El Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado en el Congreso el decreto ómnibus que incorporaba la subida de las pensiones y muchas otras cosas, sabiendo que no sería aprobado, no por las pensiones, sino por todo lo demás. El jefe del Ejecutivo ha hecho conscientemente un uso fraudulento de la Cámara para engañar a la gente, con el apoyo de los medios oficialistas y de periodistas que no tienen vergüenza. Se trataba de convencer a la opinión pública de que los grupos de la oposición son gente tan mala que quieren que los jubilados pasen hambre. En Catalunya, se han apuntado a la farsa los corifeos de ERC y de los Comunes, centrando el ataque en Junts per Catalunya, a quien tienen más ganas que al PP.

En general, la gente es demasiado confiada en los poderes públicos, pero todo tiene un límite, las pensiones son algo sagrado y la gente no siempre se chupa el dedo. Los jubilados han recibido una carta en la que se les ha comunicado el incremento y ya lo han cobrado este mes. Un nuevo decreto sin trampas será aprobado también con los votos de la oposición, porque nadie quiere pasar por matatías y menos aún contra la gente mayor. Lo que no prosperará será la “suspensión de los desahucios y lanzamientos para las familias vulnerables sin alternativa habitacional”, que la oposición ha relacionado con el fenómeno okupa. El resultado es que la oposición no ha salido perdiendo con los pensionistas, que ya han cobrado, y ha salido ganando con los propietarios y con la gente que expresa su preocupación por el fenómeno okupa, que según algunas encuestas alcanza el 34% de la población. A Podemos y a los Comunes Sánchez también les ha tomado el pelo, aparentando cumplir un compromiso al presentar la iniciativa, pero sabiendo que no sería aprobada.

Cada vez es más evidente la deriva del debate democrático, transformado en una especie de concurso televisivo que no busca lo mejor, sino ver quién es más capaz de demostrar que los adversarios son peores, planteando un silogismo falaz, ya que el hecho de que “los otros” sean malos no garantiza la propia bondad. Las cuestiones de fondo quedan ocultas cuando la agitación y la propaganda monopolizan el espacio mediático, tomando a los ciudadanos por idiotas. Como todo acaba siendo un espectáculo alejado de la realidad, de particulares disputándose el negocio —lo que se ha descrito como la privatización de la política—, no debe extrañar que la gente se fije en nuevos demagogos solo porque predican un cambio, aunque sea a riesgo de ir a peor.

Con el decreto ómnibus, Pedro Sánchez ha hecho un uso fraudulento del Parlamento, únicamente para engañar a la gente, haciéndole creer que los grupos de la oposición quieren matar de hambre a los pensionistas.

Un ejemplo de la politiquería dominante es la reacción automática de cargar las culpas a los demás ante cualquier desgracia. La consellera Paneque ha responsabilizado a los gobiernos de CiU del abandono de Rodalies, cuando Rodalies siempre ha sido competencia del Estado y la mayor parte del tiempo bajo gobiernos socialistas. Desde la oposición, la actitud es la misma: venga a pedir dimisiones, como si las dimisiones resolvieran el problema. I la consellera Paneque también ha recibido injustamente. Lo importante no es qué ha pasado, por qué ha pasado y qué se puede hacer para que no vuelva a pasar y las cosas funcionen mejor. La prioridad es humillar al contrincante exponiéndolo políticamente derrotado.

El Partido Popular es incapaz de ofrecer alternativas a casi nada, pero no hace otra cosa que pedir la dimisión de ministros y del jefe del Ejecutivo. Ahora ha insistido a raíz de la tragedia del AVE en Adamuz, cuando fue principalmente el Gobierno de José María Aznar el que diseñó una red radial de alta velocidad insostenible y absurda desde todos los puntos de vista, salvo el negocio que hicieron las constructoras y los amigos que cobraron las comisiones.

El conseller Dalmau propone “un pacto de país para la refundación del sistema de cercanías de Catalunya”, pero poca refundación y poco pacto puede haber si la premisa innegociable es la eterna continuidad de Renfe.

En Catalunya, todo el mundo ha pedido la dimisión de la consellera Sílvia Paneque, quien, más allá de la demagogia propia del momento, no tiene demasiada culpa. Solo ocurre que pertenece a un partido comprometido en evitar, tanto como pueda, cualquier información que perjudique o no guste al PSOE, partido por cierto corresponsable con el PP de la falta de inversiones en Catalunya. Y no parece que quieran cambiar mucho, puesto que esta misma semana PSC, PP y Vox han vuelto a hacer frente común contra el concierto económico para Catalunya.

