El Govern y los comunes han discrepado esta tarde, después de más de dos horas de reunión, sobre el resultado del primer encuentro que el ejecutivo convoca con un grupo de la oposición para intentar un acercamiento sobre los presupuestos. El vicepresidente, Pere Aragonès, ha subrayado la coincidencia en nueve de los diez ámbitos de acuerdo que plantean los diputados morados -a pesar de la falta de concreción sobre las cantidades- y ha señalado el compromiso de su departamento de estudiar el impacto de las medidas fiscales que proponen. Por el contrario, la líder del grupo de los comunes, Jéssica Albiach, ha asegurado que el encuentro había sido "positivo por el tono, pero de contenido decepcionante". "Salimos decepcionadas", ha sentenciado. Las dos partes han acordado, sin embargo, volver a reunirse.

Según Albiach, las posiciones están muy alejadas en los diez ámbitos que plantea En Comú Podem en el documento que ha hecho llegar al Govern y que el martes presentó en el Parlament. "No sólo están lejos de nuestras propuestas sino de las manifestaciones que hay en la calle. Están muy lejos de las demandas de la calle", ha reprochado.

Por el contrario, Aragonès ha asegurado que algunas de las medidas que plantean los comunes ya están incorporadas en el proyecto de presupuesto del ejecutivo. En concreto se ha referido a las guarderías, la convocatoria de 750 plazas de Mossos y 250 de bomberos, las inversiones en el equipamientos de los cuerpos de emergencias, o la transformación del ICF en una banca pública. Con todo, ha admitido que hay falta de acuerdo sobre "la intensidad" en la aplicación de estas medidas.

Por lo que respecta a las propuestas fiscales, el departamento de Economía se ha comprometido a hacer una estimación del impacto en los ingresos que comportarían las medidas que proponen los comunes. No obstante, ha advertido que los impuestos que recauda el Estado, como el IRPF, la liquidación no llega al Govern hasta al cabo de dos años, y que los presupuestosd del 2017 ya profundizaban en este ámbito.

Albiach, que ha destacado que no habían recibido ningún documento ni habían sido informados sobre las propuestas que contienen las cuentas que prepara el ejecutivo, ha asegurado que el vicepresidente había admitido que los presupuestos que preparan no prevén ninguna reforma fiscal.

El número dos del Govern ha advertido a Albiach que algunas de las propuestas que plantean los comunes, como la de transportes públicos, depende de las aportaciones del Estado y, por lo tanto, la Generalitat no se puede comprometer si el Estado no garantiza las aportaciones, mientras que la líder del grupo morado ha reprochado al vicepresidente que cuente en sus presupuestos con los ingresos que tendrían que llegar con la aprobación de los presupuestos del Estado -que los independentistas se niegan a apoyar- y confíe en que el gobierno del PSOE saque adelante estas partidas por vía de decreto.

Albiach ha insistido que el incremento de los ingresos del Govern tendrían que llegar a través de la reforma fiscal, la lucha contra el fraude fiscal y los presupuestos generales del Estado.

A pesar de las discrepancias, tanto el ejecutivo como los comunes han señalado el buen tono del encuentro. El vicepresidente ha asegurado que habrá más reuniones con el grupo morado para tratar de avanzar en el acuerdo. "La reunión ha funcionado de manera satisfactoria, el tono, la predisposición de los comunes es en sí misma una buena noticia", ha asegurado Aragonés.

Por parte del Govern han acompañado Aragonés el secretario general de su departamento, Albert Castellanos, y la secretaria general de Presidencia, Meritxell Massot. Albiach ha acudido a la conselleria de Economía con el diputado David Cid.

Entre las propuestas que en Común presentó este martes al Parlamento figura una "reforma fiscal progresiva", que contemple "la eliminación de los privilegios fiscales para los más ricos en el impuesto de sucesiones y donaciones, un incremento del el IRPF al 2% que gana más dinero, y una fiscalidad verde". El PDeCAT advirtió inmediatamente que el incremento fiscal es una línea roja que no están dispuestos a aceptar mientras que la consellera de Presidencia, Elsa Artadi, no cerró la puerta a abordar estas cuestiones.