El escándalo de la menor, que estaba bajo la guarda de la Generalitat y que fue agredida sexualmente por una red de pederastas, ha sido protagonista en la comparecencia de la consellera de Drets Socials, Mónica Martínez Bravo, en comisión en el Parlament de Catalunya. Ella misma pidió su comparecencia, pero antes ya lo habían hecho Junts per Catalunya y el PP, meses atrás, para que diera explicaciones sobre la repentina destitución de la cúpula de la DGAIA, ahora refundada como DGPPIA, pocos meses después de que ella misma la nombrara. Este ema, sin embargo, ha pasado en un segundo plano, entre las quejas de buena parte de los grupos, ya que la consellera ha centrado su intervención a explicar el caso de los abusos en esta menor, que cuando empezaron estaba a punto de hacer 13 años. Tal como ha explicado, la conselleria ha elaborado un expediente informativo sobre las actuaciones de la DGAIA en este caso, que apuntan, según ella "en varios ámbitos de mejora", y que una vez este ha sido elaborado, el departamento ha entrado en una "nueva fase" para ver si las "actuaciones analizadas, se pueden derivar responsabilidades concretas".
Insistiendo en que los hechos se produjeron antes de la entrada del nuevo Gobierno, Martínez ha dicho que no es su "intención analizar problemáticas para buscar culpables", ya que su objetivo es analizar "los ámbitos de mejora" para conseguir que Catalunya tenga un sistema de protección de infancia "de excelencia". Dicho esto y, partiendo de la base que la menor no estaba bajo la tutela de la Generalitat (siempre fue de sus padres) sino que estaba en situación de guarda, Martínez ha querido destacar el trabajo de los trabajadores de la DGAIA, pero reconociendo que este trabajo no fue suficiente y que el sistema falló a la menor: "El sistema protegió a la menor como pudo, los profesionales fueron clave, pero suficientes. A pesar del acompañamiento, el sistema falló a la menor y nada puede compensar el dolor que sufrió la menor", ha reflexionado.
Retrasos en la activación de los protocolos
Durante su intervención inicial, la consellera ha asegurado que, de acuerdo con las conclusiones preliminares del informe, se han detectado cuatro disfunciones en el servicio. La primera, un retraso en la activación de los protocolos de abuso sexual, "a pesar de la diligencia y la coordinación". Según ha detallado la titular de Drets Socials, el protocolo de abuso en este caso se activó un año más tarde de la primera sospecha de que la chica era víctima de estas agresiones. En segundo caso, que no se derivó a un recurso especializado, cuando "se habrían podido valorar otras opciones de tutelas más especializadas". En este sentido, la consellera ha dejado claro que se tiene que tener muy en cuenta que esta es una situación muy delicada porque "los centros no son prisiones ni los adolescentes delincuentes" y, por lo tanto, los procesos de privación de libertad son complicados. En tercer lugar, que si bien se abrió un expediente de estudio de desamparo, después de que se pusiera una denuncia de fuga de la menor, este no se efectuó de "manera urgente". Finalmente, la consellera también ha apuntado que su departamento y la Generalitat no han tenido acceso al proceso penal, porque no había sido nunca tutora legal de la menor.
Críticas de la oposición
Tras la consellera, ha llegado el turno de los partidos de la oposición, que en líneas generales, han centrado sus críticas, especialmente por parte de Junts, por el hecho de que la consejera no haya dado explicaciones sobre la destitución de la cúpula de la DGAIA y tampoco sobre los informes de la Sindicatura de Comptes. Ex altos cargos de la DGAIA dieron su versión de los hechos hace dos semanas, que partidos como el PP han criticado, ya que, consideran, menospreciaron el trabajo de la sindicatura. Yendo más allá, este miércoles lo mismo nos ha publicado un nuevo informe más amplio (que abarca de 2016 a 2024) y ha cifrado en 167 millones los "pagos indebidos" por prestaciones de Drets Socials. En este sentido, la diputada de Junts, Ennatu Domingo, ha pedido al Govern que aplique las recomendaciones del nuevo informe, reclamando que el PSC no vote en contra de aplicarlas.
Auditoría sobre las irregularidades
Ante estas críticas de buena parte de la oposición, la consejera ha reiterado la versión de los hechos sobre la destitución de la cúpula de la DGAIA que ha ido pronunciando desde que se produjo el cese: "Cambiamos la directora de la DGAIA, la anterior había estado seis años en el cargo y era momento de abrir. nos dimos cuenta de que necesitábamos un liderazgo distinto", ha resumido. Respecto a las "presuntas irregularidades", Martínez asegura que su voluntad es "dar máxima transparencia" y que por ello han pedido una "auditoría interna para ver el alcance de las incidencias".