Un día después de la huelga contra la imposición del 25% del castellano en las aulas y justo un día antes de que acabe el plazo que impone el TSJC para cumplir esta norma, ERC, Junts, PSC-Units y comuns han llegado a un acuerdo para modificar la legislación para fijar el catalán como eje vertebrador de la escuela, y huyendo de los porcentajes que se quieren imponer. Los cuatro grupos han entrado a registro este jueves al mediodía una proposición de modificación de la Ley 1/1998 de Política Lingüística, que prevén que se aborde en la Mesa de la próxima semana y que se apruebe en el pleno del 5 y 6 de abril. Los partidos han explicado que la modificación, que está en el artículo 21, parte de la actualización de los consensos que se alcanzaron cuando se creó la ley, un consenso en torno al modelo lingüístico de la escuela, que tiene que tener el catalán "como centro de gravedad lingüística", pero también garantizando la presencia y el dominio de todas las lenguas oficiales.

El proyecto parte de la base de que el catalán es "lengua propia de Catalunya", y "la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo". Pero la modificación incorpora el castellano como vehicular ―por primera vez― y establece que serán los centros los que decidan su uso, atendiendo a la situación sociolingüística: "También es utilizado el castellano en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro, de acuerdo con los criterios que se establecen en el apartado 3". Este apartado 3 establece que para alcanzar el dominio oral y escrito del catalán y el castellano al final de la enseñanza obligatoria, la enseñanza de las lenguas oficiales y en las lenguas oficiales "tiene que tener garantizada una presencia adecuada" en los currículums y en los proyectos educativos de cada centro.

La nueva regulación pone énfasis, pues, en el hecho de que los proyectos lingüísticos se basarán en los resultados de las evaluaciones del alumnado en las lenguas oficiales, partiendo de la autonomía de los centros educativos y de su adaptación a la situación sociolingüística. Además, apuesta por un abordaje global e integrador de los recursos de aprendizaje y de los usos lingüísticos, que incluye tanto los usos de los docentes en el aula como las relaciones entre alumnos, las nuevas tecnologías o el trabajo en grupo, entre otros. Incluye también la eliminación de un artículo de la norma, consistente en que "el alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo de Catalunya tiene que recibir un apoyo especial y adicional de enseñanza del catalán".

Este acuerdo entre los grupos parlamentarios no pretende sustituir el decreto anunciado el martes por el conseller de Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, sino que es un movimiento más de la cámara catalana para defender el catalán, han dicho fuentes conocedoras. Cambray explicó que el Govern prepara un decreto para modificar la ley de educación de Catalunya (LEC) para hacer frente a la sentencia del TSJC y garantizó que no se aplicará el porcentaje del 25% en castellano.

¿Se ha hablado con la comunidad docente?

La propuesta del Govern se centra en la ley de educación, mientras que los grupos han decidido abordar la de política lingüística. ¿El motivo? Según los grupos, la de educación es más sectorial y la de política lingüística más general. Todos los grupos se han atribuido llevar tiempo trabajando para poder llegar a consensos y propuestas sobre la lengua, y preguntados sobre si han hablado de esta modificación con la comunidad docente, se han limitado a contestar que han hablado "con mucha gente".

 

La CUP marca perfil

Quien sí asegura haber hablado con la comunidad docente es la CUP, organización que no ha participado en el acuerdo de ERC, Junts, PSC y comuns. Ayer mismo los anticapitalistas presentaron una proposición de ley para blindar el catalán haciendo una modificación de la LEC ante "el inmovilismo de la Generalitat". El documento, consultado por ElNacional.cat, propone un cambio en el artículo 14 de la ley de educación de 2019, consistente en que el catalán sea la única lengua vehicular de aprendizaje.

Actualmente la Ley 12/2009 del 10 de julio de Educación contempla en el citado artículo que "el proyecto lingüístico tiene que incluir los aspectos relativos a la enseñanza y al uso de las lenguas en el centro, entre los cuales tiene que estar en todo caso el tratamiento del catalán como lengua vehicular y de aprendizaje". El matiz que propone modificar la CUP es que sea "única lengua vehicular". Además, los anticapitalistas añaden también un nuevo punto: que el proyecto lingüístico tiene que incorporar la garantía "del principio de igualdad y no discriminación por razón de proyecto lingüístico entre centros educativos".

Después de haber registrado esta proposición de ley, los anticapitalistas compartieron un comunicado en el que criticaron que la Generalitat haya dejado solas las direcciones de los centros enfrentándose al ataque de la sentencia del 25%: "Ante el éxito de la huelga y las protestas de la comunidad educativa hoy, la formación anticapitalista ha entrado a registro una proposición de ley que blinda la inmersión lingüística y reafirma el catalán como única lengua vehicular", apuntaba la candidatura, que aseguraba que la propuesta cuenta con el consenso de la comunidad educativa y que ha sido trasladada a una mayoría sindical del ámbito educativo.