El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha anulado este viernes los aranceles que Donald Trump había impuesto a una larga lista de países acogiéndose a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). La decisión judicial supone un golpe de gran alcance para el presidente estadounidense al declarar ilegal uno de los ejes centrales de su guerra comercial. Con una mayoría de 6 a 3, el alto tribunal —de composición mayoritariamente conservadora— ha confirmado el criterio de una instancia inferior y ha concluido que el uso de una norma pensada para situaciones de emergencia nacional excedía las competencias presidenciales. La sentencia marca el primer gran revés judicial del segundo mandato de Trump, después de una etapa inicial en la que el Supremo había avalado otros puntos clave de su agenda. La decisión, sin embargo, no se entiende sin poner nombres y apellidos a la mayoría y al bloque disidente de la corte.
John Roberts
Al frente del Tribunal Supremo desde 2005, después de ser propuesto por George Bush hijo, John Roberts es una de las figuras centrales del conservadurismo institucionalista y a menudo actúa como bisagra entre las dos almas ideológicas del tribunal. Criado en Indiana, estudió en un internado y los veranos trabajaba en una fábrica de acero, un origen que contrasta con el perfil elitista habitual del Supremo. Es el tercer presidente más joven de la historia del tribunal y se ha distinguido por una concepción formalista del papel judicial y por la defensa estricta de la separación de poderes. Este enfoque ya se evidenció en 2012, cuando votó con el bloque progresista para avalar el núcleo del Affordable Care Act de Barack Obama. En la resolución sobre los aranceles, ha votado a favor de anularlos al asegurar que la función del tribunal es aplicar el artículo III de la Constitución, concluyendo que “la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles”.
Clarence Thomas
Clarence Thomas, el magistrado más veterano del Tribunal Supremo y miembro de la corte desde 1991 tras ser designado también por Bush, se ha posicionado en el bloque contrario a la ilegalización de los aranceles. Referente del ala conservadora más ideológica, trabajó en el gobierno de Missouri y en Washington antes de asumir la presidencia de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, una agencia que responde a las denuncias por discriminación en el trabajo. Su llegada al Supremo estuvo marcada por una audiencia de confirmación especialmente dura, con acusaciones de acoso sexual por parte de una exempleada, y fue confirmado por un margen muy ajustado con solo 43 años.
Sonia Sotomayor
Forma parte del tribunal desde 2009, cuando fue incorporada a propuesta de Obama, y se ha distinguido por una defensa constante de los derechos civiles y de las minorías, así como por una interpretación de la Constitución atenta al impacto social de las decisiones judiciales. A menudo autora de disensos contundentes en casos sobre inmigración, derechos electorales o la pena de muerte, ha insistido reiteradamente en la importancia de los contrapesos institucionales, una idea que encaja con su voto a favor de anular los aranceles de Trump. Además, es una de las magistradas con más proyección pública. Sus memorias entraron en la lista de más vendidos del New York Times y hasta apareció dos veces en Barrio Sésamo.
Neil Gorsuch
Neil Gorsuch, incorporado al Tribunal Supremo en 2017 tras ser designado por Trump, fue recibido con entusiasmo por los conservadores, que lo ven como un defensor de una interpretación estricta de la ley. Graduado en la Facultad de Derecho de Harvard, donde coincidió en clase con Obama, el magistrado se ha proyectado como una figura de coherencia metodológica dentro del bloque conservador. En el caso de los aranceles, a pesar de haber sido nombrado por el magnate, ha votado a favor de la ilegalización e incluso ha publicado una opinión separada centrada en el papel del Congreso. “A través de este proceso [la sentencia], la nación puede aprovechar la sabiduría combinada de los representantes electos del pueblo, no solo la de una facción u hombre”, ha escrito, en una defensa explícita de la separación de poderes.
