La noticia del envío en la prisión por parte de la jueza Carmen Lamela caía como una jarra de agua fría sobre los abogados del Govern, que recibían el golpe en las puertas de la Audiencia Nacional este jueves por la tarde. "En 33 años de profesión nunca había sentido tanta impotencia", expresaba Jaume Alonso-Cuevillas, la defensa de Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Meritxell Borràs, Lluís Puig, Clara Ponsatí y Carles Puigdemont —los tres últimos, ausentes en la declaración—. Tampoco escondía la impresión Andreu Van den Eynde, que dirige la defensa de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Carles Mundó, quien recibía por parte de los periodistas la noticia sobre la dispersión de las presiones con gran estupefacción, más tarde cambiada por Interior.

"Nos marchamos con una sensación muy triste. Personas a las cuales sólo les puedes hablar de paz han sido encarceladas para participar en actos de violencia que nunca podrían tolerar, ni nunca aceptarían". Van den Eynde cree que la decisión "estaba premeditada" y ha dicho que lo denunciará "donde haga falta". "Acatamos hoy, pero mañana cuestionaremos esta resolución donde haga falta porque no responde a ningún estándar internacional". La defensa del vicepresident y los tres consellers ha lamentado que la resolución no haga referencia a ninguna de las peticiones que ha formulado el abogado para evitar la prisión incondicional. "No cuestiona el arraigo que tienen, ni que tienen niños, ni personas mayores a su cargo, ni hace mención a ello. La jueza no ha escuchado nada de lo que hemos dicho desde primera hora de la mañana", ha concluido.

"La prisión no está motivada, es para intentar callar la alarma social por las concentraciones en las calles", remachaba Cuevillas, después de que Lamela alegara ocultación de pruebas, reiteración delictiva y riesgo de fuga, el último indicio como consecuencia del precedente de la estancia de Puigdemont en Bélgica. Se sumaba Van Den Aynde, quejándose que la magistrada no habría tenido en cuenta "ninguna cuestión humanitaria" por probar que no había riesgo de escape, ya que la mayoría de consellers tendrían personas a su cargo, como niños y abuelos.

La cuestión es que los abogados prometían presentar batalla y no rendirse ante la decisión judicial. "Acatamos hoy, pero mañana cuestionaremos esta resolución donde haga falta, porque no responde a ningún estándar internacional", insistía el representante de los republicanos y Romeva, recordando que eran "personas pacíficas". Enviaba también un mensaje de calma al jurista de los demócratas, expresando que los sus representantes estaban "muy serenos" y hacían un llamamiento "que no hubiera ningún tipo de episodio de violencia" en las calles de Catalunya.

La nota discordante la aportaba Pau Molins, el abogado de Santi Vila, quien elogiaba la "capacidad de diálogo y consenso" de su cliente, a quien hasta el final habría intentado convencer a Puigdemont de apostar por una salida pactada con el gobierno español, como posible atenuante para la fianza de 50.000 euros como medida cautelar.