EH Bildu ha registrado este martes una proposición de ley en el Parlamento Vasco que quiere establecer, de manera general, la exigencia de conocimiento tanto del vasco como del castellano para acceder al empleo público. La formación apuesta por un modelo flexible que sea capaz de adaptarse a las diferentes realidades organizativas y sociolingüísticas del país, pero que refuerce la seguridad jurídica y garantice los derechos lingüísticos de la ciudadanía. La propuesta de EH Bildu plantea uno “nuevo paradigma” que aporte seguridad jurídica y se adapte al contexto sociolingüístico actual, y el objetivo es revertir el funcionamiento actual, donde las exigencias lingüísticas solo se aplican a las plazas previamente determinadas por la administración. En caso de que la ley pase, solo se podrían exceptuar determinadas plazas de la exigencia del vasco de manera justificada y objetiva —casos en los cuales el conocimiento del vasco se valoraría como mérito adicional.
EH Bildu defiende que esta reforma se tiene que hacer mediante una ley, y no solo por vía reglamentaria, para garantizar la seguridad jurídica del sistema y blindarlo ante posibles impugnaciones. La formación considera que una reforma mínima por reglamento no sería suficiente para salvaguardar el modelo actual y que hay que reforzarlo para garantizar los derechos lingüísticos en un marco planificado y respetuoso con la pluralidad. La propuesta del partido de la oposición del gobierno del PNV incluiría también un índice de exención, es decir, un porcentaje máximo de plazas a las cuales no exigir el conocimiento del vasco en el acceso.
Consenso social para sacar el debate de los medios
El momento de la propuesta de EH Bildu no es fortuita. En medio de una exaltación mediática de la problemática lingüística capitaneada por la líder del PP en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la formación de Arnaldo Otegui apuesta por alcanzar un consenso amplio entre diferentes sensibilidades políticas y sociales para “cerrar el debate” sobre el vasco a la administración. Según la formación, este debate constante distorsiona y perjudica los avances cualitativos que necesita la lengua en un momento crucial para su revitalización. La coalición recuerda que el 75% de la población vasca da apoyo a la exigencia de conocimiento de las dos lenguas oficiales a la administración pública, según la VII Encuesta Sociolingüística. Además, destaca que el porcentaje de jóvenes bilingües (de 0 a 29 años) ha pasado del 50% en 1986 al 90% en el 2021 a la comunidad autónoma Vasca.
Especificidades de la ley: facilidades para el aprendizaje y nuevo formato de evaluación
La propuesta también prevé que las administraciones públicas puedan, de manera justificada, desaplicar o aplazar la regla general en determinadas plazas, atendiendo a las circunstancias sociolingüísticas de cada ámbito geográfico o a los criterios definidos en sus planes lingüísticos. Paralelamente, EH Bildu plantea que el nuevo sistema incluya más recursos y facilidades para el aprendizaje del vasco: planes de formación personalizados, horas laborales destinadas a la formación, apoyo específico para las personas que accedan a la función pública sin acreditar el nivel requerido y acceso equitativo a estos recursos, independientemente del estatus laboral.
Otro aspecto destacado de la propuesta es la voluntad de evolucionar hacia un sistema de evaluación y acreditación basado en la competencia y el uso real de la lengua, y no solo en exámenes formales. EH Bildu considera que este cambio de paradigma es clave para la motivación del personal y para fomentar un uso efectivo del vasco en el entorno laboral. La formación soberanista recuerda que este principio ya se encuentra recogido en otras legislaciones autonómicas, como Galicia, Catalunya o el País Valencià, donde el conocimiento de las dos lenguas oficiales es un requisito general para acceder al empleo público. El principal partido de la oposición del País Vasco busca, pues, que se saque del epicentro mediático un conflicto que tiene una relevancia que va más allá: salvaguardar la lengua es esencial y no tendría que ser una de las cartas del juego político.