La partida del nuevo sistema de financiación autonómica acordado por los gobiernos socialistas de España y Catalunya con Esquerra Republicana (ERC) está abierta. En primer lugar, porque, como sabe todo el mundo, el anuncio ahora debe convertirse en letra de ley en el Congreso y el trámite se presenta más que costoso ante el rechazo de Junts —que es la fuerza determinante para que salga adelante— y la oposición o las reticencias de otras formaciones soberanistas o federalistas como el BNG (Galicia), Compromís (País Valencià) o la Chunta (Aragón). El problema está en el denominado bloque de investidura de Pedro Sánchez. No se espera que el PP se sume —aunque lo pueda hacer alguno de sus barones autonómicos— ni, por supuesto, VOX. Game over? Obviamente, la partida se habrá acabado si los de Carles Puigdemont no se mueven del no. De ahí las llamadas a la “responsabilidad” que han hecho al unísono a los de Junts los líderes del tripartito de la financiación, capitaneado por Salvador Illa y Oriol Junqueras, y con Jèssica Albiach de acompañamiento. Pero eso no significa, necesariamente, que el juego no pueda continuar. Es decir, que no haya segunda parte e, incluso, una prórroga. ¿Cómo?

Junts puede permitirse tumbar el acuerdo Sánchez-Junqueras en el Congreso, a pesar de que los republicanos, como también ha hecho el president Illa sin restar protagonismo a Junqueras, pueden reivindicar que estamos ante el mejor acuerdo de financiación de la historia. La previsión de ingresos adicionales para Catalunya, 4.686 millones de euros más o, como destaca Junqueras, el final del sistema de anticipos (hasta ahora, el Estado paga a dos años vista a la Generalitat y mientras tanto hacía la puñeta todo lo que podía y más), o el hecho de que el IVA transferido pueda llegar al 80% para financiar competencias no homogéneas como los Mossos. Más discutible es si el nuevo modelo, como se ha prometido, respetará la ordinalidad —que la posición catalana en el ranking de las autonomías de régimen común a la hora de aportar y recibir recursos sea la misma—, pero el compromiso (forzosamente, teórico, sobre la base de la población ajustada, no la real), existe: Catalunya sería la tercera en aportar a la caja estatal y la tercera en recibir. No obstante todo ello, Junts puede aducir que en nada se parece el pacto Sánchez-Junqueras no ya a un concierto económico, sino a la financiación singular propuesta por el gobierno Aragonès y pactada por la ERC de Marta Rovira con el PSC para investir president a Salvador Illa. Modelo que preveía la recaudación, liquidación, gestión e inspección del 100% de los impuestos de los catalanes, es decir, unos 50.000 millones de euros, de los cuales después saldría una cuota al Estado para sufragar los servicios que presta y otra de contribución a la solidaridad con el resto de autonomías. Por eso, Junts puede votar en contra de la reforma del modelo de financiación autonómico que se pretende renovar ahora con 12 años de retraso. Sin embargo, Junts lo tendrá más difícil para justificar un no a la proposición que ERC mantiene viva en el Congreso y que justamente reclama la delegación de la recaudación del 100% del IRPF a la Generalitat, cerca de 30.000 millones de euros. Aquí sí, el marco autonómico se estira hasta rozar la soberanía fiscal.

Junqueras ha goleado en el frente autonómico de la financiación pero puede perder los réditos si no evoluciona el acuerdo hacia una auténtica soberanía fiscal

Del mismo modo, tampoco se entendería mucho que ERC votara en contra en el Congreso de la propuesta de Junts para que Catalunya acceda a un concierto económico como el vasco y el navarro. Sabiendo, incluso, que seguramente no prosperará de ninguna manera. Junqueras ha goleado en el frente autonómico, saliendo de la Moncloa reconocido como actor clave en la política catalana y española, y con un acuerdo de financiación bajo el brazo que puede defender como una solución de urgencia ante los muchos retos de la Catalunya de los 8 millones. Todo un ejercicio de pragmatismo y política útil en la mejor tradición pujolista. Junqueras ha conseguido deshelar el Báltico, es decir, que el PSOE se mueva sobre una cuestión que para mucha gente es la cuestión de fondo en el pleito Catalunya-España. Pero podría perder rápidamente los réditos alcanzados si no consigue evolucionar la primera parte de la partida de la financiación, la autonómica, la del peix al cove, la del cash, a un auténtico acuerdo de soberanía fiscal en la segunda parte del partido. Del huevo al fuero, la famosa llave de la caja. Es aquí donde ERC se la juega con Junts, y Junqueras lo sabe, pero también con el Foment del Treball, la patronal catalana, que, contra todo pronóstico, se ha salido de la ecuación para reclamar más ambición nacional en la gestión de los impuestos que pagan los catalanes.