El nuevo informe de la Sindicatura de Comptes, que fiscaliza las prestaciones garantizadas del Departament de Derets Socials, entre las cuales también las que ha otorgado la DGAIA (ahora DGPPIA), ha puesto más leña al fuego al descalabro dentro de la conselleria a raíz de la doble crisis dentro del ente por el caso de una red de pederastia que violó a una menor protegida por la Generalitat y las irregularidades económicas. Este nuevo informe señala que se han detectado pagos indebidos de prestaciones, con un valor de hasta 167,5 millones de euros, en el periodo comprendido entre el 2016 y en el 2024. En este sentido, la consellera de Drets Socials, Mónica Martínez, que esta mañana del miércoles ha comparecido en comisión, ha recordado que el Ejecutivo de Salvador Illa ha puesto en marcha un plan de choque para evitar que se den estas situaciones y también ha atribuido los pagos indebidos a la falta de digitalización y de recursos: "Si no tienes las herramientas digitales adecuadas y haces una gestión basada en manualidades, muy rápidamente puedes tener un volumen de solicitudes que no puedes gestionar de manera ágil con el personal que tienes, y eso hace que muchas veces se generen estos pagos indebidos", ha explicado.
De esta manera, Martínez ha negado la mayor y ha asegurado que el pago indebido de hasta 167 millones de euros no son casos de malversación, sino que los atribuye al hecho de no tener "suficientes manos para hacer actualizar con la agilidad necesaria las prestaciones, y no tener la información para ajustar aquella prestación cuando el hecho se produce". En este sentido, ha explicado que el departamento está implementando herramientas digitales que permitan interconectar bases de datos y hacer así una gestión automática de las prestaciones y evitar pagos indebidos. Con todo, no ha precisado el calendario y tampoco ha podido asegurar que este 2025 también haya irregularidades en el sistema.
El informe de la Sindicatura de Comptes
Según ha detallado la consellera, el Departament de Drets Socials era consciente de la realidad que expone la Sindicatura de Comptes en este informe, que llega meses después de un primer documento donde el ente clamó en el cielo contra las irregularidades económicas de la DGAIA. En esta ocasión, el organismo pone de manifiesto la "falta de seguimiento y control eficaces en la gestión de las prestaciones", que ha provocado "la existencia de casos que podrían incurrir en incompatibilidades y un volumen elevado de pagos indebidos". En general, las prestaciones con un volumen más elevado de gasto del departamento están vinculadas a la Renda Garantida y a la Ley de Dependencia.