Más movimientos. Después de semanas de desconcierto, Junts finalmente se ha pronunciado: no dará apoyo a la modificación de la Ley de Política Lingüística. Los de Carles Puigdemont, pues, retroceden. Y es que a finales de marzo pactaron, junto con Esquerra Republicana, el PSC y los Comuns, modificar esta normativa con el objetivo declarado de proteger las escuelas ante la sentencia del 25% del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Un movimiento, sin embargo, que fue acompañado de críticas de parte del sector independentista, y que hizo dudar a Junts. Finalmente, y después de un mes y medio de tiras y aflojas, reproches, y avisos públicos y privados, la formación se ha decantado por retirar su apoyo del acuerdo por el catalán por la falta de "consenso" con las plataformas sociales. Los republicanos, pues, se quedan por ahora como única formación independentista que apuesta por esta vía, de la mano de los socialistas y los lilas.
Ante esto, los Comuns se han pronunciado con reproches para Junts. La líder de la formación, Jéssica Albiach, ha lamentado que los de Carles Puigdemont hayan acabado desmarcándose, aunque no se ha mostrado sorpresa por la decisión. "Era la crónica de una deserción anunciada", ha dicho. Sin embargo, ha criticado que no hayan puesto de su parte porque desde finales de marzo no han recibido ninguna propuesta. "Ni tienen palabra ni presentan ninguna alternativa", ha lanzado. "Hemos puesto todo de nuestra parte para hacer un acuerdo amplio, pero por su parte sólo hemos encontrado incumplimientos, silencio y poner el partido por delante del país".
Albiach no solo ha querido tirar reproches a Junts, sino que también ha compartido qué estrategia quieren impulsar ahora los Comuns. Y es que esta misma tarde los lilas se reunirán de urgencia con Esquerra Republicana y el PSC, las dos otras formaciones que quedan dando apoyo al acuerdo, para reunirse alrededor de un objetivo claro: realizar un pleno extraordinario la semana que viene. Así pues, Albiach espera que los dos principales partidos de la cámara se abran a celebrar una sesión que permita aprobar el acuerdo en los próximos días, ante la urgencia que impone la sentencia del 25%, y también ha remarcado la importancia de poner una fecha concreta para saber en qué momento se activaría la Ley de Política Lingüística. En este sentido, se ha dirigido directamente a los republicanos, que podrían poner algún problema a esta vía, ya que la portavoz, Marta Vilalta, ha indicado hoy mismo que todavía no tienen cerrados los siguientes pasos a seguir. "Junts ha demostrado que no tiene palabra. ERC tiene que demostrar, y confío en que lo hará, que tiene palabra". Para hacerlo más fácil, la líder de los Comuns incluso se ha abierto a modificar algún punto del texto antes de llevarlo al pleno.
Junts se justifica
La formación de Carles Puigdemont ha argumentado dos motivos para descabalgarse definitivamente de esta propuesta por el catalán: "Porque no hay consenso con el sector educativo de la lengua y porque no para un fallo judicial que impone 25% en las aulas". Precisamente, este lunes el TSJC emitió un auto al Departamento de Educación para que "cumpla de forma inmediata" la sentencia del 25% del castellano en todos los centros educativos de Catalunya, y en un plazo máximo de 15 días. Junts asegura que comparte la necesidad de parar la injerencia de los tribunales en las aulas, pero "siempre que las medidas se hagan por consenso" con las entidades de protección de la lengua y con los docentes. "No se puede hacer política de espalda a las entidades educativas y lingüísticas", ha advertido.
La dirección de la formación independentista se ha reunido para acordar el posicionamiento después de que durante los últimos días y hasta ayer mismo, tanto ERC como el mismo PSC y los Comuns han presionado al partido para que volviera al pacto a que se llegó el 24 de marzo para reformar la ley y del cual se desmarcó a raíz de las protestas de las entidades en defensa de la lengua. Junts ha trasladado ya su decisión a ERC y al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y ha anunciado que planteará una propuesta concreta para responder a la ofensiva judicial contra la lengua.