La Oficina Antifrau de Catalunya investiga irregularidades alrededor de las ayudas económicas que la Administración pública catalana concede a jóvenes extutelados por la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). En concreto, la lupa está sobre dos entidades a través de las cuales se conceden estas prestaciones: la Fundació Resilis y la UTE Fundació Mercè Fontanilles-Fundació Resilis, tal y como ha avanzado La Vanguardia este jueves. Antifrau investiga un posible "perjuicio para la Hacienda pública", a raíz de la denuncia de un educador social que habría advertido que algunos jóvenes reciben prestaciones sociales pese a que ya no deberían recibirlas.
Un ejemplo denunciado es el de un joven extutelado por la DGAIA que cobraba prestación de Catalunya, en constar como residente aquí, pero que trabajaba en València. Así, los jóvenes recibirían la ayuda y las entidades que lo gestionan recibirían a su vez los ingresos de la DGAIA. Sin embargo, el negocio no es redondo, puesto que los jóvenes luego tienen que vérselas con Hacienda para explicar esos ingresos. "Se encuentran con 21 años, con una deuda con Hacienda y sin recursos. Y eso la DGAIA lo sabía. Al final, es una negligencia y todo un despropósito", han declarado fuentes conocedoras del caso al citado diario.
Grabaciones de conversaciones que apuntarían a malversación de fondos
El educador social denunciante habría sido obligado por sus superiores a emitir documentación falsa para mantener un presunto fraude. Él habría dado aviso y esto habría sido ignorado por la DGAIA y la fundación Mercè Fontanilles, según relata La Vanguardia. Entonces, el trabajador decidió grabar durante cinco meses conversaciones con sus compañeros de trabajo y sus superiores, unas pruebas que apuntarían a que ha habido una malversación de fondos consciente y que ahora están en manos de la Oficina Antifrau de Catalunya.
También en manos de la Sindicatura de Comptes
La Sindicatura de Comptes de Catalunya también tiene el caso entre manos, después de que Antifrau les trasladara la denuncia del educador social. Así, la entidad está fiscalizando las prestaciones económicas a cargo del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, al que está adscrito la DGAIA, correspondientes al 2022. También serían conocedores de los hechos en el Síndic de Greuges de Catalunya, puesto que el educador social también les hizo llegar la denuncia. Por el momento, el denunciante está bajo la protección de Antifrau —de manera que no puede ser despedido como represalia.