El juzgado de primera instancia e Instrucción número 2 ha admitido a trámite la querella colectiva por las cargas del 1-O interpuesta por los Ayuntamientos de Girona, Sant Julià de Ramis y Aiguaviva con el apoyo de los abogados voluntarios. La querella se dirige contra los agentes que actuaron, sus mandos y los responsables políticos del operativo contra el referéndum por torturas, lesiones y delitos contra los derechos individuales.

El portavoz de los abogados, Albert Carreras, asegura que este es un "paso muy importante" porque permitirá que los ayuntamientos puedan pedir diligencias con el objetivo de acreditar que las cargas no fueron "una acción espontánea", sino el resultado "de un plan premeditado y consensuado". Carreras ya avanza, pero, que el procedimiento será "largo" porque más de 200 heridos han interpuesto denuncia contra las cargas (que se incorporan a la querella).

De momento, los forenses los han examinado a todos ellos y el juzgado ya los ha citado para tomarles declaración (cosa que se ha fijado para los meses de febrero y marzo). En paralelo, también se ha requerido a la policía española y a la Guardia Civil que envíen los nombres y apellidos de los agentes y cargos que participaron en el dispositivo policial.

Por otra parte, se han pedido imágenes a los medios de comunicación para aportarlas como prueba. Y también se ha solicitado que la grabación de la cámara GoPro que perdió a un agente de la policía estatal, y donde se registró la carga en la Escuela Verd de Girona, se pueda incorporar al procedimiento.

Violencia extrema y desproporcionada

La alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, ha dicho que se sienten "muy satisfechos" de la admisión a trámite de la querella. Madrenas ha dicho que eso permitirá investigar "a fondo" quiénes fueron los responsables de aquella "violencia tan extrema" y de la "jornada de opresión" que se vivió el 1-O por todo Catalunya, pero especialmente en Girona, Sant Julià de Ramis y Aiguaviva.

La alcaldesa también ha dicho que, a partir de ahora, las diligencias tienen que permitir "destilar a los responsables de los delitos que se considere que hayan cometido". Madrenas también ha añadido que la admisión a trámite era aquello que correspondía hacer, porque era "evidente" que las cargas fueron "absolutamente desproporcionadas".