al Departamento de Seguridad Nacional? ¿Alguien tuvo delante todas las piezas al mismo tiempo?
Porque quizá el problema no fuera que los servicios de información desconocieran lo que iba a ocurrir. La inteligencia rara vez ofrece certezas semejantes. Tal vez el verdadero fallo estuvo en otra parte: en que había información repartida entre distintos organismos y nadie construyó con ella una imagen suficientemente preocupante como para cambiar la respuesta del Estado. Si la información existía pero no circuló, tenemos un problema de coordinación. Si circuló y fue infravalorada, tenemos un problema de decisión. Si el sistema no tenía capacidad para reunirla y valorarla conjuntamente, tenemos un problema estructural.
Cualquiera de las tres posibilidades exige explicaciones.
Y desde luego que no sería absurdo pensar que este tipo de problemas son los que le interesan a la inteligencia de potencias extranjeras que quieran debilitarnos. Es sorprendente que España no trabaje más en serio sus puntos débiles y, de hecho, parezca estar empeñada en debilitarlos todavía más.
Por eso me parece especialmente desacertado que parte de la respuesta política haya terminado apuntando hacia los policías que redactaron el informe o hacia la magistrada que ordenó investigarlo. Investigar lo sucedido no perjudica al Estado. Debería servir para saber dónde falló. La Audiencia Nacional ha respaldado a la jueza, la Fiscalía considera que hay indicios suficientes para continuar y el Gobierno ha anunciado que está dispuesto a hacer pública la documentación previa.
Que lo haga. Pero sin la más mínima trampa, sin el más mínimo truco.
Con las cautelas necesarias para proteger fuentes, operaciones de inteligencia e investigaciones en curso, pero con una cronología completa que permita saber qué sabía cada organismo, cuándo lo supo, a quién se lo comunicó y qué decisión se tomó después.
Estoy segura de que si Sánchez se ha lanzado así a desclasificar algo es porque ya sabe lo que contiene. Y lo complicado va a ser determinar lo que es grave, cuándo hay que actuar y de qué manera está establecido el protocolo para que no resulte demasiado interpretable (que es lo que intuyo que pasará).
Después de todo lo que conocemos, hay algo que puede decirse sin exagerar, sin convertir sospechas en certezas y sin necesidad de acusar a nadie de haber conocido de antemano lo que iba a suceder: ningún informe predijo la dimensión que alcanzaría la crisis de Ceuta. O desde luego, se puede defender que decían una cosa y la contraria a la vez. "Extrema gravedad" al tiempo de "baja probabilidad".