La Cambra de Comercio de Barcelona, que preside Josep Santacreu y que ahora mismo aparece como la entidad de carácter económico de Catalunya más cercana al Govern de Salvador Illa, intenta dar un impulso al acuerdo de financiación pactado entre PSOE y ERC con una declaración de apoyo de los miembros del llamado G8. El G8 lo integran, además de la Cambra, Pimec, el Col·legi d'Economistes, el Cercle d'Economia, Fira de Barcelona, FemCat, RACC y Barcelona Global. El borrador del documento, al que ha tenido acceso ElNacional.cat, concluye que "la nueva propuesta de financiación autonómica debe entenderse como un punto de partida que, sin duda, supone una mejora respecto al modelo vigente". A pesar de la voluntad de avalar el pacto, la Cambra intenta conseguir el apoyo también de las voces más críticas con la propuesta, por lo que el texto del borrador reconoce puntos débiles del acuerdo y vías de mejora. Siempre, sin embargo, a partir de su aceptación como base y subrayando el incremento de ingresos que representa.

El borrador de declaración que plantea la Cambra, y que está pendiente de las enmiendas del resto de entidades, admite en sus conclusiones que los puntos de mejora que plantea la propuesta de financiación del Ministerio se deberán desarrollar en los "próximos años" en "aspectos importantes" si se pretende dar respuesta a las reclamaciones que históricamente se han hecho desde Catalunya. Al mismo tiempo subraya, como ha hecho repetidamente el Govern, que se trata de una fórmula extensiva al conjunto de territorios del Estado.

La fórmula de financiación que presentó la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el pasado 9 de enero no rompe el modelo actual, no blinda la ordinalidad y no incluye la cesión a Catalunya del 100% de los impuestos, pero representa un incremento de 4.686 millones en los ingresos de la Generalitat el próximo año. La respuesta entre los agentes económicos de Catalunya a la propuesta fue más bien tibia, al constatar que los compromisos adquiridos quedan lejos de las exigencias que desde hace años plantean. Las críticas más contundentes surgieron desde Foment del Treball, con un duro comunicado de su presidente, Josep Sánchez Llibre. No obstante, el acuerdo que plantea el gobierno español tampoco recoge las exigencias del G8, que en 2024 ya hizo público un manifiesto en el que defiende la ordinalidad y una revisión del sistema que permita a la Generalitat administrar y recaudar todos los tributos. Los miembros del G8, tras reunirse con el president, Salvador Illa, y con la consellera de Economía, Alícia Romero, para conocer los ejes del acuerdo y a petición del ejecutivo, decidieron responder con una nueva declaración conjunta que ahora intentan consensuar. El debate en torno a este nuevo texto se produce, además, en un momento en que se ha registrado el relevo en la cúpula de una de las organizaciones del G8, FemCAT, que este jueves nombró al empresario Tatxo Benet como nuevo presidente.

Solvencia financiera

El borrador de declaración que plantea la Cambra señala cuatro "elementos clave" de avance que considera que incluye la nueva propuesta de financiación. En primer lugar, que reduce el desequilibrio vertical —es decir, la diferencia en la distribución de recursos que se reserva el Estado y los que reciben las autonomías—, que se ha acumulado a lo largo de los últimos años; y, de rebote, mejora la suficiencia financiera del conjunto de las comunidades autónomas, que podrán así atender mejor a los déficits en la financiación del gasto social, especialmente sanidad y educación. En este punto, advierte que habrá que será muy importante que el nuevo modelo se pueda revisar transcurridos cinco años, para evitar que no se repita este desequilibrio vertical. Obvia, sin embargo, que el actual sistema está caducado desde 2014 y que desde entonces está pendiente de revisión, lo cual hacer evidente la dificultad de las actualizaciones.

