Una flotilla internacional con destino a la Franja de Gaza avanza con el objetivo declarado de romper el bloqueo naval impuesto por Israel y entregar ayuda humanitaria a la población palestina atrapada en el conflicto. Esta misión, conocida como Global Sumud Flotilla, está formada por una cincuentena de embarcaciones con delegaciones de 45 países diferentes, y se encuentra ya a menos de 85 millas náuticas —157 kilómetros— de la costa del enclave. La tensión aumenta a medida que se acerca a su objetivo, ya que la emisora pública israelí Kan ha informado de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) preparan una operación para “tomar el control” de los barcos mediante el uso de comandos navales y unidades de guerra. A diferencia de otras ocasiones, sin embargo, Israel no tiene intención de remolcar las embarcaciones y, según Kan, algunas podrían ser hundidas directamente en el mar. Ante este escenario, los organizadores acusan al Estado hebreo de cometer crímenes de guerra y consideran que el bloqueo es ilegal según el derecho internacional. Pero, ¿el bloqueo de Israel es realmente ilegal, y si no, tiene derecho a interceptar la Flotilla Global Sumud?
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Israel impuso oficialmente el bloqueo naval a la Franja de Gaza en enero de 2009, en el contexto de su ofensiva contra Hamás, con el objetivo declarado de prevenir la entrada de armas y material militar en el territorio palestino. Desde entonces, ha mantenido esta medida de manera ininterrumpida y ha frustrado múltiples intentos de activistas internacionales de romperlo, incluyendo dos casos solo este año. El intento más conocido sigue siendo el del Mavi Marmara en 2010, cuando diez activistas turcos murieron en una operación de abordaje israelí en aguas internacionales, desencadenando una fuerte condena internacional. A pesar de la controversia generada por estos incidentes, los bloqueos navales están reconocidos como una herramienta legal de guerra en múltiples textos internacionales. Tienen base legal, entre otros, en el Manual de San Remo sobre el derecho internacional aplicable a los conflictos armados en el mar, un documento ampliamente aceptado, y también en la Declaración de Londres de 1909, que establece normas claras sobre los requisitos y límites de un bloqueo marítimo.
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Ahora bien, aunque el Manual de San Remo reconoce el bloqueo naval como una práctica legal en tiempos de guerra, también delimita claramente los límites. Una de sus cláusulas centrales establece que no se puede imponer un bloqueo con “el único propósito de matar de hambre a la población civil”, y que, en caso de que el territorio bloqueado no disponga de los recursos esenciales para sobrevivir, la parte bloqueadora tiene la obligación legal de permitir el acceso de alimentos y ayuda humanitaria. Además, el mismo texto estipula que un bloqueo queda prohibido si el sufrimiento impuesto a la población civil es “excesivo en relación con la ventaja militar concreta y directa” que se espera. Israel, sin embargo, argumenta que, a pesar de la guerra en curso, ha facilitado el ingreso de suministros básicos a través de los pasos fronterizos y sostiene que las condiciones humanitarias actuales en Gaza responden más a las acciones de Hamás y a la manipulación de la ayuda que a una política deliberada de hambre.
Derecho a desafío
Según un informe de Reuters, la Flotilla Global Sumud transporta aproximadamente 250 toneladas de ayuda humanitaria destinada a la Franja de Gaza, con el objetivo de contribuir a aliviar la grave crisis que sufre la población civil. No obstante, la misión va más allá de la asistencia material, ya que sus organizadores han dejado claro que también es un acto de protesta política contra el bloqueo naval impuesto por Israel. “Estas embarcaciones no solo traen ayuda; traen un mensaje: el asedio debe acabar”, han afirmado. En este sentido, los tripulantes denuncian que el bloqueo forma parte de una estrategia deliberada para matar de hambre a la población de Gaza, una práctica que consideran contraria a los principios básicos del derecho internacional. Según los organizadores, esta política vulnera las disposiciones de los Convenios de Ginebra, especialmente en lo que respecta a la prohibición del castigo colectivo, y convierte el bloqueo en una medida ilegal. Por ello, sostienen que tienen derecho a desafiarlo y romperlo mediante una acción civil y humanitaria.