Cuando Keira Alexandra Kronvold dio a luz a su hija Zammi el pasado noviembre, solo tuvo dos horas con ella antes de que los servicios sociales se la llevaran. “Solo contaba los minutos”, recuerda y explica a la BBC con lágrimas en los ojos. “Cuando llegó el momento de dejarla, lloré sin parar, le decía ‘perdón’ y sentía como si una parte de mi alma muriera”. Keira, de 39 años, es una de las muchas familias groenlandesas que viven en Dinamarca y que luchan por recuperar a sus hijos después de que estos fueran arrebatados a raíz de tests de competencias parentales conocidos como FKU (Forældrekompetenceundersøgelse). Se trata de un test psicológico y social que las autoridades danesas utilizaban para evaluar si un padre o madre tenía las "capacidades necesarias" para cuidar de un hijo. En principio, sin embargo, el gobierno danés acordó eliminar el uso de estos tests para las familias groenlandesas en marzo de 2025.
Los FKU son pruebas complejas que pueden durar meses e incluyen entrevistas, tareas cognitivas, cuestionarios de conocimientos generales y tests de personalidad y emoción. Los defensores sostienen que aportan objetividad. Pero los críticos, incluidas organizaciones de derechos humanos, denuncian que no predicen realmente la capacidad parental y que están diseñados según normas culturales danesas, administrados en danés y no en groenlandés, lengua materna de muchos groenlandeses. Esta disparidad cultural y lingüística puede dar lugar a falsas conclusiones, destaca el The Guardian. Un informe de 2022 del Danish Institute for Human Rights revelaba que el 5,6 % de los niños con origen groenlandés que viven en Dinamarca estaban en acogida, mientras que solo el 1 % de los niños de origen danés lo estaban, una diferencia que pone de relieve la sobrerrepresentación de niños inuit en procesos de retirada.
FKU: ¿herramienta discriminatoria?
Este desequilibrio ha alimentado la percepción de que los tests FKU eran una herramienta discriminatoria y culturalmente inapropiada para familias groenlandesas. Decenas de casos se han hecho públicos. En 2025, otra madre groenlandesa, Ivana Nikoline Brønlund, denunció que le retiraron a su niña solo una hora después del parto, a pesar de que los FKU habían sido oficialmente prohibidos para familias groenlandesas meses antes, destaca el mismo diario británico.
Los argumentos de las familias afectadas no son solo personales. Según psicólogos que han trabajado con estos tests, como Isak C. Nellemann, los FKU miden aptitudes cognitivas y emocionales con referencias culturales occidentales, lo que puede penalizar sistemáticamente a personas de entornos inuits por motivos ajenos a su capacidad real de ser padres. “Es casi imposible aprobarlos”, afirma Nellemann, y denuncia la estigmatización que supone considerar que la comunicación inuit –más silenciosa, gestual o no verbal– es inferior o “incivilizada”. En el caso de Keira, una evaluación de 2024, realizada mientras estaba embarazada, concluyó que no tenía “suficientes competencias parentales”. Según su abogada, la decisión se basó en gran parte en este test, sin traducción ni ajuste cultural, y sin ofrecerle apoyo ni alternativas reales para conservar a su hija, destaca la BBC.
El devastador impacto psicológico
El impacto psicológico y social es devastador. Familias que pierden a bebés, niños pequeños e incluso adolescentes. Familias que ven cómo el sistema juzga su cultura, su lengua y sus formas de crianza como “inferiores” o “inadecuadas”. Y niños que crecen fuera de su entorno, su lengua materna, su identidad cultural. Este es un fenómeno que muchos defienden que constituye una forma de racismo institucional y de neocolonialismo social, destaca el portal Mondo Internazionale.
La revelación pública del caso de Keira en 2024 provocó protestas tanto en Copenhague como en Nuuk, capital de Groenlandia. El gobierno groenlandés presionó con fuerza para eliminar los tests; y por fin en enero de 2025, las autoridades danesas anunciaron la abolición de los FKU para familias groenlandesas, y la creación de una unidad especial con conocimiento de lengua y cultura inuit para revisar todos los casos sospechosos, según la agencia de noticias turca Anadolu.
El temor de nuevas separaciones
Aun así, muchos casos todavía están pendientes de revisión, las familias continúan esperando y el miedo a nuevas separaciones persiste. Keira todavía puede ver a su hija una vez por semana, pero no tiene garantías de poder recuperarla. Y para muchos otros padres y madres, la justicia es lenta y la herida no cicatriza. Más allá de la denuncia, lo que se ha desencadenado es una demanda de reparación, de identidad y de reconocimiento. Las familias groenlandesas quieren que se respeten sus formas de vida, que se valore su cultura y que no se les apliquen criterios ajenos como universales. Este caso, tan duro como injusto, ha encendido la alarma sobre cómo los estados pueden vulnerar derechos fundamentales bajo la manga aparente del “bienestar infantil”.