No es ninguna novedad la posición del PSC y eso tampoco cambiará, con la consellera Paneque y con cualquier otro conseller mientras gobiernen los socialistas aquí y allí. Hace dieciséis años que el conseller Nadal, cuando todavía era socialista, presumió de haber conseguido el traspaso de Rodalies, pero sin trenes, ni vías, ni catenarias ni personal, y con una lluvia de millones que, como todas, se esfumó. El drama de Rodalies no depende de uno u otro gobierno, es un problema estructural, de la concepción territorial del Estado, y una variable constante como es el monopolio de Renfe, considerada estructura de Estado —del Estado español, claro—, que aplica la concepción radial del Estado y un trato a Catalunya que en este ámbito es de categoría colonial.

En este sentido, la petición de dimisión de la consellera Paneque, formulada por Esquerra Republicana, resulta especialmente cínica, cuando ha sido ERC quien ha presumido de haber pactado un traspaso de Rodalies a la Generalitat según el cual quienes tendrán mayor poder de decisión serán los delegados de Renfe en la empresa mixta, condenando a Catalunya a no tener ningún otro operador que no sea el monopolio público español. Es evidente que a ERC le cuesta cada vez más justificar su apoyo a los socialistas y que, de vez en cuando, Oriol Junqueras tiene que hacerse el valiente para que no le ocurra lo mismo que a todos sus predecesores, que fueron defenestrados por la rebelión de las bases. Sin embargo, lo que está escrito, escrito queda, y el acuerdo firmado con el PSOE para dar apoyo a la investidura de Pedro Sánchez no deja lugar a dudas: incluye una cláusula que dice textualmente que “las diputadas y diputados de ERC darán apoyo a la investidura de Pedro Sánchez y, en paralelo al cumplimiento de los compromisos adquiridos en este acuerdo, darán estabilidad a la legislatura”. Y en esta línea, la dirección del partido no ha encontrado otro argumento que apuntarse el mérito de reincidir con una nueva lluvia de millones. Ahora serán 1.600 que se sumarán a los 6.400 prometidos… que, por supuesto, deberían gestionar Adif y Renfe.

Cuando el establishment catalán, moderado como es, da un puñetazo sobre la mesa y recuerda un déficit en infraestructuras de 40.000 millones de euros, quizá sería hora de que los representantes políticos de los catalanes dejaran de esconder la cabeza bajo el ala y, ya que son españoles, se hagan valer y actuaran como lo hacen los madrileños

El conseller Dalmau, en funciones de president, al referirse a este acuerdo de nueva lluvia de millones, sacó pecho al comparecer en el Parlament proponiendo un acuerdo de país “para la refundación del sistema de Rodalies de Catalunya”. Difícilmente se puede refundar nada si la premisa es que todo el mundo debe aceptar que quien refunde sea Renfe, mandando desde Madrid, incluso, como se ha visto estos días, por encima del Govern catalán. De hecho, el documento del plan de cercanías lo firman Adif, Renfe y el Gobierno de España.

La situación de cercanías es grave y requiere medidas urgentes a corto plazo para restablecer la mínima normalidad del servicio, pero lo que hace falta sobre todo son cambios estructurales. ¡Ojo!, que no pueden esperar a la independencia de Catalunya como ahora vuelven a proclamar sus partidarios aprovechando también la ocasión para hacer propaganda. El desastre es tan evidente que todas las entidades que agrupan al sector empresarial han alzado una voz unánime, recordando que el déficit de inversiones en infraestructuras alcanza los 40.000 millones de euros. Esto no va de financiación autonómica. Más importante es la desinversión del Estado, por no decir directamente la hostilidad. Incluso La Vanguardia proclama en portada que Adif apenas ejecuta una tercera parte del presupuesto.

Cuando el establishment catalán, moderado como es, da un puñetazo sobre la mesa, quizá sería hora de que los representantes políticos de los catalanes dejaran de esconder la cabeza bajo el ala. Dado que, al menos administrativamente, los catalanes son tan españoles como los madrileños, y dado que el actual Gobierno necesita más que nunca su apoyo, es el momento de hacerse valer y forzar los cambios legislativos y financieros necesarios para resolver el déficit acumulado y refundar la red ferroviaria catalana, sin Renfe, claro está, que al fin y al cabo tampoco tiene personal que quiera venir a Catalunya. Si se ha creado una policía de nuevo cuño, no debería ser más difícil crear un cuerpo autóctono de maquinistas. Ahora bien, hay que ser realistas. Para todo esto quizá no haga falta la independencia; tal vez bastaría con colocar a alguien que sepa, como Pere Macias, de ministro de Transportes, pero siempre y cuando él o el Govern catalán tuviesen la llave de la caja, porque ya se ha visto que las lluvias de millones no hacen crecer ninguna hierba.