El Día Internacional de los Derechos Humanos nos deja un Estado que no se despeina, ni un milímetro, ante el incumplimiento flagrante de los tratados y pactos internacionales en materia de derechos humanos, tal como denuncian organismos como la ONU, Amnistía Internacional, International Trial Watch o el Consejo de Europa.

En un creciente contexto de crisis democrática, de involución, de regresión de derechos y con un marco político de inestabilidad ―con las negociaciones entre PSOE y ERC para encauzar el conflicto político entre Catalunya y España―, la violación de los derechos humanos no sólo se visualiza con el encarcelamiento o el exilio de los líderes independentistas, la judicialización de la política o el aumento de la represión a las calles, sino por la enorme mochila que carga el Estado.

A finales de la semana pasada la canciller alemana, Angela Merkel, visitaba por primera vez el campo de concentración de Auschwitz, lugar donde fueron asesinadas más de un millón de personas, la mayoría judíos. Con anterioridad ya lo habían hecho los cancilleres Helmut Schmidt y Helmut Khol y con el canciller Konrad Adenauer pidiendo perdón por el genocidio nazi. "Recordar los crímenes, identificar a los autores y rendir homenaje digno a las víctimas es una responsabilidad", explicaba Merkel durante su intervención. Inmediatamente, las redes se inundaron de comparativas entre el compromiso de Merkel y la dejadez en España precedida de la más absoluta impunidad. Y no les faltaba razón, pero con algunos matices.

Ningún gobierno del PP ni del PSOE se ha tomado la "memoria" como una cuestión de Estado. Es muy difícil de entender cómo una democracia puede considerarse tal manteniendo más de 140.000 desaparecidos en miles de fosas sin abrir. ¿Cómo se puede aceptar un segundo funeral de Estado con honores a un genocida con un mausoleo fascista gestionado por el propio Estado? ¿Cómo se entiende que la sentencia de un president de la Generalitat, Lluís Companys, fusilado por el fascismo esté vigente, como tantos otros centenares de miles? ¿O cómo se entiende el papel triste de la justicia española cuando protege a criminales franquistas ayudándoles a evadir la justicia internacional ―con la excusa de una ley de amnistía preconstitucional― cuando se les reclama por crímenes de lesa humanidad?

La instauración de los valores republicanos al frente de las políticas de memoria en Catalunya han sido claves para el avance hacia la consolidación de unas políticas de memoria democráticas

A pesar de la evidencia, seríamos unos hipócritas si no nos miráramos el ombligo. La Catalunya de los diferentes gobiernos de Jordi Pujol muy poco hizo para recuperar la memoria. Catalunya dio un primer paso en la consolidación de las políticas de memoria con el primer tripartito. La ley de fosas o la del memorial democrático fueron indispensables, tal como siempre me lo recuerda Lluís Salvadó, el primero en impulsar los Espacios de Memoria de la Batalla del Ebro. Y fue en este contexto donde yo empecé a implicarme con la memoria. Yo soy unos de los millares de bisnietos que siguen buscando a su familiar 80 años después. Una de las miles de historias que continúan silenciadas o perdidas entre el olvido. Mi bisabuelo desapareció a la Batalla del Ebro y dejó atrás a su esposa y una hija de 4 años. Y ya saben que suponía eso a finales de los años treinta: miseria, pobreza, hambre y pasar a ser señalados como "rojos". Señalados en la escuela donde les cortaban el pelo y los purgaban con aceite rancio de bacalao. Así me lo explicaba siempre mi abuela. Las penurias de una familia que ante las adversidades salió adelante con trabajo y esfuerzo, con lucha y perseverancia. Inculcándonos unos valores y unos principios a los que nunca renunciaron. Y de aquí venimos, de perder una guerra que liquidó la República ganada en las urnas por un régimen caudillista que mutó a monárquico.

El gobierno de Artur Mas puso todos los palos posibles en las ruedas con un enorme recorte a las políticas de memoria con la excusa de los recortes por la crisis, pero sencillamente era por pura ideología. Una moción parlamentaria de finales de 2013 avalaba nuestro proyecto en la Universitat de Barcelona y obligaba al gobierno a recuperar las muestras de ADN de familiares y compararlas con los restos humanos que se localizaban en las fosas. Ni las diversas comparecencias en el Parlament de Catalunya ni la reiteración del síndic de greuges doblegaron la voluntad de Artur Mas. Muchas fueron las presiones para que desistiéramos. Pero la lucha para recuperar la dignidad de nuestros héroes bien se lo valía, ¡y no desfallecimos! Hay todo un mundo neoindependentista que hoy avala un futuro republicano pero que sigue ignorando toda la memoria republicana. Porque su tradición era exactamente otra.

Con la llegada de Raül Romeva al frente de las políticas de memoria del 2016 se recuperaba la esperanza. Con una experiencia dilatada adquirida en los Balcanes ―cuando era eurodiputado― con el conocimiento del procedimiento en la abertura de fosas y la identificación, no falló. El recibimiento y acuerdo fue inmediato y, poco después, el gobierno asumía el reto. El exconseller Carles Mundó cerraba la prisión Model e impulsaba la vía parlamentaria con la aprobación de la ley que anulaba las más de 66.000 sentencias sumarísimas en Catalunya. Y con la llegada de la consellera Ester Capella, al frente del Departament de Justícia, la consolidación del proyecto con la inminente tramitación de la Ley de Memoria Histórica de Catalunya. Los que no sepan qué significan los valores republicanos, aquí varios ejemplos.

La instauración de los valores republicanos al frente de las políticas de memoria en Catalunya han sido claves para el avance hacia la consolidación de unas políticas de memoria democráticas.

Nuestras abuelas y bisabuelas salieron adelante en condiciones mucho más adversas. Ellas nos han enseñado quiénes somos, de dónde venimos. Estamos aquí porque ellas vivieron para que nosotros pudiéramos vivir. Somos los herederos de aquella lucha, la lucha republicana en defensa de la democracia, los derechos y la libertad y que el franquismo cortó de raíz. Tenemos la obligación de recuperar la memoria y dignificar a toda aquella gente que lo perdió todo, hasta la vida. También por estricta salud democrática.