La DGAIA (Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia) está en el ojo del huracán por dos escándalos que han hecho aflorar las deficiencias de un organismo que se encarga de la protección de 19.000 menores en Catalunya, 9.000 de los cuales están separados de sus padres. Por un lado, la red de pederastia de Barcelona, encabezada por un electricista, que captó a una menor de 13 años a cargo de la DGAIA a través de una aplicación de teléfono móvil, la violó y la prostituyó. Por la otra, las irregularidades en los contratos con entidades que atienden a los menores. El estallido de esta crisis ha destapado un problema sistémico y latente en la atención a los menores desamparados. Actualmente, hay tres organismos independientes que han abierto investigaciones sobre la DGAIA: la Sindicatura de Cuentas, la Oficina Antifraude de Catalunya y la Sindicatura de Greuges. Y, delante la presión, el Govern de Salvador Illa ha tenido que arremangarse para buscar soluciones a unas deficiencias que se arrastran con responsables de todos los colores políticos.

El primer aviso fue de la Sindicatura de Cuentas, el organismo que se encarga de fiscalizar la gestión económica del sector público en Catalunya, que alertó en un informe donde se analizaba el gasto del ente entre el 2016 y el 2020, de importantes irregularidades en la contractación. Paralelamente, la Oficina Antifraude de Catalunya, el noviembre pasaso, inició una investigación sobre el alcance de este mal uso de dinero público, a raíz de la denuncia de un educador social, que ha pasado a ser alertador de corrupción protegido, después de ser presionado  tras denunciar decenas de irregularidades en la tramitación de ayudas a jóvenes tutelados que se emancipan. 

Más riesgo de explotación sexual en menores de la DGAIA

El escándalo de la menor a cargo de la DGAIA explotada sexualmente  con solo 13 años, desde el 2020 en el 2021, estalló el lunes, cuando se anunció que la Fiscalía pide 107 años de prisión para el electricista que la violó y ofreció a otros hombres, mientras grababa todas las agresiones sexuales, en uno piso del Raval de Barcelona. Esta red de pederastas fue desarticulada el 2024 por los Mossos. Sin embargo, el escrito de acusación revela cómo se aprovechó de esta menor y, en palabras de los Mossos, "instrumentalizó su relación" para explotarla sexualmente, mientras se desconoce los controlos para protegerla del centro de la DGAIA donde vivia. El magistrado de Barcelona que investiga el caso, tiene dos procedimientos más abiertos con pederastas y más víctimas, como la de un chico menor de 14 años.

Desgraciadamente, no es la primera vez que se destapa un caso de explotación infantil con menores bajo la guarda o tutela de la Generalitat. El caso de Tortosa, con menores vulnerables, es escalofriante.

En una reacción desconcertante, la consellera de Derechos Sociales, Mònica Martínez, afirmó que el Govern se personará como acusación popular en el caso penal de la menor de la DGAIA. No obstante, el TSJC ya ha aclarado que no lo puede hacer en el primer caso contra el electricista, ya que se ha enviado a juicio. En el segundo procedimiento, contra el electricista y 10 hombres más, acusados de violar a la niña, el juez tendrá que decidir si lo acepta. Y en el tercer procedimiento, inicialmente, hay menores, pero no tutelados por la DGAIA. Por ahora, ni la Fiscalía ni ninguna víctima ha reclamado responsabilidad civil a la Generalitat.

En este sentido, la síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, anunció, el jueves, que abría una investigación  de oficio para aclarar el caso de la menor y recordaba una de sus alertas, dadas en noviembre de 2023, en el informe sobre los menores tutelados: "Las adolescentes atendidas por el sistema de protección tienen un riesgo de sufrir explotación sexual marcadamente superior al de la población infantil en general." Es decir, los menores tutelados son carne de cañón en un sistema que los tendría que proteger. 

