A pesar de las repetidas críticas de los alcaldes para poder gestionar su propio remanente municipal, el Gobierno se mantiene inamovible: la gestión del superávit para hacer frente a la crisis del coronavirus pasará por Madrid. El anuncio ha hecho estallar la indignación en las redes y el president Carles Puigdemont ha dejado en evidencia el gobierno de Sánchez y su gestión centralizada.

El president en el exilio los ha tildado de "republicanos monárquicos", refiriéndose a la implicación del ejecutivo español en la huida del rey emérito, y ha señalado la centralización creciente por parte de los que se llaman "el Estado más descentralizado de Europa". Puigdemont ha denunciado que en la relación con los ayuntamientos no hay "ni diálogo, ni unidad, ni progreso, ni subsidiariedad", a pesar de autodenominarse "el gobierno más progresista de la historia".

La gestión del superávit por el coronavirus

A mediados de julio, el Gobierno ya anunció que sólo entregaría a los municipios el 35% de su superávit en un periodo de dos años. Finalmente, a principios de agosto, el ejecutivo llegó a un acuerdo con la Federación Española de Municipis y Provincies (FEMP) para que desde el estado se utilizaran los ahorros de los ayuntamientos para hacer frente a la crisis, y se devolverán en un periodo de 15 años. Desde la Moncloa, este acuerdo se vendió como un hecho positivo para los entes locales porque los haría ahorrar los intereses que los cobran los bancos para ingresar los remanentes.

Muchas han sido las voces críticas con esta decisión de centralizar los recursos locales. La Asociación Catalana de Municipios (ACM) y la Federación de Municipios de Catalunya se oponen frontalmente a esta medida, ya que consideran que los consistorios tienen que poder acceder a sus remanentes para poder hacer frente a la emergencia económica y sanitaria que se ha desencadenado por la Covid-19. Por este motivo, el 11 de julio presentaron una moción contra el acuerdo sellado entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

De manera individual, los alcaldes de los municipios catalanes tambiénhan ido alzando la voz para reclamar al Gobierno que rectifique. Incluso los alcaldes socialistas también se han desmarcado de la decisión de Sánchez.