La decisión del Tribunal Superior de Justicia valenciano de plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre el decreto ley 3/2017 de la Generalitat Valenciana por el cual se adoptaban medidas urgentes para la aplicación, durante el curso 2017-2018, de los proyectos lingüísticos en los centros educativos no ha hecho más que confirmar que estamos ante el renacimiento del conflicto judicial y político del uso y enseñanza del valenciano.
Después de conocerse esta decisión, la Conselleria de Educación aseguró que "el decreto ley del 1 de septiembre de 2017 está derogado con la entrada en vigor de la Ley de Plurilingüismo que se publicó al DOGV jueves 21 de febrero de 2018" y que, por lo tanto, "el auto que ha emitido el TSJ es una decisión del tribunal que no afecta, en ningún caso, ni el alumnado valenciano, ni sus familias, ni el funcionamiento normalizado de los centros educativos".
Pero el tema no termina aquí. El PP de la Comunidad Valenciana ha presentado delante del TSJCV un recurso contra el decreto que regula el funcionamiento de la Oficina de Derechos Lingüísticos, impulsada por el Consell, por que consideran "que está vulnerando derechos personal y fundamentales de las personas." Según la parlamentaria María José Ferrer "esta oficina es un "corta y pega" de la oficina de garantías lingüísticas de Catalunya, que lejos de favorecer y llevar convivencia y entendimiento ha acabado provocando secesión fractura social"
Por su parte, Ciudadanos también ha abierto otro frente para rechazar el requisito lingüístico y la normalización del valenciano en la Administración Pública. El partido naranja ha hecho propias las reivindicaciones del Movimiento Social Torres Azules (MSTB) en la defensa de la recuperación del profesores interinos excluidos de las bolsas de trabajo para no acreditar la capacitación en valenciano. El MSTB elabora sus escritos en un valenciano no académico, y tiene vínculos con el Grupo de Acción Balear y con Sociedad Civil Catalana.
Ciutadanos materializará el rechazo al requisito con una proposición no de ley (PNL) que desarrolla la propuesta presentada al Congreso de los Diputados para que se prohíba a todo el Estado que las lenguas diferentes del castellano sean una exigencia para el acceso a la función pública. Así lo ha recordado la diputada a la cámara baja española Marta Martín, para quien la norma supone "expulsar talento simplemente por una cuestión de riqueza lingüística". Martín admite que, con la propuesta de Ciudadanos en Las Cortes, "habrá lugares donde el mérito compute casi el 100%, como en zonas de gran predominio valenciano parlante, pero computará menos en una zona castellano hablante para impartir clases en castellano.