La ANC ha dejado en evidencia al presidente español, Pedro Sánchez, y le ha recordado dónde están ahora los piolines, en alusión al espionaje del Gobierno español con el programa Pegasus a políticos, abogados y profesionales catalanes. "Pedro Sánchez no necesita enviar piolines a zurrarnos, porque los tiene sentados en el despacho espiándonos los móviles. Recordamos que prácticamente la totalidad de los ataques recibidos con Pegasus por el caso CatalanGate, han sido durante el gobierno del PSOE", ha añadido.

Sánchez se ha intentado presentar hoy como más dialogante que el PP con Catalunya, con el argumento de que él no ha enviado piolines (policías antidisturbios de refuerzo) sino que llevó la selección española de fútbol a Cornellà. "Ustedes enviaban piolines a Catalunya y con nosotros la selección española juega allí sin ningún tipo de problema". Estas declaraciones de Sánchez en el pleno del Congreso de los Diputados, para ilustrar como han cambiado, dice él, las cosas desde que en España gobierna al PSOE en lugar del PP con respecto a las relaciones con Catalunya, ha provocado la ira del sindicato JUPOL. Este es el mayoritario en el Consejo de la Policía, y por alusiones, ha publicado primero un tuit y después un comunicado donde han manifestado su "profundo malestar" por las declaraciones de Sánchez. Concretamente, han denunciado que el presidente del Gobierno se haya referido a los policías que La Moncloa envió a Catalunya para intentar evitar, sin éxito, el referéndum del 1-O, como piolines, un sobrenombre que se ganaron porque estaban alojados en un barco en el puerto de Barcelona decorado con dibujos animados, entre ellos el popular pajarito Piolín. JUPOL se refiere a ellos como "los agentes de la Policía Nacional que en octubre de 2017 acudieron a Catalunya para garantizar el cumplimiento de la Ley durante el referéndum ilegal del 1-O".

Mientras tanto, el president Quim Torra y el exvicepresidente del Parlament Josep Costa han formalizado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, y el ejecutivo español por haber sido espiados con Pegasus en el marco del CatalanGate. Al principio de mes, los dos ya iniciaron los trámites para actuar contra el Gobierno y Sánchez ante el Supremo, con una demanda de protección de derechos fundamentales. Ahora, 10 días después de presentar este requerimiento, del que no han tenido "a estas alturas ninguna respuesta de la presidencia ni del Gobierno", dan el segundo paso para conseguir, detallan los afectados en un comunicado, "una condena del Estado español por vulnerar los derechos fundamentales" en los tribunales europeos.