La síndica afirma que "las escapadas del centro son un síntoma de déficit de bienestar", y una puerta para sufrir agresiones. Los educadores sociales también sostienen que hace tiempo que hace falta actuar e invertir en la atención a menores, con situaciones vitales más complejas.

En el informe de la Sindicatura de Greuges se detalla que en abril de 2023, en Catalunya hay 132 niños y adolescentes zafados de los centros residenciales donde viven, que representan al 2,5% de los niños y adolescentes en acogimiento residencial. La  mayoría tienen 12 años o más. También se precisa que los adolescentes migrantes solos tienen una tasa de escapadas inferior, que los que no lo son. Y un dato clave: "Son más prevalentes las fugas en las chicas de 12 a 17 años que en los chicos de esta edad."

Déficits e irregularidades

La síndica afirma abiertamente que en Catalunya hay "déficit de inversión" para hacer frente al aumento de la pobreza infantil, que en algunos casos es el motivo de separarlos de los padres, por negligencias que se podrían reconducir con recursos, aparte de los casos extremos de maltratos o abusos sexuales, que la mayoría de menores sufren en el entorno de la familia.

Con todo, la síndica no esconde que los últimos años, "se ha incrementado de manera notable" la financiación del Departament de Derechos Sociales en concepto de profesionales de los equipos básicos de atención social, que ha pasado de los cerca de 55 millones de euros del periodo 2010- 2015 a los 87,3 millones de euros del año 2022. También ha aumentado el número de profesionales, de cerca de los 2.350 del periodo 2010-2015, a los 3.113 del 2022.

No obstante, la Sindicatura de Greuges también ha sido alertada de deficiencias en la comida o en la tramitación de las ayudas para jóvenes cuando obtienen la mayoría de edad. Precisamente, Antifraude investiga si ha habido fraude en la gestión del dinero que reciben entidades para dar la ayuda a extutelados migrantes. Lo denunció un trabajador de la Fundación Resilis,  a la cual ElNacional.cat se ha puesto en contacto para que dé su versión sin obtener respuesta. Antifraude ha pedido la colaboración de la Sindicatura de Cuentas y en verano los dos organismos, que dependen del Parlament, tienen que presentar sus informes sobre si realmente ha habido malversación de fondos públicos en la DGAIA. Extremo que tendría que ir a los juzgados; ahora no hay ninguna denuncia.

La advertencia de la Sindicatura

Hace más de un año, en marzo del 2024, el pleno de la Sindicatura de Cuentas aprobó un informe que hacía referencia a la "contratación y adjudicación del servicio de acogida de la infancia y la adolescencia" en los ejercicios entre el 2016 y el 2020. Durante estos años, el Departament de Derechos Sociales, y por lo tanto la DGAIA, estaba liderada por Esquerra Republicana, primero por la consellera Dolors Bassa y después por el conseller Chakir El Homrani. Las observaciones que hicieron los técnicos en el informe son duras. Una de las más significativas es que, en este periodo, se prorrogaron contratos sin firmar ningún documento, aunque se siguieron prestando los servicios, o que se utilizó "reiteradamente" el procedimiento de emergencia entre los años 2017 y 2018 sin que hubiera motivo para hacerlo. Eso, por otra parte, provocó modificaciones el régimen económico con una alteración "significativa" de los contratos originales. También económicamente, el gasto reconocido por la DGAIA fue superior a la contratada en tres ejercicios: en el 2016 en 774.283 euros; en el 2017 en 5,36 millones de euros, y en el 2018 en 11,8.

En el informe, la Sindicatura también denunciaba que en el 2016 el gasto de hasta 15 centros se reconoció sin tener formalizada la prórroga en el ejercicio y sin que la entidad tramitara ningún expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito. Eso supone que el gasto no tuviera ningún amparo formal, entre otras irregularidades, que, advertía la Sindicatura "podían dar lugar a actos perseguidos administrativa y judicialmente".

