En el 2023, Angela y su marido se divorciaron. Tienen dos hijos en común y uno de los dos tiene una discapacidad permanente que lo obliga a vivir en un hogar adaptado. El hijo nació a las 23 semanas de gestación, es ciego y tiene graves problemas de aprendizaje entre otras dificultades. Este hogar adaptado era copropiedad de los dos miembros del matrimonio. Cuando se disolvió, Angela renunció a su parte de propiedad y se compró un apartamento, a centenares de kilómetros del primer domicilio. Cuando hizo la declaración de la renta correspondiente a aquel ejercicio, hizo constar que este apartamento era su única propiedad y, en consecuencia, pagó los impuestos que corresponden por residencia habitual.

Bueno, pues cuando Hacienda repasó la declaración, comprobó que Angela todavía tenía un vínculo legal con el que había sido el domicilio familiar del matrimonio. Y es que, pensando con el hijo con discapacidad, el matrimonio decidió transferirle una parte de la propiedad de la casa a través de un fideicomiso. Eso le garantiza un techo cuando sus padres falten. Y como la madre, Angela, todavía es co-tutora legal de este hijo menor de edad, Hacienda considera que, por vía indirecta, todavía tiene un cierto grado de propiedad sobre la casa que dejó en 2023.

Cuando se explican historias así, el nombre acostumbra a ser ficticio. En este caso no; Angela es real

Por todo ello, Hacienda cree que Angela no tiene una sola propiedad, sino dos, y por lo tanto en aquella declaración de Hacienda en lugar de pagar 34.000 euros de impuestos en inmuebles, tendría que haber pagado 80.000. Angela se quedó boquiabierta porque justamente sabiendo que pasaba todo eso con su hijo, su divorcio, y su excasa puso el caso en manos de un equipo de asesores que le dijeron que todo era correcto. A pesar de todo, cuando recibió el requerimiento administrativo pagó inmediatamente la diferencia de 46.000 euros y, de esta manera, hizo las paces con Hacienda quien, por cierto, da el caso por cerrado.

Cuando se explican historias como esta, normalmente el nombre es ficticio. Pero en este caso, el nombre de Angela es real. Se trata de Angela Rayner, que hasta el viernes era la vice primera ministra de Gran Bretaña, es decir, mano derecha del primer ministro Keir Starmer. Era la mujer con más poder en el Reino Unido y dimitió después de que el caso que acabo de explicar fuera considerado un escándalo de primera magnitud entre la opinión pública británica. Se da la circunstancia que, ahora hace un mes, una secretaria de estado del departamento de Rayner también dimitió porque era propietaria de un apartamento y aprovechando la finalización del contrato de unos inquilinos aumentó el precio del alquiler, una cosa que el gobierno de Starmer está intentando combatir. En concreto lo incrementó de los 700 a los 805 euros.

No se trata de hacer ninguna moraleja sino de constatar la diferencia entre una democracia y la otra

No se trata de hacer ninguna moraleja sobre si Rayner tenía que dimitir o no, simplemente constato que ha dimitido por esto. Y lo ha hecho no por haber cometido ningún delito sino una simple irregularidad administrativa, en la que no ha demostrado ni mala fe, ni voluntad de esquivar a Hacienda y, lo más importante, ya resuelta, pagada la diferencia y admitida públicamente su falta. Da igual: después de 48 horas, y solo trece meses después de haber asumido el cargo, Rayner ha tenido que irse. También ha dejado su cargo como número 2 del partido laborista.

Intuyo que a estas alturas del artículo, el lector ya ha emitido alguna expresión de tipo irónico parecido a un "mira, como aquí". Efectivamente, no hay que mencionar ningún caso porque hay a espuertas y que cada uno escoja el que prefiera a modo de ejemplo. Y efectivamente, es abismal la diferencia de donde se sitúa el listón de la ejemplaridad pública y la asunción de responsabilidades políticas cuando se comete un error. Tan abismal que incluso es cultural: estoy seguro de que más de uno considera que el caso británico es exagerado y que no hay para tanto. Insisto, no juzgo si hay para tanto o no; solo constato la diferencia de sensibilidad por aquello público entre una democracia tan antigua como la británica y una más joven, con menos prestigio y por lo tanto más débil como la española. Una democracia, la británica, que permite partidos de fútbol oficiales entre Inglaterra y Gales, que decide salir de la Unión Europea porque sus ciudadanos consideran que es lo mejor para el país y que cuando Escocia pide hacer un referéndum de independencia, en lugar de la policía, a Edimburgo manda al primer ministro para firmar el acuerdo político de aceptación del resultado.