No quiero enmendar la plana a ningún comentarista que se haya pronunciado, en los medios más diversos, sobre el auto que deniega el tercer grado a los presos políticos y presas políticas. Casi se ha dicho de todo, y algunas veces muy bien, desde el ámbito del derecho y de la política. Una de las primeras que, a mi parecer, acertó de lleno fue Maria Dolors Feliu i Torrent, abogada y profesora universitaria, que escribía un buen artículo con un muy buen título: "No en nombre del derecho". Después de argumentos jurídicos lo bastante sólidos, concluía: "sus trampas argumentales no engañan a nadie, señora y señores magistrados del Supremo. Efectivamente, no es derecho, es represión ideológica. Y la sentimos presente en todo momento. Ustedes pueden decir lo que quieran, y pueden vencer, como así pasa con la represión, pero no convencer".

Si se menciona la represión como hace Feliu i Torrent, y no se puede hacer en nombre del derecho como ella dice, en alguna medida se alerta sobre la salud mental de la comunidad. No sería la primera vez, aunque otros prefieren no entrar por este este camino, nada fácil, y apelan a la política. Así, por ejemplo Joan Queralt, escribe sobre el fin del recorrido jurídico de las sentencias del procés, y ve como a único camino transitable el político. "La Moncloa tiene ahora la pelota en su tejado", y eso "quiere decir que no tiene más remedio que promover una amnistía —o en su defecto un indulto total— o una reforma radical (no la que por ahora se filtra) del delito de sedición (y, de paso, del engendro que hoy es la malversación)". Y eso se publicaba sin esconder que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, hacía evidente el peligro de que gente inestable manipulara el Código penal. Por ejemplo, recuperando la ilegalidad para los referéndums no autorizados. Un delito de estos que sugieren que sería mucho mejor hacer pasar por el diván del psiquiatra a quien quiere de nuevo el referéndum en el Código penal cuando, de hecho, otro gobierno del PSOE que tenía una mejor salud mental, sobre todo a sus inicios, lo había derogado.

El problema es que el Tribunal Supremo se comporta más bien como un soberano atacado en su propia razón de ser

Michel Foucault en Microfísica del poder, nos da las claves de la supuesta coartada del Tribunal Supremo. Según Foucault, no es nada nuevo: funciona desde el siglo XVIII, y justifica que si se impone un castigo a alguien, ya no es para castigarlo por lo que haya hecho, sino para transformarlo. Así, ya no tiene ningún significado juzgar penalmente al reo y decirle: ahora se te cortará la cabeza, o pasarás años en la prisión, o sólo se te pondrá una multa porque has hecho eso y aquello. Si se suprime la idea de venganza, reservada en otros tiempos al soberano atacado en su soberanía por el crimen, la punición solamente puede tener significado en la tecnología de la reforma. Y los jueces, casi sin querer ni darse cuenta de ello, pasan poco a poco de un veredicto lleno de connotaciones punitivas a un veredicto que solamente se justifica, según dicen ellos mismos, si es "transformador".

Y llega la cuadratura del círculo. El problema es que el Tribunal Supremo se comporta más bien como un soberano atacado en su propia razón de ser. No suprime la venganza y evacua, por lo tanto, autos vengativos como las del 14 de octubre del 2019, y como la que niega el tercer grado para Bassa, Cuixart, Forcadell, Forn, Junqueras, Romeva, Rull, Sánchez y Turull. Autos que son una sarta de frases vacías, sin motivos ni argumentos creíbles, porque tienen que hacer ver que respetan la ideología de los presos y presas políticos, y al mismo tiempo, tienen que justificar su transformación.

En otros momentos de la historia, la lógica de los tiempos habría conducido a los presos a galeras, o peor. Ahora, es una venganza manifiesta que ni siquiera puede utilizar una psiquiatría dócil para justificarse. Más bien habría que recurrir a una psiquiatría lúcida. Y no para tratar a los condenados. Para intentar restablecer la salud mental (un intento que parece lo bastante difícil) de los que condenan.

Quizás así no harían en el auto que condena al "Sr. Cuixart" la falacia: "es evidente que quien no ha sido enjuiciado ni condenado por su ideología no está, de ninguna de las maneras, obligado a cambiarla". Haciendo gala de orates o cínicos, añaden: “Antes al contrario, su libertad ideológica está amparada, protegida y garantizada por esta Sala y, por supuesto, por la administración penitenciaria que ha asumido la ejecución de la pena. El interno cumple condena por haber desbordado el marco constitucional que impone el respeto a las resoluciones judiciales, por haber alentado en la ciudadanía el falso mensaje de que con su movilización haría posible impedir el cumplimiento de los actos jurisdiccionales que delimitan el espacio de convivencia democrática en nuestro sistema.”

¿Lo han leído? Es lo que yo decía: cuando se quiere parar la historia o se quiere vivir al margen, quizás conviene antes, aunque sea el Tribunal Supremo (o quizás por eso mismo), pasar por el diván de un buen psiquiatra.