En un artículo reciente de Jordi Barbeta en este diario relativo al estado de la Nación, el autor reproduce una conversación con su amiga Eulàlia en torno al compromiso con la independencia de Catalunya. En un punto le pregunta si arriesgaría su patrimonio para conseguirla, y ella responde "¡Anda! ¿Qué dices"?, que podemos interpretar como no lo arriesgaría".

A continuación Barbeta le cita el caso de Canadá y del Reino Unido, donde en sendos referéndums (Quebec y Escocia) los estados movilizaron jubilados a votar en contra de la secesión con el argumento de que dejarían de cobrar su pensión, para preguntarle a Eulàlia: "¿Tú qué harías si, estando jubilada, te dijeran que te quedarías sin pensión?". Ella, independentista, le responde que no se lo podría permitir, añadiendo que "si la cosa fuera así creo que aquí también ganaría el no" [cómo lo hizo en Quebec y en Escocia].

Aunque es un tema que se estudió bastante antes del referéndum del 1-O, a raíz del artículo citado me ha parecido oportuno recuperar los argumentos económicos en contra del espantajo de las pensiones, un recurso demagógico recurrente que en su día oímos: que los catalanes solo tendríamos garantizado cobrar pensiones si seguimos formando parte del Estado español, que España tiene el dinero de los catalanes que han contribuido a lo largo de su vida y que, dado el caso, no pagaría las pensiones de los jubilados catalanes, entre otros.

Entre el 2012 y el 2017 se publicaron trabajos que desmentían estas afirmaciones y que, en cambio, demostraban que los catalanes podrían seguir cobrando las pensiones, con oportunidad en algunos casos de mejorarlas. La mayoría utilizaban datos del nforme sobre les aportacions de Catalunya a la Seguretat Social, del Departament d’Economia i Coneixement (2012). El tema lo tratamos en uno de aquellos trabajos del cual soy coautor, om Àustria o Dinamarca. La Catalunya possible (2013), dedicando un capítulo titulado "¿Podrían pagarse las pensiones?". Todo lo que decíamos allí es vigente y lo recupero.

Para empezar, hay que decir que España no tiene un fondo de dinero integrado por las contribuciones que ha hecho Eulàlia a lo largo de su vida laboral. El sistema vigente, parecido al que se aplica en la mayor parte de países de nuestro entorno, es el de reparto, lo cual quiere decir que los que trabajan pagan mensualmente cotizaciones sociales que se utilizan para pagar las pensiones que cobran mensualmente los jubilados. La Administración del Estado, pues, no tiene una bolsa de dinero, sino que tiene un tubo por el cual circulan las cotizaciones mensuales, que van a parar a las pensiones de los jubilados. En una hipotética Catalunya independiente, con toda probabilidad seguiría aplicándose el mismo sistema, al menos inicialmente. Por lo tanto, los jubilados cobrarían las pensiones alimentadas por las cotizaciones de los que trabajan, o sea que todo se generaría y se liquidaría en casa.

Las pensiones en una Catalunya independiente no estarían menos garantizadas ni serían necesariamente inferiores a las de la actualidad, más bien podrían ser superiores

Antes de seguir, aclaremos que la Seguridad Social española es muy deficitaria, gasta más de lo que ingresa desde el 2010 (en el 2020 fueron cerca de 20.000 millones de euros) y, a la larga, es totalmente insostenible. Eso hace que tenga que recurrir al endeudamiento y a los presupuestos del Estado. En este punto hay que indicar que actualmente el sistema de pensiones del Estado en Catalunya también es deficitario, a diferencia de los años buenos de 2000 en el 2008, en el que siempre tuvo superávit mientras que el resto de España registró cuatro años de déficit.

Volviendo al artículo de Barbeta, ¿qué nivel tendrían estas pensiones en Catalunya en comparación con las actuales en el marco español? Pues depende básicamente de tres puntos: 1) el número de personas que trabajan con respecto al número de pensionistas (en Catalunya es un poco más alta que en el resto del Estado); 2) el salario de los trabajadores catalanes, cuanto más altos más ingresos para cotizaciones y más dinero para las pensiones (en Catalunya los salarios son más altos que en el resto del Estado); 3) el tipo de cotización de los trabajadores, que actualmente viene fijado por el Estado y que en una Catalunya independiente daría juego para hacer una política de pensiones ajustada al país (subir o bajar tipo, establecer el importe de las pensiones, creación de un fondo de reserva, recurso a los presupuestos públicos o a la deuda, entre otros).

En definitiva, y mirando de cara al futuro, las pensiones en una Catalunya independiente no estarían menos garantizadas ni serían necesariamente inferiores a las de la actualidad, más bien podrían ser superiores. Dicho esto, lo que es realmente relevante, tanto aquí como en el resto del Estado, es la insostenibilidad de un sistema que cuenta cada vez con menos empleados (y con salarios más bajos) con respecto al número de pensionistas, que no paran de crecer. Eso es lo que en realidad tendría que preocupar a los pensionistas actuales y futuros, no la mentira interesada que, si Catalunya fuera independiente, los catalanes se quedarían sin pensión.

Modesto Guinjoan, economista.