Amy Coney Barrett
Llegó al Tribunal Supremo en 2020, en los últimos meses del primer mandato de Trump, y en la sentencia sobre los aranceles también se ha alineado con la mayoría, votando a favor de la ilegalización. A pesar de ser una de las tres designaciones del actual presidente, su posición se enmarca en la importancia que otorga a la separación de poderes y en su perfil como defensora del textualismo, es decir, la idea de que los jueces deben aplicar la ley tal como está escrita. Esta visión ya la reivindicó en su discurso de aceptación en la Casa Blanca: “Los jueces no son responsables políticos y deben estar decididos a dejar de lado cualquier punto de vista político que puedan tener”. Nacida en una familia devotamente católica y madre de siete hijos, Barrett se ha convertido en una figura popular entre la derecha religiosa por sus posicionamientos previos sobre el aborto y el matrimonio homosexual, al tiempo que ha provocado una oposición especialmente vehemente en la izquierda estadounidense. De hecho, durante su nominación se hizo popular la serie El cuento de la criada como símbolo de protesta, dado su vínculo con un grupo patriarcal ultrareligioso llamado People of Praise.
Brett Kavanaugh
Miembro del Tribunal Supremo desde 2018 tras ser nominado por Trump, Brett Kavanaugh forma parte del bloque minoritario contrario a la ilegalización de los aranceles. Su llegada a la corte vino precedida de uno de los procesos de confirmación más controvertidos de los últimos años, marcado por acusaciones de conducta sexual inapropiada en los ochenta. Tras una audiencia en la que una de sus acusadoras ofreció un testimonio dramático del presunto incidente y en la que Kavanaugh defendió ferozmente su inocencia, el Senado lo aprobó por un margen muy ajustado de 50 a 48. Disfruta de una larga trayectoria dentro de la administración republicana, incluyendo su paso como asesor de la Casa Blanca durante el mandato de Bush. Algunos demócratas y sectores progresistas se han opuesto a su perfil por sus posiciones en ámbitos como el aborto, el medio ambiente o el derecho a las armas.
Elena Kagan
Elena Kagan, jueza del Tribunal Supremo desde 2010 después de ser propuesta por Obama, forma parte del núcleo duro del bloque progresista y es una de las figuras con más peso intelectual dentro de la corte. Es la primera persona en décadas que llegó al Supremo sin haber ejercido previamente como jueza, tras una trayectoria marcada por su paso como primera decana de la Facultad de Derecho de Harvard y, posteriormente, como procuradora general de Estados Unidos, la máxima representante del gobierno federal ante el Alto Tribunal. Ocupó su lugar en el banquillo con 50 años, hecho que la proyecta como una influencia de largo recorrido dentro de la institución. En la sentencia sobre los aranceles, se ha alineado con la mayoría al considerar que la IEEPA no permitía a Trump imponer medidas comerciales de esta magnitud sin el aval del Congreso.
Samuel Alito
Criado en Nueva Jersey en una familia de inmigrantes italianos, trabajó como fiscal del mismo estado federado y sirvió en la administración Reagan en el Departamento de Justicia. A pesar de mantener un perfil público bajo, Alito ha sido una pieza importante del giro a la derecha del tribunal en ámbitos como los asuntos empresariales, la financiación de campañas y determinadas cuestiones raciales durante la última década. En el caso de los aranceles, se ha posicionado a favor de Trump y ha votado en contra de la sentencia.
Ketanji Brown Jackson
Incorporada al Tribunal Supremo en 2022 tras ser designada por Joe Biden, Ketanji Brown Jackson es la primera mujer afroamericana que ha formado parte en los 233 años de historia de la institución. Graduada en Harvard, destaca por una trayectoria poco habitual entre los magistrados del tribunal, con una amplia experiencia como abogada defensora pública. Esta experiencia ha sido utilizada por sectores conservadores para acusarla de ser “blanda con los criminales”, especialmente por su tendencia a imponer penas por debajo de las directrices federales en algunos casos cuando era jueza de distrito. Su confirmación llegó después de que Biden se comprometiera a nombrar a una mujer negra en el Supremo. En la sentencia sobre los aranceles, ha votado con la mayoría.