En segundo lugar, señala que la nueva propuesta elimina el fondo de suficiencia y los de convergencia —el fondo de cooperación y el fondo de competitividad—, que contiene el sistema vigente, lo cual "mejora la transparencia del sistema y reduce la discrecionalidad de la administración central a la hora de dotar de fondos al sistema de financiación autonómico y distribuirlo entre las diferentes comunidades". De esta manera, subraya el texto, se favorece "claramente" a las comunidades autónomas "injustamente perjudicadas con el anterior modelo, entre las cuales se incluye a Catalunya". No obstante, reprocha que "se crean nuevos instrumentos —como el Fondo Climático— que son de difícil justificación conceptual y que parecen responder a la necesidad de ajustar el sistema para favorecer a algunas comunidades autónomas". "Es un ejemplo más de las limitaciones del sistema vigente que obliga a crear mecanismos a menudo poco comprensibles para acabar de ajustarlo", señala.

Coste de la vida

Celebra, en tercer lugar, que se eliminan los adelantos, o pagos a cuenta del Estado a la Generalitat en función de la previsión de recaudación, que generan dificultades a la tesorería de las autonomías, y que se sustituyen por lo que describe como una "recaudación en tiempo real", lo cual "refuerza la capacidad de gestión presupuestaria de las autonomías y, sobre todo, es un paso importante en la línea de reforzar los mecanismos de corresponsabilidad fiscal del sistema".

En cuarto lugar, el texto recuerda que aunque el principal mecanismo de redistribución de recursos sigue siendo similar al modelo anterior, se modifica el concepto de población ajustada para reflejar determinadas necesidades de gasto en función de las características de la población, especialmente con relación a sanidad y educación. Admite, sin embargo, que también se han introducido nuevos criterios "discutibles" y, sobre todo, que "se sigue sin tener en cuenta el coste de la vida".

Ordinalidad: no está claro

Asegura que se mejora "la coherencia y justicia del sistema", pero al mismo tiempo admite que "no está claro que la nueva propuesta respete el principio de ordinalidad", una de las principales reivindicaciones no solo de los partidos políticos sino también de las entidades económicas y que debería garantizar que las comunidades que aportan más recursos al sistema de financiación no pierdan posiciones tras la redistribución de los fondos. La ministra de Hacienda aseguró al presentar la propuesta que aunque este principio no aparece blindado en el acuerdo, se cumple en el caso de Catalunya. No obstante, el Govern de Illa ha admitido que la ordinalidad se cumple si se aplica sobre la población ajustada, pero no sobre la población real. Este es uno de los puntos polémicos de la propuesta del Ministerio, que ha provocado la crítica entre los economistas que sitúan la población real como el criterio que debe validar la ordinalidad. "Habrá que ver los números para poder valorarlo", concluye el borrador que impulsa la Cambra, que, no obstante, valora "positivamente" que el principio se cumpla en el caso de la población ajustada y que Catalunya aparezca como tercera "tanto por capacidad fiscal como en recursos recibidos per cápita, con población ajustada", pero puntualiza que hay que asegurar que esto siga siendo así en ejercicios sucesivos.

El borrador, que deja claro en todo momento que la propuesta es extensible al resto de comunidades autónomas —uno de los mantras que repiten tanto el gobierno catalán como el español para limar la oposición del resto de territorios— asegura que "contiene unos elementos de singularidad potencialmente muy importantes". En concreto subraya dos puntos. En primer lugar, que se abre la puerta a que las comunidades autónomas y particularmente Catalunya "avancen en la recaudación de impuestos a través de las agencias tributarias propias". "Este es un paso fundamental para avanzar en la ineludible necesidad de dotar de mayor corresponsabilidad fiscal al sistema de financiación autonómico. Este paso no es fácil y se debe hacer bien", puntualiza el texto, que advierte de que hay que asegurar el máximo de eficiencia para el buen funcionamiento del sistema y para reducir el coste de poner en marcha estas nuevas infraestructuras fiscales.

En segundo lugar, sitúa como elemento de singularidad que "se abre la puerta a que las competencias no homogéneas (muy importantes en el caso de Catalunya) se financien con una participación adicional en el IVA, en lugar de por transferencias puntuales como hasta ahora". El texto del borrador considera que este es otro paso "fundamental" para dotar al sistema de mayor predictibilidad y para avanzar en la corresponsabilidad fiscal.

¿De dónde sale el dinero?

El texto concluye con "tres apuntes importantes". Reprocha que es "evidente" que la propuesta tiene impacto sobre el déficit público; que el aumento de recursos a las autonomías —"bienvenido y necesario", insiste— se tiene que pagar y que solo hay dos vías: ajustando la administración central el gasto de forma significativa o aumentando ingresos, dado que "no hay margen para aumentar el déficit público". Por esta razón, señala que una vía para financiar el nuevo sistema sin incrementar la presión fiscal ni el déficit, sería destinarle "parte de los aumentos de recaudación tributaria de los últimos años por encima de la tendencia prevista". "Parece razonable que sea así cuando existe un importante desequilibrio vertical entre el Estado y las comunidades autónomas que hay que corregir", argumenta, además de subrayar la necesidad de que la administración central haga un esfuerzo para ajustar el gasto, dado que en caso contrario, se podría producir un aumento del déficit estructural cercano a un 1% del PIB. Precisamente el origen real de los fondos que deberá aportar el Estado a la nueva financiación y el hecho de que se mantenga el mismo modelo ha provocado muchas de las críticas que ha recibido la propuesta.

Asimismo, reclama que las autonomías utilicen los recursos de forma eficiente priorizando políticas que favorezcan el crecimiento económico. En cualquier caso, admite que la falta de una auténtica corresponsabilidad fiscal por parte de las comunidades autónomas dificulta que el debate sobre el "necesario ajuste de las cuentas de las administraciones públicas" se haga de forma "constructiva y responsable". 

Régimen foral

En segundo lugar, advierte que a pesar de la mejora en el desequilibrio vertical —"que beneficia a todas las comunidades autónomas de régimen común", reitera—, persiste la diferencia respecto a los territorios de régimen foral, "tanto en cuanto al volumen de recursos per cápita de que estas disponen (mucho más elevado), como al reverso de este hecho, es decir, la contribución a los gastos comunes, así como la solidaridad entre territorios". "Mientras se mantengan estas diferencias, existirá tensión en la financiación territorial y persistirá la legítima aspiración de las comunidades autónomas de régimen común a que el trato sea igual en toda España, aunque pueda subsistir sistemas de base diferentes", remacha.

En tercer lugar, recuerda que los datos de 2023 vuelven a situar a Catalunya, por tercer año consecutivo, como la comunidad autónoma con un grado de ejecución más bajo de la inversión total del Estado. Reitera que el porcentaje de ejecución media entre 2015 y 2023 ha sido del 55,6%, muy inferior a la media del conjunto del Estado, que es del 72,6%. En este sentido, admite que hay que insistir en la importancia de "asegurar una mayor correspondencia entre las inversiones presupuestadas y ejecutadas desde la administración central y el peso económico de cada una de las comunidades autónomas". "Los últimos años en Catalunya esta correspondencia ha sido muy baja y hay que ponerle remedio", avisa. En este sentido, puntualiza que el consorcio entre la administración central y la Generalitat para coordinar las inversiones, incluído en los acuerdos de investidura entre PSC y ERC pero que todavía está pendiente de acuerdo, "podría ser un instrumento de gran utilidad para enmendar estos déficits pasados".

Finalmente, en cuarto lugar, subraya la necesidad de que el Estado publique las balanzas fiscales con las comunidades autónomas, con datos oficiales y metodologías contrastadas.

La conclusión del texto de la Cambra es que la financiación autonómica que propone el Gobierno de Pedro Sánchez debe entenderse como "un punto de partida que sin duda supone una mejora respecto al modelo vigente, pero que en los próximos años habrá que desarrollar en aspectos importantes si se quiere dar respuesta a las reclamaciones que históricamente se han hecho desde Catalunya".

Todo ello, luces y sombras de un modelo del que aún se desconoce la letra pequeña, pero que con este borrador de documento recibiría un balón de oxígeno importante.