Ahora hace ocho días, Pedro Sánchez citaba a medias a Martí i Pol en el Liceo, ante los 300 de siempre de las élites locales que bendijeron los indultos y, menos de 48 horas después, los nueve presos y presas políticas del 1-O estaban en la calle con un estatus parecido a una especie de libertad revisable y, como ha escrito Joan Queralt, condicional. Oídas las primeras reflexiones públicas que han hecho algunos de ellos, creo que son perfectamente conscientes de que sería suficiente con que la tortilla se diera la vuelta en la política española para que el Casado o la Ayuso de turno, con el concurso de los togados del Supremo, los devolviera a las celdas de Lledoners, Wad-ras o Puig de les Basses; o, incluso, de Estremera o Soto del Real. No lo deseo. Pero la advertencia de Aznar, erigido en sumo sacerdote de la ortodoxia patria, amenazando empresarios y obispos díscolos por haber dado apoyo a la medidísima medida de gracia, indica claramente el camino de retorno —que, en último término, facilitaría el carácter condicionado, provisional, de la "libertad" otorgada por Sánchez —. Si dentro de dos años el PP de Aznar, ya sea con Ayuso de candidata o de lideresa in pectore, recupera la Moncloa, no se extrañen si los presos y los presos políticos vuelven donde estaban, a pesar de Pedro Sánchez se vanaglorie de proclamar que "estamos donde estamos". Es más: tampoco me fiaría al 100% que el indultador no los desindulte. Pero vayamos por partes.

Por razones de trabajo conozco o he podido conocer o seguir a muchos de los que, en principio, han dejado de ser presos i preses políticas. Todos ellos y ellas son personas honorables que, con aciertos o errores —como todo el mundo— han intentado servir al pueblo que los ha escogido libremente para representarlo. Recuerdo, por citar a uno de ellos, a Quim Forn. Un domingo por la noche, bastante tarde, saliendo del diario donde trabajaba entonces, me lo encontré en el solitario cruce de Balmes con Diagonal inspeccionando los semáforos, comprobando si funcionaban o no, porque no se fiaba del todo de las explicaciones de los técnicos. Entonces ejercía como primer teniente de alcalde del ayuntamiento de Barcelona, es decir, de número dos de Xavier Trias. Después fue el conseller de Interior con Carles Puigdemont que dirigió la operación contra los responsables de los atentados yihadistas del 17-A en Barcelona y Cambrils. Forn, quien, como su compañero de prisión Josep Rull se inició en política en las juventudes de CDC, la JNC, salió de Lledoners con la misma pancarta de Freedom for Catalonia con que activistas independentistas como él reclamaron, en 1991 y 1992, la catalanización de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Activismo, capacidad de gestión y compromiso político, moral y cívico no solo no son antitéticos sino que se dan la mano en personas como Forn, que han quedado libres pero inhabilitados por los poderes españoles por muchos años para poder servir de nuevo al pueblo desde los cargos públicos. Hay un tiempo para el castigo y otro para el perdón, dijo Sánchez el otro día, en una declaración que retrata hasta los tuétanos la moral de Antiguo Régimen —en el extremo, tú vives, tú mueres— que late detrás de los indultos. Por eso mismo, el perdón cuelga de un hilo. Y es el mismo Sánchez quien, según cómo sople el viento, se las podría ingeniar para justificar una marcha atrás en la decisión de indultar a los presos y presas políticas del 1-O. Expliquémoslo.

¿Qué haría Sánchez en vísperas de nuevas elecciones españolas si los presos y presas catalanes ho tornen a fer? ¿Y un Casado —o una Ayuso— que, eventualmente, las ganaran?

¿Qué sucederá si el diálogo que mañana inician formalmente los presidentes Pedro Sánchez y Pere Aragonès fracasa? Es un diálogo, que, recordémoslo, comporta en cierta manera una tregua, de duración limitada a dos años, por parte del independentismo. No es ningún secreto que Junts per Catalunya otorga cero posibilidades a la mesa con la Moncloa. ERC tampoco se lo cree del todo: por eso ha planteado más los indultos como una victoria del independentismo que como fruto de una negociación bajo mano con Sánchez. En cuanto a la CUP, sinceramente, declaro mi incapacidad absoluta para prever si sube o baja. Pero lo cierto es que los tres partidos del independentismo se han dado dos años de margen. Y si sirven para que se suspendan las euroórdenes contra el president Puigdemont y el resto de exiliados; si el Tribunal de Cuentas se abstiene de continuar la cruzada para arruinar a miembros de los gobiernos Mas y Puigdemont y el resto de causas abiertas se archivan, el independentismo podrá prorrogar la tregua. Si, por el contrario, la causa general abierta se mantiene, será muy difícil que el independentismo o parte de él no vuelva a octubre del 2017. ¿A dónde, si no, debería volver? ¿Al autonomismo cercenado por la sentencia del Estatut de hace una década? ¿Y qué haría Sánchez en vísperas de nuevas elecciones españolas si los presos y presas catalanes ho tornen a fer? ¿Y un Casado —o una Ayuso— que, eventualmente, las ganaran?

La nueva situación —evidente— que propician los indultos no tendría que llevar ahora al error de pensar que este estado feroz y vengativo desenmascarado por el procés, también ante Europa, como ya admite incluso el gobierno Sánchez, lo ha dejado de ser

 El diálogo, siempre necesario, no puede convertirse en una coartada cómoda para aplazar hasta cuando convenga el resultado de la obligada (auto)reflexión estratégica que tiene que ir haciendo el independentismo. Como dijo Josep Rull el otro día en el FAQS de TV3, donde fue con Quim Forn, cuando menos, el independentismo ahora sabe a ciencia cierta qué hay detrás de la pared una vez se salta: un Estado feroz y vengativo, que parecía impensable que pudiera actuar como actúa he ahí, seguramente, el gran error del procés pero real como la vida misma. La nueva situación —evidente— que propician los indultos no tendría que llevar ahora al error de pensar que este estado feroz y vengativo desenmascarado por el procés, también ante Europa, como ya admite incluso el gobierno Sánchez, lo ha dejado de ser. El Estado está donde estaba. Y el independentismo, sin prisa pero sin pausa, tiene dos años para (re)pensar qué hará cuando llegue la hora de abordar lo que llama el próximo "embate". Que llegará.

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