El síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas, Miquel Salazar, ha enviado un comunicado este jueves al president del Parlament, Josep Rull, en el que le expresa, en nombre del Pleno de la Sindicatura, su rechazo a las manifestaciones que realizaron, en la comisión parlamentaria de Drets Socials, exdirigentes de ERC que estaban al frente del Departament de Drets Socials y que criticaron abiertamente su informe fiscalizador sobre la Dirección General de Atención a la Infancia (DGAIA). La crisis abierta  en la DGAIA ha sido real y el Govern del PSC la ha eliminado y ha creado un nuevo organismo con el nombre de Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA). "La Sindicatura de Comptes de Catalunya trabaja con independencia y rigor y rechaza la utilización de la institución para intereses ajenos a las funciones que tiene encomendadas.", cierra el escrito de queja.

En concreto, la sindicatura critica que uno de los excargos republicanos afirmó: '(...) me sorprende que una síndica nombrada por un partido independentista ponga el dedo aquí, sin embargo, en fin, ustedes sabrán a quién nombran (...)'. Ante estas declaraciones, la sindicatura responde: "Los miembros del Pleno de la Sindicatura no representan ninguna formación política. Las síndicas y síndicos que forman el Pleno de la Sindicatura han sido designados por un acuerdo que requiere una mayoría cualificada de las tres quintas partes de la cámara catalana. En el caso de los miembros del Pleno actual han sido escogidos por 97 diputadas y diputados de los 135 que configuran el Pleno del Parlament."

 

Priorizar a los menores

El exconseller de Drets Socials, Chakir el Homrani, y los otros ex altos cargos cuestionaron el informe de la Sindicatura de Cuentas del año 2024, en el cual se recogían "irregularidades" entre el año 2016 y el 2020 de la DGAIA. Indicaron que priorizaron la atención del alud de menores no acompañados que hubo en Catalunya. Y recordaro que a finales del 2017, la Generalitat estuvo intervenida por el 155 y se prorrogaron los contratos porque nadie los quería asumir. El exsecretario general del departament, Oriol Amorós, fue muy crítico con el informe de la Sindicatura de Cuentas.

En el comunicado, la sindicatura afirma: "El resultado de la fiscalización se fundamenta en hechos objetivos producidos en el periodo analizado y soportados documentalmente y únicamente hace referencia al ente fiscalizado, en ningún caso se tiene en consideración quién está al frente del Govern". Y añade:" El informe 3/2024, Contratación pública y adjudicación del servicio de acogimiento de la infancia y la adolescencia, ejercicios 2016-2020, se elaboró por mandato directo del Parlament y fue aprobar por el Pleno de la Sindicatura por unanimidad de sus miembros. El mencionado informe se fundamenta en los hechos objetivos y soportados documentalmente que tuvieron lugar durante los ejercicios fiscalizados y estos hechos se refieren únicamente a la DGAIA."

La Sindicatura de Cuentas tiene pendiente de finalizar un segundo informe, a petición de la Oficina Antifraude de Catalunya, sobre supuestas irregularidades en la concesión de ayudas a jóvenes extutelados, según denunció un trabajador de una entidad que los gestionaba.