 

 

Pendientes de comparecer en comisión

Ante estos datos, el exconseller de Economía y ahora diputado de Junts en el Parlament, Jaume Giró, en enero pidió la comparecencia en la comisión de la Sindicatura de Cuentas del exdirector general de la DGAIA, Ricard Calvo, el exconseller Chakir El Homrani y exsecretarios generales del departament, Josep Ginesta y Oriol Amorós, con la intención que den explicaciones ante la comisión de Derechos Sociales. Estas se aprobaron en febrero, pero todavía no se han producido y se esperan para finales de mayo. Por otra parte, también se votó una propuesta de resolución para aplicar las recomendaciones de la Sindicatura a su informe, pero PSC, ERC y los comunes votaron en contra, mientras Giró les reprochaba "falta de transparencia y rigor".

Semanas más tarde, el síndico de cuentas, Miquel Salazar, compareció en el Parlament y defendió el informe ante la polémica que había generado. Desde de ERC, lamentaron que "se estuviera haciendo el juego a la extrema derecha", siempre con la inmigración al punto de mira, con el informe, asegurando que las irregularidades en la contratación se debían a la llegada imprevisible de menores migrantes no acompañados, la aplicación del artículo 155 en octubre del 2017 y la pandemia de la covid, que empezó en marzo del 2020.

"Cuando explicamos un problema es porque lo hacemos con conocimiento de causa. Muchos nos encontramos con que son cronificados. Nuestra administración tiene problemas, y muchos. Estamos poniendo soluciones y hacemos recomendaciones", defendió al síndico, casi un año después de que la entidad que preside aprobara el informe que destapaba una parte del escándalo.

Descalabro político

Con la llegada de la nueva consellera Mònica Martínez Bravo, como relevo de Carles Campuzano en el departament, se nombró a una nueva cúpula a la dirección general, ahora bajo lupa. La elegida el pasado mes de agosto fue Isabel Carrasco, que había sido vinculada al ente desde 1998, cuando empezó a trabajar en la delegación de Tarragona. En el 2016 se convirtió en jefa del servicio. Carraso sustituía a Ester Cabanes, que había sido al cargo desde el 2016, con la entrada de Dolors Bassa. Con todo, solo medio año después, a finales de marzo de este 2025 y con el revuelo provocado por el informe de la Sindicatura de Cuentas de fondo, Martínez Bravo decidió destituirla a ella y su número 2, Joan Mayoral, y poner en su lugar a Josep Muñoz Luque.

La primera reacción del Govern después de que se publicasen detalles del infierno que había sufrido a la menor protegida por la DGAIA fue expresar su "consternación" y el día siguiente, la consellera Martínez fue más allá para reconocer que el ente necesitaba una "transformación profunda" y que, yendo más allá, esta era una necesidad "evidente" desde hacía años. La consellera ha avanzado su intención de comparecer para dar explicaciones al Parlament y en el pleno que se celebrará la próxima semana habrá una interpelación de Junts en que el partido de Carles Pugidemont preguntará a la consellera por este asunto.

Otra de las repercusiones que ha tenido el caso de la red de pederastia liderada por este electricista ha sido el hecho de que de una vez y por todas se haya puesto en marcha una comisión de investigación en el Parlament sobre la DGAIA. A primera hora del jueves la planteó Junts per Catalunya y horas después, PSC, ERC y los comunes anunciaron un pacto por su creación. Esta propuesta saldrá adelante porque los tres grupos tienen mayoría en la cámara. Desde la CUP, sin embargo, ya han advertido que esta no es suficiente y que hay que legislar para conseguir un cambio de modelo. Así pues, su propuesta es impulsar una ley que garantice la protección de los menores, denunciando que haya dinero público que vayan a parar a manos privadas a través de las fundaciones que gestionan los centros de menores tutelados y que, tal como ha denunciado el extrabajador, cometen decenas de irregularidades.

Las alfombras de la DGAIA, al final, se levantan.