Hace una semana se celebró la presentación de un manifiesto de denuncia del trato que recibe Catalunya en la distribución de recursos públicos en España. Después de cuatro décadas de experiencia autonómica, se puede afirmar sin duda que el citado trato es "injusto e insuficiente", con las consecuencias de un menor desarrollo y una reducción del grado de bienestar de los catalanes. Los autores del documento son un colectivo del Col·legi d’Economistes de Catalunya que se llama “Economistes pel benestar", cuya cara visible es el exdecano Joan B. Casas. Las entidades que hacen la denuncia son la mayoría de organizaciones empresariales catalanas, con la curiosa ausencia de Foment del Treball, una patronal que en otras ocasiones ha denunciado también el maltrato económico.

El manifiesto en cuestión concreta en cuatro puntos muy específicos dónde se refleja el maltrato crónico en la distribución de recursos públicos: 1) la excesiva aportación a la solidaridad y al equilibrio territorial español; 2) un modelo de financiación totalmente insuficiente para cubrir los servicios básicos del estado del bienestar; 3) una inexplicable desigualdad en las aportaciones al equilibrio interterritorial por parte del País Vasco y de Navarra; y 4) una política de inversión pública centralista y radial que margina sistemáticamente el eje mediterráneo.

Los datos económicos sobre los cuales descansan los puntos anteriores se incluyen como anexos del manifiesto. No los reproduciré porque el propio lector las puede consultar en este documento. Sin embargo, sí que vale la pena destacar las conclusiones que se desprenden de ellos (para el conocimiento general de la sociedad catalana) y el mensaje final que se envía al Estado.

Catalunya es la segunda comunidad en capacidad fiscal por habitante (detrás de Madrid, donde está la capital del reino), pero pasa a la posición doce en recursos públicos recibidos por habitante 

Una de ellas es que la extracción de recursos públicos de Catalunya (encarnado en un déficit fiscal medio del 8% del PIB en el periodo 1986-2019) ha empobrecido la sociedad catalana (pierde posiciones de bienestar y calidad de vida en el conjunto de regiones europeas). Con la circunstancia de que el trasvase de rentas hacia regiones receptoras del Estado no ha servido para una convergencia económica general, es decir, las desigualdades entre regiones (en términos de PIB/hab, niveles de empleo, etc.) persisten en el tiempo.

Con respecto al déficit fiscal, se compara Catalunya con estados y regiones de Canadá, Estados Unidos, Australia y Bélgica. Se pone de relieve la enorme distancia que hay entre el déficit catalán con respecto a los de California, Nueva York, Massachusetts, Ontario, Alberta, Flandes y Australia Occidental. Estamos hablando del doble y del triple.

Otro apunte relevante que se pone sobre la mesa, y que afecta directamente al bienestar de los catalanes, es que Catalunya es la segunda comunidad en capacidad fiscal por habitante (detrás de Madrid, donde está la capital del reino), pero pasa a la posición doce en recursos públicos recibidos por habitante (la decimocuarta si el dato se corrige con las diferencias en el coste de la vida). Eso haciendo la comparación con las comunidades que se rigen por el régimen común de financiación, que son todas, menos las que van con el régimen foral (País Vasco y Navarra).

En este punto, los autores recogen los resultados de un estudio comparativo entre Catalunya y el País Vasco que demuestra que, a igualdad de competencias, los vascos tienen unos ingresos por habitante un 84% superiores al de los catalanes. Visto desde otra perspectiva: la solidaridad vasca (el llamado "cupo", las aportaciones por habitante a los gastos generales del Estado) es de una quinta parte de la catalana. Quiere decir eso que los recursos que generan los vascos se los quedan prácticamente en su totalidad.

El manifiesto se cierra con una petición destinada a los poderes públicos del estado español: Catalunya tiene que tener la capacidad para recaudar y decidir sobre los recursos que genera. ¿Para qué? Para potenciar su competitividad y para cosas prácticas con respecto al bienestar como son la educación, la salud, los servicios sociales, las infraestructuras y un largo etcétera de la vida cotidiana. Lo dicen muchos economistas, y ahora también una comunidad empresarial corresponsable del progreso y de los servicios que recibe la gente.

Sin embargo, siendo realistas, desde Madrid (si es que les llega), la enésima denuncia de una situación estructuralmente injusta se la miran con una sonrisa debajo la nariz. La única solución posible viene de la política. Y que estemos donde estamos tiene nombres y apellidos de partido: en Catalunya, PP, PSC, Vox y Ciudadanos, que en el País Vasco defienden con uñas y dientes el "cupo" y que aquí se hacen los suecos negándose a defender el bienestar de los catalanes... incluidos todos sus votantes. Un caso insólito a escala mundial en democracias.