La celebración de la Diada es siempre un motivo de afirmación de identidad colectiva y de petición de respeto por una nación histórica. En los últimos años, se ha celebrado bajo la sombra de la experiencia del referéndum del 1-O de 2017, que para los que participamos en él fue un acto democráticamente reivindicativo por la independencia; pero para el Estado fue una provocación gravísima que merecía castigos ejemplares, como así ha sido. La persecución política, policial y de la justicia patriótica que continúa, recuerda a una conocida canción de La Trinca que asimilaba a los catalanes con los indios del Far West. Decía "...sabemos según la historia, que esta tribu, pobrecitos, cuando se rifan garrotazos tienen todos los billetes". Los catalanes no caemos bien en Madrid, que es donde está el poder, y somos objeto de liquidación como nación. Solo como nación, porque no se nos quiere liquidar como centro de actividad productiva, entre otras cosas, porque está en punta de lanza en algunos ámbitos tecnológicos, es una potencia exportadora, crea muchos puestos de trabajo, etc. y también, como es ampliamente conocido, porque Catalunya tira de forma decisiva del carro del estado del bienestar español.

¿Cómo lo hace? El dato de síntesis que mejor lo ilustra es nuestra balanza fiscal con el sector público central. Ocho años después del referéndum, parece que las cosas siguen instaladas en una cifra equivalente a aproximadamente el 8% o 9% del PIB (22.000 millones de euros en 2021). Digo parece, porque no existen indicios de que el actual gobierno catalán las esté actualizando, ya que la información que proporciona el Estado es insuficiente, aunque algo de voluntad política debe de haber, pues, a pesar de las limitaciones informativas, el Govern anterior hizo una estimación para los años 2019-2021. En cualquier caso, sean 20.000, sean 25.000, la cifra de dinero que se va a Madrid y no vuelve es un escándalo. La estructura de la relación económica entre la capital y Catalunya sigue como siempre, incluso cuando se intentan arreglar un poco las cosas. Ejemplo de ello es la condonación de deuda con FLA, resultado del pacto ERC-PSOE.

Como ya analizamos cuando se empezaba a hablar de este tema, ninguna comunidad hablaba de condonar deuda. Pues cuando se ha concretado la operación, resulta que para quien más ha servido ha sido para el resto de comunidades: a Canarias y a Andalucía se les condona la mitad de la deuda; a Asturias, Castilla-La Mancha y Extremadura, una tercera parte, y en la cola, con una quinta parte, figuran el País Valencià, las Illes Balears y, cómo no, Catalunya. Esto pasa cuando se están pactando transferencias (gestión de impuestos, empezando por el IRPF, Rodalies Renfe...) que, a pesar de responder a una voluntad política bienintencionada, chocan con la oposición de las estructuras de poder del Estado, entre las cuales las de los propios empleados (maquinistas de tren, inspectores de Hacienda, etcétera) y en el futuro quién sabe si también con la oposición de la justicia patriótica.

La cifra de dinero que se va a Madrid y no vuelve sigue siendo un escándalo

La situación me recuerda a otra estrofa de la misma canción de La Trinca antes citada: "...como siempre pasa en el cine / a la hora de la verdad / los tratados con rostros pálidos / solo son papel mojado". A pesar de pequeños progresos, la relación económica del Estado con Catalunya sigue siendo fundamentalmente la de siempre, es sólidamente estructural y todo parece indicar que la cosa seguirá y seguirá. La sangría permanente de recursos generados en Catalunya tiene sus consecuencias en servicios públicos como la sanidad o la educación, que las familias resuelven con más mutuas privadas y escuelas privadas que en el resto del Estado.

Hasta aquí el tópico de que la culpa de nuestros males viene siempre de Madrid y que el problema no tiene una solución fácil. No tenemos que parar de denunciarlo, pero también debemos tener en cuenta que quizás haya carencias en la parte catalana, en particular de nuestro estamento político, tanto aquí como en Madrid. Es cierto que la animosidad del Estado con respecto a Catalunya ha sido históricamente muy acentuada, porque 1) nos consideran propiedad privada, 2) nos ven con potencial inequívoco de convertirnos en un Estado, y 3) que la animosidad se ha acentuado con el procés. Pero a la vez, todo esto se ha producido porque nuestros representantes políticos no han defendido lo suficientemente bien los intereses de la población catalana. Esto vale para todos los partidos: tanto los independentistas, que han demostrado una falta de fortaleza y destreza negociadora cuando han tenido el poder, como los partidos sucursalistas (unionistas o no), que no han pensado en Catalunya sino en los intereses de sus amos en Madrid.

Qué diferencia con respecto al País Vasco, donde unionistas e independentistas reman en el sentido de los intereses de la población vasca, de largo plazo y de las cosas del día a día. Con la ventaja de que, a diferencia de los catalanes, los vascos caen bien en Madrid o se saben mover mejor que los catalanes, que somos los "pupas" del Far East (con permiso de aquel trío irrepetible que fue La Trinca).