La orden de detención que ha dictado el juez Pablo Llarena contra los exiliados catalanes ha hecho entrar el caso catalán por primera vez en la agenda europea. La detención del president Carles Puigdemont en Alemania y la citación judicial de la consellera Clara Ponsatí en Escocia han cambiado el escenario, y han enterrado definitivamente que el procés sea un simple asunto interno español. Ahora existen más actores.

El diario británico Financial Times, siempre atento a los movimientos de fondo en el continente, ha advertido de este hecho y ha recordado que ahora el caso catalán ha pasado, de convertirse en un quebradero de cabeza español, a desembarcar justo en medio de la escena internacional. Y lo ha acabado haciendo en Alemania, el mayor país de la UE, el vigía que siempre observa atónito el Sur, y en el Reino Unido, precisamente en Escocia, que es el segundo foco independentista de Europa.

"Catalunya ha vuelto al corazón del debate europeo", ha indicado el Financial Times

El president Carles Puigdemont no había conseguido nunca hasta ahora que el proceso catalán dejara de considerarse de forma tan clara un simple problema interno español. Pero la arriesgada apuesta que ha hecho "el gobierno de los jueces" (en palabras de Felipe González), al trasladar la discusión a Europa, lo ha empezado a dibujar. El globo mediático español ha pinchado en el exterior, la promesa que hizo de una extradición exprés no se ha producido y la debe revisar a diario, y las acusaciones a España de caer en prácticas autoritarias se han extendido como una mancha de aceite.

Si al final Alemania no extraditara a Puigdemont, su victoria política sería rotunda, porque será una desautorización de la primera potencia europea al Estado español acompañada del aplauso internacional. Y si el juez Pablo Llarena lo intuye antes y opta por retirar la euroorden como hizo el año pasado con Bélgica, dará una clara muestra de impotencia ante el árbitro de Europa. Si la vía jurídica consigue la extradición la deberá hacer con un soberanismo movilizado y que ha captado la atención mediática internacional.

España envía en todas las opciones la señal de que no se apaña ya sola, después de que prometió a sus socios comunitarios que acabaría con el conflicto catalán en las elecciones del 21-D que tenían que situar a Inés Arrimadas en la presidencia.

The New York Times, el principal diario global, lo explica de esta manera, literalmente: España no consigue resolver por sí sola el conflicto de Catalunya. La vibración que emite La Moncloa al exterior es ahora de debilidad y contradictoria.

"España, incapaz de vencer a Catalunya en las urnas, lleva la lucha a Europa", dice The New York Times

El abogado alemán de Puigdemont, Wolfgang Schomburg, es consciente de esta implicación geopolítica y presiona directamente en el compromiso democrático de Berlín. Reclama al gobierno alemán que reconozca que no puede activar una extradición por delitos políticos y si gana -desde Süddeutsche Zeitung a Der Spiegel pasando por el diario económico Handelsblatt no lo descartan- significará que el árbitro de Europa desautoriza "al gobierno de los jueces".

El caso Puigdemont provocó el mismo domingo de su detención una reunión vía telefónica de medio gobierno alemán, entre la ministra de Justicia, Katarina Barley, el ministro de Asuntos Exteriores, Heiko Maas, el jefe de la Cancillería, Helge Braun, y Hans-Georg Engelke, secretario de Estado del Ministerio del Interior. Decidieron neutralidad ante el procedimiento judicial, y que tampoco usaría el derecho de veto sobre la decisión que tome el Tribunal de Schleswig-Holstein. Es una decisión a alto nivel que denota prudencia extrema.

El tiempo dirá lo qué sucede, pero de momento la detención de Puigdemont ya ha sido la que ha provocado más debate en Alemania desde hace décadas, y su resonancia ha hecho salir a los presos políticos catalanes en el Parlamento de Westminster y el de Portugal. Y Le Monde ha publicado un manifiesto de intelectuales franceses e italianos pidiendo la puesta en libertad de los presos políticos. El soberanismo ha empezado a recoger simpatías en países que hasta ahora veían con frialdad la reivindicación catalana.

España ha perdido la batalla para evitar que se hable de "presos políticos" a nivel internacional, y la detención de Puigdemont ha sido el resorte que ha activado muestras de solidaridad. Desde eurodiputados escoceses tanto de signo soberanista como unionista, a 55 diputados flamencos. El goteo va al alza y puede durar semanas y semanas.

España arriesga mucho llevando la persecución judicial a Europa, porque es una apuesta de máximos y con un coste elevado. Desata la respuesta internacional de solidaridad y esta es contraria al relato oficial español. Algunos observadores engagés, como el filósofo Fernando Savater y el escritor Arturo Perez Reverte, se empiezan a lamentar de ello quizás intuyendo la magnitud de lo que puede suceder con las acciones "del gobierno de los jueces" y con el ejecutivo español parapetado tras él.

El exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, advertía desde hacía tiempo que el proceso soberanista se decidiría finalmente en el escenario internacional y que era necesario estudiar todos los pasos. Pero el presidente Mariano Rajoy no le hizo nunca mucho caso, más allá de suprimir el Diplocat y las delegaciones catalanas con el 155.

Ahora toda la apuesta española es que Alemania extradite a Puigdemont, pero ha visto que sólo lo puede conseguir -y no es seguro- pagando el precio de la internacionalización del proceso catalán. Es la fórmula que ha sacado adelante el "gobierno de los jueces". Si la extradición es denegada, o concedida por delitos menores, esta vía habrá embarrancado. En todo caso, ya ha situado a Catalunya definitivamente en el mapa.