La operación retorno a España de Juan Carlos I, que abandonó Madrid con destino a Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, el 3 de agosto de 2020, ya está en marcha. Solo hace falta ver los pronunciamientos en cadena del Palacio de la Zarzuela, el gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Popular a la desclasificación de los papeles del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 para ver el verdadero interés de la documentación, parcial e incompleta, colgada en la web de la Moncloa. El deterioro de la salud del emérito, que el pasado mes de enero cumplió 88 años, es más que probable que haya llevado a una decisión drástica: sería un descrédito para la monarquía española que Juan Carlos I muriera en el extranjero. Por ello, el Estado intenta un lavado rápido e intenso de la biografía del monarca exiliado desde hace más de cinco años tras los graves problemas de corrupción en los que se vio envuelto y que hace ya un tiempo quedaron convenientemente archivados.

Este jueves, los mensajes fueron todo en esta dirección. Empezó el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, asegurando que estos papeles desclasificados debían reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado, en referencia a Juan Carlos I. Para, seguidamente, desvelar el objetivo de la operación 23F: sería deseable que el rey emérito volviera a España, ya que —según Feijóo— el propio Juan Carlos I ha reconocido errores innegables en su trayectoria. El primer paso estaba dado. A Feijóo le siguió, como si se tratara de un reloj suizo, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños: la decisión del rey emérito de volver o no depende exclusivamente de él; nunca se le ha denegado la entrada a España. Y, a partir de aquí, le paso la pelota a la Casa Real, el último actor de esta triangulación del Estado: la decisión le compete a Juan Carlos I y a la Casa Real, no al Gobierno ni al jefe de la oposición.

El Estado intenta un lavado rápido e intenso de la biografía del monarca exiliado desde hace más de cinco años tras los graves problemas de corrupción en los que se vio envuelto y que hace ya un tiempo quedaron convenientemente archivados

Gobierno y oposición habían hecho su parte de la carrera, ¿pero qué opinaba Felipe VI? La respuesta de la Casa del Rey llegaba a última hora de la tarde: el rey emérito puede volver cuando quiera a España. Depende de él. La operación trazada para blanquear al rey emérito recuerda mucho a la que llevaron a cabo, en 2014, el entonces jefe de la Casa del Rey Juan Carlos I, el diplomático Rafael Spottorno, con el gobierno del PP de Mariano Rajoy —representado por Jorge Moragas, como director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno— y el jefe de la oposición socialista, el fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba. Aquella célula que diseñó la abdicación del rey emérito la completaban la entonces vicepresidente Soraya Sáenz de Santamaria y Jaime Alfonsín, entonces jefe de la Secretaría del Príncipe Felipe. Seis personas, ninguna más. En esta ocasión, los nombres serán otros, pero el rango similar, empezando por el jefe de la Casa de Felipe VI, el diplomático Camilo Villarino.

Estamos observando, por tanto, solo la punta del iceberg de una operación perfectamente diseñada que iremos viendo como se va presentando en las próximas semanas. Pero el punto de arranque ya se conoce y todas las partes han dado su visto bueno. Atrás queda su libro de memorias, Reconciliación, que se puso a la venta el pasado mes de diciembre, escrito con la ayuda de la periodista y escritora francesa Laurence Debray y que levantó más de un salpullido por frases como una dedicada a su hijo, al que reprochaba cierta frialdad en el trato, y adelantaba que quería recuperar una relación más fluida. Aquel libro sirvió de poco a la hora de lavar su imagen, pero fue el inicio de una reescritura de los hechos de Juan Carlos I. Ya lo dijo el escritor colombiano Gabriel García Márquez: la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla.