Como apuntaba Joan J. Queralt en su artículo de ayer, la intervención de la abogacía del Estado ha fulminado la idea bienintencionada de creer que el uso perverso de los nuevos supuestos penales era cosa del deep state, en su cruzada contra el "gobierno ilegítimo", y con la voluntad de mantener la represión contra el independentismo en los máximos posibles. Al contrario, el hecho de que la abogacía haga suyas las instrucciones de la fiscalía y utilice el nuevo delito de desórdenes públicos para mantener inalterado el infecto delito de sedición —añadiendo una versión delirante del delito de malversación—, es la prueba más inequívoca de lo que ya sabíamos: que el gobierno socialista juega la misma partida represiva de la justicia ideológica y que, en ningún momento, ha abierto ninguna puerta a una mirada más democrática del conflicto. De hecho, esta percepción ya estaba meridianamente clara desde hacía tiempo, dado que la abogacía se ha mantenido como acusación en todas las causas que van goteando contra el independentismo, y, como recuerda Queralt, es una abogacía in house del Gobierno, porque "solo puede obedecer las instrucciones de la Moncloa sin ningún margen de maniobra".

Dicho de otra manera, el PSOE está jugando las mismas cartas, exactamente las mismas, que PP, Vox, Llarena, Supremos, Borbonada y el resto de instituciones españolas, solo que lo hace con un poco más de sutileza. No queda margen para ninguna duda, ni es posible mantener la letanía buenista de comunes y republicanos, según la cual existe otra España que quiere hacer las cosas de otra forma. ¿Dónde, por dónde anda, en qué agujero se esconde, qué señales da? Porque no hay ni un solo indicio de esta alteridad democrática, o, peor todavía, todos los indicios que salen de las "dos Españas" van en la misma dirección con respecto al independentismo: la represiva. Lo decía el presidente Puigdemont en respuesta a esta última ofensiva, todos a la una, de Llarena, fiscalía y abogacía, con el fin de poder cazarlo: "En España se hace política desde los tribunales, y se cambian los actos judiciales a conveniencia solo para conseguir la finalidad política de penalizar todo el proceso de independencia. Una justicia que primero me persigue por rebelión, después por sedición, y que ahora pedirá que me detengan por un delito que Alemania rechazó hace cuatro años y medio. No es una justicia previsible, y de ninguna manera es democrática".

La evidencia cae por el peso de la gravedad, tal como algunos advertimos desde el inicio: todo el montaje de modificación del Código Penal solo tenía un único objetivo, el de hacer más digerible la represión en ojos europeos y así cumplir el sueño húmedo de detener a Puigdemont. Y con el fin de vender el producto de manera maquillada, hacía falta que comunes y ERC abanderaran su defensa, convertidos en coartada perversa del objetivo oscuro que persigue el Estado. No queda, pues, ninguna máscara por caer, ni ningún subterfugio: las cartas del Estado están claras, y no son producto de los delirios oscuros del deep state, sino de un pensamiento único de todos los estamentos españoles con respecto al conflicto catalán. Repitámoslo, por si no ha quedado del todo claro: Llarena, fiscalía y abogacía (es decir, la Moncloa) remando en la misma dirección que una justicia represiva.

En este punto, ¿qué argumentos podrán esgrimir ahora los colaboradores necesarios de esta trampa antidemocrática? ¿Después de la decisión de la abogacía, qué dirá Jaume Asens, o Rufián, o el resto de líderes de Podem y de ERC que han vendido toda esta parafernalia como un avance democrático? Ya no podrán utilizar la palabra desjudicialización, dado que el nuevo Código Penal no hace otra cosa que reforzar todavía más la judicialización contra el independentismo. Ya no podrán utilizar la palabra diálogo, porque los que tendrían que plantearlo desde el Estado lo han dinamitado por todos lados. Ya no podrán utilizar el espantajo del deep state, porque todo el Estado actúa como un deep state, cuando se trata de Catalunya..., y así podríamos continuar.

Los señores de ERC y los comunes ya no tienen excusas, ni argumentos para defender lo indefendible. Seguramente tenían buenas intenciones cuando plantearon el acuerdo de modificación, y, seguramente, no previeron las intenciones reales del PSOE a la hora de hacer el pacto. Así hay que creerlo, porque la idea contraria, la de ser cómplices conscientes de esta trampa, sería terrible de pensar. Sin embargo, aceptada la buena intencionalidad de origen, ahora que todo queda al descubierto, ¿seguirán vendiendo este producto tóxico? ¿En qué momento Podem dejará de hacer de comparsa necesaria de la represión? Y en qué momento en ERC aceptarán que los han utilizado, los han engañado y se han aprovechado de ellos para montar una trampa al exilio y a todo el independentismo? No hay margen para las excusas, ni para el silencio, y, como diría el poeta, la hora es grave. Si ahora no hay una reacción contundente de los dirigentes de ERC y Podem en contra de lo que está pasando, ni dejan en evidencia la trampa que ha montado Pedro Sánchez, quedarán retratados en una foto muy oscura de la historia. Son claves en un nuevo capítulo represivo del Estado. Podían no saberlo, podían no creerlo, podían no imaginarlo, pero ahora lo saben, lo tienen que creer y ya no tienen margen para la imaginación. España es el deep state, y si no salen rápido de este pantano represivo, quedarán definitivamente enfangados.