Desde el pasado mes de enero, cuando Estados Unidos atacó Venezuela y sacó a su presidente, Nicolás Maduro, esposado hasta una prisión en Nueva York, Donald Trump ha aumentado la presión retórica y económica sobre Cuba para forzar cambios políticos y económicos. Parece que la presión de la administración Trump —que ha dejado la isla sin suministro de petróleo y ha provocado una grave crisis energética y económica— y las conversaciones entre los dos países han hecho efecto. Concretamente, el gobierno de Cuba ha confirmado que emprenderá una serie de reformas que permitirán a los cubanos que residen fuera del país invertir y ser propietarios de negocios privados en la isla, tal como avanzó en primicia el Miami Herald. El pasado viernes, el Partido Comunista de Cuba y el presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, reconoció conversaciones entre su administración y la de Donald Trump, tal como el líder estadounidense llevaba días anunciando. La medida es un guiño a la comunidad cubana de Miami y el sur de Florida, la más importante del mundo fuera del país, y gracias al capital de los cuales se han financiado multitud de negocios en Cuba en los últimos años. La reforma, por lo tanto, pondría en regla una realidad que ya se produce y pondría en marcha una demanda histórica de la comunidad cubanoestadounidense.
Un guiño a Washington
El viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Oscar Pérez-Oliva, ha confirmado este lunes la aprobación de la medida en una entrevista en la cadena estadounidense NBC, después de que lo avanzara el Miami Herald el pasado viernes. La iniciativa, según ha afirmado el ministro, va “más allá de la esfera comercial” e incluye también “grandes inversiones, especialmente en infraestructuras” de sectores considerados prioritarios como el turístico, el de la minería y el energético, este último duramente golpeado por la creciente presión de Estados Unidos, que ha detenido la llegada de petróleo venezolano a la isla. Este es el último en una serie de anuncios de la administración comunista de Cuba de acercamiento entre La Habana y Washington a raíz de la creciente presión de esta última sobre el régimen cubano. Según la actual legislación, los cubanos residentes en el exterior no pueden ser socios de una micro, pequeña o mediana empresa (mipymes), aunque sí que pueden participar en empresas extranjeras y mixtas. Después de un veto de cinco décadas, Cuba volvió a autorizar en 2021 la creación de mipymes privadas. Aunque tienen claras limitaciones sectoriales, operativas y de tamaño, estos actores económicos —con cerca de 10.000 aprobadas y en activo— juegan ya un papel clave en el país en términos de importaciones, empleo y recaudación fiscal.
“Hemos hecho un análisis en el Buró Político [del Partido Comunista Cubano] y en el gobierno del país, y creo que las nuevas acciones que se implementarán resolverán casi todas las inquietudes planteadas por los cubanos” en el exterior, afirmó el presidente Díaz-Canel en una intervención televisada el pasado viernes. En aquella ocasión, el líder cubano, que reconoció contactos entre la dirección del partido único y la administración estadounidense, afirmó que “la relación con los cubanos residentes en el extranjero constituye uno de los aspectos más importantes y decisivos que debemos abordar”.
El posible impacto de la medida
Las valoraciones sobre el impacto de estas medidas varían de forma notable. Algunas voces dentro del sector empresarial aseguran que es un movimiento muy positivo; mientras que, desde el ámbito académico, los expertos muestran en general más cautela. “Es histórico. Podría ser el principio del desmantelamiento del embargo económico de los Estados Unidos a Cuba”, subraya en declaraciones a EFE el empresario cubanoestadounidense Hugo Cancio. El mismo empresario, que es propietario de un negocio en línea que envía productos a Cuba adquiridos en el exterior, afirmaba en un artículo el pasado jueves que el gobierno cubano debe implementar medidas como la anunciada para atraer inversiones a la isla. Cancio también pide al gobierno comunista la apertura del mercado inmobiliario. Según apuntan fuentes gubernamentales cubanas, también se estaría estudiando facilitar a los cubanos residentes en el exterior la residencia y compra de propiedades inmobiliarias en la isla, especialmente a aquellos que abandonaron la isla antes de 2013, ya que, según la legislación de la época, perdieron sus propiedades —en favor del Estado— y el derecho a heredar.
Desde la academia se señalan principalmente los frenos externos con los que chocarán estas medidas, porque las sanciones de Washington dificultan que se invierta en Cuba desde EE. UU. e, incluso, desde terceros países. “El éxito de esta medida dependerá no solo de cómo Cuba la diseñe e implemente, sino también de las flexibilidades que se den en EE. UU.”, señala a EFE la economista cubana Tamarys Bahamonde. A su parecer, “el impacto será mayor o menor en dependencia de las condiciones y el contexto que rodee la autorización de estas inversiones”. Su éxito también dependerá de la administración cubana, que en otras instancias de acercamiento a Estados Unidos ha ralentizado la aplicación de medidas de apertura económica y que, al estar altamente burocratizada, puede tardar meses en implementarlas plenamente. La administración cubana, dicen varios empresarios cubanoestadounidenses, también debe dar garantías de liberalización para dar seguridad a los inversores y que se deberán traducir en modificaciones a las leyes cubanas.