Presión a Junts. Con todo después de que la semana pasada, la formación de Carles Puigdemont aplazara nuevamente el acuerdo por el catalán pactado entre el PSC, ERC, Junts y Comuns. Aunque la intención de las cuatro formaciones era sacar adelante la modificación de la Ley de Política Lingüística a principios de abril (después del acuerdo alcanzado a finales de marzo), tampoco lo hará en el pleno de esta semana en el Parlament. Y es que la semana pasada, la Junta de Portavoces decidió no incluirlo en el calendario. El portavoz de En Comú Podem, David Cid, había propuesto a la reunión que esta cuestión se abordara ya, pero ningún otro grupo parlamentario se sumó, después que Junts volviera a pedir más tiempo para llegar a una decisión sobre su posicionamiento y que hubiera consenso social. Situación similar pasó en la Junta de Portavoces de hace tres semanas, cuando ningún partido pidió incluirlo porque no había acuerdo con Junts. Así pues, es la tercera vez desde que se anunció el acuerdo a final del mes de marzo que se acaba posponiendo, y es que Junts ya retrocedió desde un inicio cuando vio el rechazo social que levantaba la iniciativa.

A este hecho ya respondieron el PSC y los Comuns para lamentar la parálisis del acuerdo y la imposibilidad de sacarlo adelante a causa de la oposición de Junts. Y ahora, con el ultimátum del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que ha impuesto al Govern aplicar el 25% de castellano en las aulas en los próximos 15 días, las dos formaciones han reaccionado sumando presión a los de Carles Puigdemont para hacer posible este acuerdo del catalán cuanto antes posible. La diputada de los socialistas, Esther Niubó, ha remarcado que ellos apuestan por cumplir la sentencia judicial del TJSC, pero ha manifestado que el acuerdo para modificar la Ley de Política Lingüística "permitía cumplirla con más flexibilidad y aplicando criterios pedagógicos esenciales". Así, se ha dirigido directamente a Junts para criticar a la formación: "Decidió anteponer sus intereses y este es el resultado de no hacer política", ha dicho por Twitter.

La líder de los Comuns, Jéssica Albiach, también se ha pronunciado en la misma red social y, en su caso y a diferencia del PSC, ha cargado con dureza contra la sentencia del TSJC. "Amenaza con poner fecha de caducidad en nuestro modelo de escuela pública catalana", ha criticado. Y a continuación ha señalado a Junts, de forma indirecta y sin mencionarlos, pero con el objetivo de remarcar la importancia de sacar adelante el acuerdo del catalán que la formación está paralizando. "Se ha acabado el tiempo de las excusas y los partidismos: hay que activar ya el acuerdo del Parlament para proteger las escuelas de las injerencias judiciales", ha advertido. Esta misma mañana también se ha pronunciado Esquerra Republicana sobre esto, y ha culpado las disputas internas de los de Carles Puigdemont: "Las disputas internas de un espacio en concreto no tendrían que hipotecar debates del país como es el de la defensa de la lengua catalana, porque sería irresponsable. Esperamos que muy pronto se pueda superar la situación interna de Junts".

Plazo de 15 días

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha emitido hoy un auto en el cual requiere al Departamento de Educación que "cumpla de forma inmediata" la sentencia del 25% del castellano en todos los centros educativos de Catalunya, que dictó la misma sección 5.ª de la sala contencioso administrativo del TSJC. Esta decisión es consecuencia de la legitimación, en opinión del tribunal, de la asociación Asamblea Escuela Bilingüe que solicitó la ejecución forzosa. No obstante, dos de los cinco magistrados del tribunal han expresado, en un voto particular, que no se tenía que haber aceptado la entidad como parte. El tribunal ha desestimado la solicitud de ejecución forzosa del partido ultra Vox y de algunos diputados del Parlament por falta de legitimidad. Se da la circunstancia que la Abogacía del Estado había pedido al tribunal que antes de ejecutar, evaluara si la Generalitat con las dos reformas anunciadas daba cumplimiento a la resolución del 2020 y ratificada por el Supremo el 20 de enero pasado.

En concreto, el tribunal ordena: "Requerir al conseller de Educación de la Generalitat a fin de que, en el plazo máximo de 15 días, dicte las instrucciones y establezca las garantías de control de las mismas que ocurran a los efectos que en el sistema educativo de Catalunya todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en un caso y el otro; utilización que incluirá como mínimo la docencia de la misma lengua y la de otra asignatura o materia de carácter troncal o análogo, y que informe al Tribunal en el mismo momento que finalice el nuevo plazo de ejecución sobre las medidas adoptadas y el grado de cumplimiento de estas".