El abogado de la familia Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, ha puesto en evidencia este jueves la tesis acusatoria del inspector de la UDEF, Álvaro Ibáñez con su interrogatorio en el juicio en la Audiencia Nacional. El instructor de la causa ha explicado el blanqueo de capitales atribuido a los Pujol tiene como delito precedente la corrupción política, pero en el caso del president Jordi Pujol y sus hijos “no investigó” si presionaron a políticos o funcionarios en operaciones urbanísticas o concesiones públicas, relacionadas a los pagos como intermediario que recibió Jordi Pujol Ferrusola. El penalista ha insistido en preguntarle si sabía que en todas las obras bajo sospecha en las administraciones gobernaba el PSC, y si interrogó a algún responsable político y técnico. “No era relevante. Mi tesis es que son plusvalías ilícitas”, ha asegurado Ibáñez. El presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, ha cortado esta línea de interrogatorio y ha asegurado que solo es la hipótesis policial.
En el interrogatorio, Martell le ha insistido que aclarara el delito precedente y ha denunciado que “lo ha hecho a brochazos”. Y es que en la acusación policial—ha recordado el penalista— se cita casos antiguos, como el caso Banca Catalana, donde el president Pujol ni fue juzgado por la Audiencia de Barcelona; o la condena fiscal al fiscalista Joan Anton Sánchez Carreté y otros casos vinculados a Convergència y a excargos del Govern de Pujol, como Lluís Prenafeta, además del caso Hacienda, caso Kepro, caso Turismo, cas Gran Tibidabo o el caso ITV, donde Oriol Pujol fue condenado, pero por una actuación posterior a la del juicio actual. “¿Dónde está vinculada la familia Pujol en estos casos?”, le ha requerido Martell y el inspector no ha detallado ninguno, solo que había sacado información de "fuentes abiertas".
El instructor policial de la causa contra los Pujol ha manifestado que no era necesario investigar si las adjudicaciones públicas eran irregulares porque "la influencia política es a largo plazo, como mantuvimos y se recogió en la sentencia del caso Palau". No obstante, en el caso Palau se probaron pagos de Ferrovial a Convergència, a través del Palau, a pesar de la prescripción. Martell le ha expuesto que su tesis acusatoria va en contra informes de la Agencia Tributaria sobre los negocios e inversiones del hijo mayor del president Pujol.
Las cuentas en Andorra
En su interrogatorio por las defensas, el inspector Ibáñez no ha sido tan tajante, como en las respuestas acusatorias que dio al fiscal, el miércoles. Con todo, la credibilidad del jefe policial ha quedado en cuestión cuando en la sesión de miércoles confesó que tenía "animadversión personal" a los Pujol, a pesar de que después matizó que era "a la representación jurídica".
El abogado Pau Ferrer —en nombre de todos los hermanos Pujol, menos de Oriol— ha pedido al instructor que aclarara por qué dijo que la regularización de las cuentas de Andorra en julio de 2014 fueron "incompletas", e Ibáñez ha respondido que lo dijo "como una generalidad". Al ser preguntado, Ibáñez ha contestado que tampoco sabía que el abuelo Florenci Pujol fue sancionado por tener divisas extranjeras. La familia sostiene que su dinero es fruto de de una deixa del abuelo. De las cuentas en Andorra, Ibáñez ha reiterado que inicialmente, en los años 90 había una cuenta "como un depósito" con unos 300 millones de pesetas, aparte de la cuenta con la cual Pujol Júnior ingresaba dinero a sus hermanos.
¿Oriol influyó en alguna adjudicación?
El abogado Oriol Rusca, defensor de Mercè Gironès, exmujer del primogénito del president Pujol, ha exigido al inspector que explicara afirmaciones "no ciertas", como la donación de un piso a la hija, que situó como el despacho profesional del padre.
Por su parte, el abogado Francesc Sànchez, solo ha hecho una pregunta al policía: "Me puede decir una actuación en la que Oriol Pujol hubiera influido en alguna concesión pública?". El inspector policial ha citado el caso ITV, en el cual se condenó Oriol Pujol a dos año y medio de prisión para cobrar comisiones a empresarios, en 2018. Sànchez le ha insistido que dijera un supuesto en el caso que se juzga ahora, y el jefe de la UDEF no ha sabido decir ninguno. El caso ITV es posterior al caso de la fortuna en Andorra, y por tanto no se puede tener en cuenta en este procedimiento como delito precedente al blanqueo.