Rodalies como paradigma

El día a día de incidencias en el servicio de Rodalies a cargo del tándem Renfe (operador) y Adif (infraestructuras) es impropio de un país mínimamente avanzado. El problema va mucho más allá de los retrasos puntuales y continuados y del maltrato que reciben los usuarios del servicio: es un ejemplo de cómo van las relaciones entre Catalunya y el Estado español en materia de descentralización.

El desbarajuste del servicio que se produjo hará casi veinte años en Rodalies provocó una simulación de traspaso de competencias bajo el Real decreto 2034/2009, en virtud del cual la Generalitat asumía las funciones del Estado en transporte de viajeros por ferrocarril en Rodalies de Catalunya. Con este gesto, la Generalitat pasaba a planificar y dirigir la política del servicio en Rodalies y, progresivamente, trenes Regionales, y tenía capacidad de contratar y gestionar la prestación de estos servicios. Sin embargo, a pesar de la ampulosidad de los titulares, en la práctica, se tradujo en la fijación de horarios, tarifas, servicios mínimos y una estética diferenciada de los trenes, con el logo 'Rodalies'.

La continuación ininterrumpida de las incidencias y del mal servicio desde entonces ha provocado un paso más para intentar avanzar en la descentralización. Pero se ha hecho en falso: se ha creado una sociedad (Rodalies de Catalunya SME, S.A.) en la cual Renfe tiene mayoría (50,1%), lo que quiere decir que la operadora tiene la clave de todo el servicio y, a la vez, el Estado mantiene la titularidad y la competencia en materia de infraestructuras (vías, catenarias, señalización...) a través de Adif. En la práctica, hemos retrocedido, porque ahora la Generalitat no tiene la potestad de cambiar de operador si antes no hay un acuerdo con el Estado y con los trabajadores. Estamos, pues, ante una mejora ficticia, ha prevalecido el mantenimiento del control del sistema de Rodalies y Regionales por parte de las estructuras del Estado.

Tan decepcionante como este acuerdo, que muestra la resistencia a ceder un servicio básico de proximidad, es el historial inversor del Estado en la infraestructura ferroviaria en Catalunya. El ministro de Transportes actual ha reconocido públicamente y sin ponerse rojo que la red de Rodalies en Catalunya “sufre un abandono casi total”. Esto lo afirma ahora, cuando el país lo está sufriendo de manera agravada después de la acumulación de años y años de “no inversión” y de “no mantenimiento”, mientras se producía un triple fenómeno simultáneo:

• la construcción de una red de ferrocarril de alta velocidad que, con índice comparativo, triplica la de la UE, duplica la de Francia (país pionero en este ámbito) y es dos veces y media más grande que la alemana, al mismo tiempo que la intensidad de uso de la red es una octava parte de la que tiene la alta velocidad en Alemania o en Francia;
• el olvido inversor en Catalunya, mientras se potenciaban otros sistemas de cercanías, como el de Madrid, y
• el incumplimiento de las promesas políticas y, lo que es mucho peor, de inversiones presupuestadas en modernización de vías, sistemas de señalización, sistemas de control y otros, que hacen que cualquier incidencia técnica, cuando falla un enclavamiento, cuando llueve más de la cuenta, todo el sistema se tambalea. Intolerable parece un calificativo generoso.

El de Rodalies es un paradigma de cómo se trata en España la descentralización, con gestos de cara a la galería pero sin transferir poder de decisión ni financiación en las cosas verdaderamente importantes

Estamos ante un panorama de servicio público básico en el que, a pesar de la apariencia de descentralización, todo sigue igual: el servicio de operadora lo tiene Renfe, bien trabado; la infraestructura nunca se ha planteado cederla por razones de unidad de la red española; la planificación estratégica recae en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y la Generalitat hace ver que manda, pero no manda y, en cambio, asume la presión política directa de los usuarios. No deja de ser también paradigmático que en un país tan centralista como Francia, las cercanías están cedidas a los gobiernos regionales desde principios de los años 2000. Ellos son los que definen la oferta ferroviaria (frecuencias, horarios, líneas), las tarifas, la financiación del servicio y firman los contratos de operación con el operador ferroviario (el principal es la SNCF, pero puede ser otro).

La red ferroviaria sobre la que descansa el servicio de Rodalies, que transporta 120 millones de viajeros anualmente, y de trenes Regionales, que transportan 11 millones, está gravemente enferma. En primer lugar, por el estado de la infraestructura, con una enfermedad que no se cura en cuatro días ni en cuatro años, aunque (a misas dichas) ahora haya en marcha inversiones; y, en segundo lugar, porque Renfe se ha asegurado la explotación del servicio, por cierto, con el apoyo de grupos de trabajadores con gran poder, como los maquinistas, contrarios a la descentralización.

Mientras tanto, quien sale perjudicado de todo esto son los sufridos usuarios, que pagan el coste en horas perdidas (personales y de trabajo), en gastos de transporte alternativo, en cabreos; también salen muy perjudicadas las empresas por las disfunciones en la producción debido a las ausencias o retrasos en el lugar de trabajo. En cambio, paradójicamente, el problema generado no tiene coste ni político ni funcionarial. ¿Alguien de los que han priorizado la alta velocidad sobre las Cercanías, alguien de los que han incumplido las inversiones planificadas, alguien de los que han incumplido servicios mínimos en caso de huelga, alguien de los que podían cambiar de operador en su momento, han rendido cuentas y asumido responsabilidades ante la sociedad? Pues no.

El de Rodalies es un paradigma de cómo se trata en España la descentralización, con gestos de cara a la galería pero sin transferir poder de decisión ni financiación en las cosas verdaderamente importantes. Estamos ante un ejemplo que se puede aplicar a otros ámbitos, como la gestión del aeropuerto del Prat, la futura y lejana gestión tributaria o la revisión del modelo de financiación.

Y así, gota a gota, se está perdiendo la confianza en las instituciones públicas y, también hay que decirlo, en los partidos que defienden los intereses de la ciudadanía.