Junts ha acordado por unanimidad no participar en la reforma de la ley del catalán pactada a finales de marzo con PSC, ERC y comuns. La formación de Carles Puigdemont ha argumentado dos motivos para descabalgarse definitivamente de aquella propuesta: "Porque no hay consenso con el sector educativo y las entidades de defensa de la lengua y porque no frena un fallo judicial que impone 25% en las aulas". Junts ha trasladado ya su decisión a ERC y al president de la Generalitat, Pere Aragonès, y ha anunciado que planteará una propuesta concreta para responder a la ofensiva judicial contra la lengua.
La permanente del partido se ha reunido para acordar formalmente el posicionamiento después de que durante los últimos días y hasta ayer mismo, tanto ERC como los comuns y el mismo PSC han presionado a esta formación para que volviera al pacto al que se llegó el 24 de marzo para reformar la ley y del cual se desmarcó a raíz de las protestas de las entidades en defensa de la lengua. De hecho, el vicepresident, Jordi Puigneró, y el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, ya se reunieron ayer con Aragonès en el Palau de la Generalitat para avanzarle el posicionamiento.
Junts asegura que comparte la necesidad de frenar la injerencia de los tribunales en las aulas, pero "siempre que las medidas se hagan por consenso" con las entidades de protección de la lengua y con los docentes. "No se puede hacer política de espaldas a las entidades educativas y lingüísticas", ha advertido.
Rius ha recordado que al día siguiente del 24 de marzo, cuando Junts se descabalgó del acuerdo, pidieron tres condiciones para volver a sumarse: que se blinde el catalán como lengua vehicular sin dudas interpretativas, proteger las direcciones de los centros y los docentes, y proteger proteger las aulas de acogida". "Estas tres condiciones no han sido aceptadas por el resto de partidos del acuerdo", ha remachado Rius.
No frena el TSJC
El portavoz de Junts considera que, con el auto del TSJC que se hizo público el lunes reclamando la inmediata aplicación de la sentencia que impone un 25% de castellano en las aulas, ha quedado demostrado que la reforma de la ley no servirá para proteger la inmersión, dado que el tribunal sabía que los grupos estaban impulsando una reforma legislativa y, sin embargo, exigió ejecutar la sentencia.
La formación no ha escondido el malestar por las presiones a las que se ha visto sometida en los últimos días. Rius ha advertido que han mantenido silencio en relación a este tema desde el 24 de marzo "para intentar preservar el consenso, por responsabilidad política". "Pero no ha sido respetado por el resto de formaciones que nos han acusado de obstruccionismo", ha lamentado.
No sólo eso. La formación de Puigdemont ha dejado claro que no se mantendrá de brazos cruzados frente a los reproches que se le están dedicando. "En defensa del catalán no aceptamos lecciones de ningún otro partido, menos del PSC", ha advertido señalando la actuación de los socialistas en Madrid con iniciativas como la ley Celaá, en la que "se evitó blindar la inmersión".
Junts no ha avanzado qué medidas propone para responder a la ofensiva judicial. Sin embargo, como ya avanzó ayer ElNacional.cat, fuentes del partido han señalado que el Govern tiene capacidad para impulsar un decreto u orden que blinde las escuelas. “El único objetivo de Junts es tratar de consensuar medidas para proteger la inmersión. El catalán es un línea roja y no avalaremos ninguna medida que suponga un retroceso”, ha concluido.
La decisión de desmarcarse definitivamente de la propuesta de reforma de la ley de política lingüística ha sido adoptada por la permanente del partido esta mañana, en una reunión en que han participado el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, y la portavoz del partido, Mònica Sales, después que a lo largo del día de ayer las conversaciones sobre este tema provocaron una maratón de reuniones en el Parlament.
La decisión de Junts se enmarca, además, en el proceso de renovación de la dirección del partido de cara al próximo congreso, que se celebrará el 4 de junio. Entre los puntos que han consensuado Laura Borràs y Jordi Turull para pactar una candidatura conjunta para la nueva dirección se encuentra, según fuentes de las conversaciones, el posicionamiento político en cuestiones clave como la lengua.