Es una de las principales reivindicaciones del mundo local: poder gastar su superávit acumulado para hacer frente a la crisis del coronavirus. Después de meses reclamándolo, el Gobierno ha puesto encima de la mesa una propuesta para movilizar estos remanentes de tesorería. Durante el 2020 y el 2021, según informan fuentes del Ministerio de Hacienda, el Estado tan solo liberaría el 35% de este dinero, hecho que supondría 5.000 de los 14.000 millones de euros que los ayuntamientos han ahorrado. El resto se iría devolviendo en 10 años. El sistema para hacerlo es todavía más complicado. El ejecutivo ha remitido esta propuesta a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Desde el Ministerio argumentan que la legislación vigente impide que los ayuntamientos puedan utilizar con carácter general sus remanentes de tesorería. Ante esta situación, la ministra Maria Jesús Montero propone que los ayuntamientos hagan voluntariamente un préstamo a la Administración General del Estado por el total de sus remanentes, y sería el mismo Estado quien les devolvería ese dinero a través de un ingreso no financiero.
Así, según la propuesta de Hacienda, los ayuntamientos recibirían 2.000 millones de euros en el 2020 y 3.000 millones de euros en el 2021, hecho que supondría tan sólo el 35% del total de los remanentes acumulados por los ayuntamientos españoles. El importe restante sería devuelto en un plazo de diez años. Fuentes del Gobierno defienden que eso permitirá incrementar los ingresos y la capacidad de gasto, así como colaborar en la tarea de reconstrucción después de la crisis sanitaria y mantener el equilibrio presupuestario.
Estos 5.000 millones se tendrán que destinar a tres áreas específicas: agenda urbana y movilidad sostenible, cuidados de proximidad y cultura. Esta inversión municipal no computaría a efectos del cálculo de la regla de gasto, según explican desde el Ministerio de Hacienda.
El equipo de María Jesús Montero no ve plausible que los ayuntamientos puedan disponer libremente de sus remanentes de tesorería para gastarlos cuando y como quieran. Justifican que generaría un gasto que no estaría soportado por un ingreso equivalente, y que por lo tanto supondría generar déficit, prohibido por la Ley de Estabilidad y la Constitución española. De hecho, fuentes del Ejecutivo aseguran que será el Estado el que asumirá esta carga, ya que la transferencia a las entidades locales supondrá un mayor déficit para la administración central.
Aparte de esto, Hacienda propone aprobar un fondo de 275 millones de euros para compensar el déficit de los servicios de transporte de competencia municipal durante el estado de alarma.
Indignación de Torra
Al hacerse pública esta propuesto, el president Quim Torra ha expresado su indignación. "Otra tomadura de pelo. ¡Después de meses reclamando que los Ayuntamientos puedan acceder en sus remanentes, el Estado se los quiere quedar, para devolver el 35% ahora y el resto en 10 años!", ha denunciado el president de la Generalitat. Ha reclamado un frente común de los ayuntamientos de Catalunya "contra esta nueva incautación".
Otra toma|presa de pelo. Después de meses reclamando que los Ayuntamientos puedan acceder en sus remanentes, el Estado se les quiere quedar, para devolver el 35% ahora y el resto en 10 anys!Demano un frente común de los Ayuntamientos de CAT contra esta nueva incautación https://t.co/HjsDZRgfyb
— Quim Torra y Plan|Plano (@QuimTorraiPla) July 15, 2020
Desde las formaciones independentistas en el Congreso también trasladan a ElNacional.cat su estupefacción ante esta propuesta. "Darles el dinero para que nos los devuelvan en diez años", constata un diputado de ERC, que lo ve inadmisible. El diputado de JxCat, Ferran Bel, lo considera un "ejercicio de trilerismo político" y asegura que hay otras técnicas para que no genere déficit. "Nos toman el dinero y nos dicen en qué nos los podemos gastar", añade. Cuestiona incluso que la medida pueda recibir el apoyo necesario en el Congreso para salir adelante.